Por: Iván Bohórquez Zapata*
A tener siempre buenos y mejores gobiernos aspiramos y esperamos todos como individuos y colectividad, en el entendido cierto que buen gobierno traduce en voces de estudiosos de la asignatura, acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos la preservación del medio ambiente, y la protección a la ciudadanía y comunidad en general; y, mejor gobierno, la práctica de ese buen gobierno que busca mejores organizaciones, eficiencia de los recursos públicos y procesos de gestión, atracción y promoción de talento humano con excelencia para el servicio público y una mayor transparencia que allane los caminos en la búsqueda y consolidación de la confianza de los asociados en sus instituciones.
Buenos y mejores gobiernos, se ha dicho siempre, son los que se constituyen en sustento de las sociedades democráticas e incluyentes en las que el ciudadano y sus derechos son la prioridad del Estado. Aquellos en los cuales las organizaciones públicas logran los efectos esperados de su misión, entre las que se encuentran las asignaciones eficientes, las respuestas a las necesidades y demandas del ciudadano, los que mitigan las fallas del mercado y promocionan la equidad. Aquellos que planean y ejecutan sus recursos de manera eficiente, eficaz y transparente. Los que adelantan una administración cercana al ciudadano, los que operan de manera armónica y articulada en sus distintos niveles de gobierno a través de servidores íntegros y comprometidos, para cumplir así lo que han prometido y rendir cuentas exactas sobre lo que hacen.
La variable dependiente de los buenos y mejores gobiernos son, ante todo, el bienestar humano, No pueden definirse ellos sólo en términos de qué hacen, sino de cómo lo hacen, de la necesidad de superar retos relativistas sin pretender superioridades etnocéntricas, al tiempo de hacer claridad en que su calidad no puede estar sólo en la implementación imparcial de las decisiones.
Fundamental igualmente en esto de los buenos y mejores gobiernos, es tener en cuenta que los principios de igualdad e imparcialidad los determinan; y, que, en las distintas fases del ciclo de las políticas y elaboración de las leyes, deben articularse herramientas y mecanismos que los materialicen, debiendo desarrollarse y consolidarse institucionalmente, como una estrategia clave para garantizar la integridad de la Administración Pública e impedir a todo trance el avance de la corrupción y demás otros flagelos perversos, perniciosos y perturbadores de las cosas mejores que deben darse en beneficio de los intereses superiores de la comunidad.
*Iván Bohórquez Zapata. ibozap@yahoo.es Administrador Público. Especializado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. @ivnBohorquez1
