Por: José Manuel Herrera Brito
La anticorrupción es el conjunto de acciones, estrategias y programas que se implementan para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, se aplica en los ámbitos político, económico y administrativo. Su objetivo es evitar o disminuir la corrupción y sus consecuencias, siendo algunas de las acciones de la anticorrupción, identificar sus causas, diseñar instrumentos para orientar a los funcionarios públicos, evaluar las operaciones que requieren transparencia, intervenir y combatir los incentivos que llevan a la corrupción, plantear soluciones desde el ámbito jurídico, político o económico, fomentar la participación de todos los miembros de la organización; ejemplo de ello es la Ley 1474 de 2011, que en Colombia busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. Buen gobierno, es la forma en que se ejerce el poder en un país, de manera que se cumplan los derechos humanos y se priorice el interés general y se caracteriza por la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas, participación de la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos fundamentales; mismo que también se puede definir como la capacidad de las instituciones públicas de gestionar los recursos comunes y dirigir los asuntos públicos.
Anticorrupción y buen Gobierno deben ser componentes indispensables de consulta, investigación y sanción de las malas prácticas, ser parte de una estrategia nacional en el combate a la corrupción en vía a consolidar al interior de nuestra sociedad mexicana y núcleo de las dependencias que es en donde, por desgracia, muchas son las acciones que no han logrado concretarse en favor de tener un mejor servicio público. Buscarse debe a este tenor, tener un enfoque más preventivo que correctivo, evitar que se cometan los actos de corrupción, lo que liberaría muchos recursos, ya que no solo es sancionar, sino evitar que se realicen. Es implantar e implementar un modelo de prevención y combate a la corrupción de los funcionarios públicos que blinde los programas todos, enseñe de ética e integridad a los servidores públicos y de lo inherente a modernizar la administración pública para inhibir los actos que fomenten la cultura de la ilegalidad.
Es en este punto, el del planteamiento del problema, que buen y mejor se deben establecer sugerencias innovadoras respecto al adecuado tratamiento del problema que por generaciones se ha enquistado en el aparato burocrático nacional y que, a pesar de numerosos esfuerzos, no ha conseguido transformar profundamente estas malas prácticas. Es resignificar los esfuerzos, estudiar, escuchar, proponer, revisar lo hecho para redimir lo que mal y pero funciona al respecto.
La anticorrupción debe ser transversal a toda la administración pública en todos los órdenes de gobierno, trabajarse con la sociedad, alentarla a denunciar con más confianza; lo mismo que con los servidores públicos y el sector privado para tratar de conjuntar lo que tiene que ser más que una estrategia, una nueva cultura del monitoreo y la vigilancia del cumplimiento irrestricto de la adecuada actuación de los servidores públicos. Tener superior percepción, más alcance, amplia supervisión e integral participación de las otras dependencias gubernamentales, a efecto que se pueda interceder en todas las funciones internas de cualquier ente de la Administración Pública, lo que debe ser respaldado por la ley y tener sustento jurídico y procedimental, a fin que se pueda judicializar cualquier acción que pueda llevarse a cabo en lo sucesivo y no solamente limitarlo a lo administrativo.
Interesa fortalecer la cultura de la denuncia y la observancia permanente en la actuación de los servidores públicos, dado lo cual a partir de la formación permanente y constante de la ética y los valores formativos que cualquier miembro del sector público debe tener en el país, con el propósito de implementarlos en su quehacer diario en favor de la ciudadanía. Es traducirlo en hechos cuantificables, medibles, que los procesos diarios de los servidores públicos se enfoquen no solo a la atención ciudadana, sino en áreas sensibles como la de administración y finanzas, lo que permitirá alcanzar resultados sustanciales y profundamente eficientes que ayudarían a resignificar y construir un nuevo mapa de procesos internos al interior de todas las dependencias que conforman el aparato público.
Se trata de ir tras la obtención de una mejor trazabilidad en tiempo real, de cuáles y cuántos fueron los agentes que intervinieron en el proceso, analizado y acortando los tiempos para que la autoridad, o en su caso los órganos de control interno. se disparen con inmediatez alertas de seguridad contra los infractores y se hagan las diligencias correspondientes según el caso. Debe ser lo inherente a la anticorrupción, soporte definitivo para apuntalar buenos gobiernos, con el fin de ser un componente indispensable de consulta, edición y por supuesto, investigación y sanción de las malas prácticas de los servidores públicos, pero, sobre todo, que se logre prevenir y transformar de manera sustancial la cultura administrativa de las unidades territoriales. saramara7@gmail.com
