Por: Blaicer Moreno Córdoba*

Prioridad fundamental debe y tiene que ser para todos los pueblos y para todos los efectos, el combate a la corrupción. Las comunidades son víctimas de los graves daños que este problema les causa, debilita la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, propicia el desapego a la ley y a las reglas de equidad e igualdad de oportunidades, y erosiona recursos indispensables para superar pobreza y desigualdad, en lo que importan medidas preventivas y represivas, cuya implementación involucre gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidad toda, de donde resulten recomendaciones específicas para mejorar instituciones y marcos jurídicos para el efectivo combate contra la corrupción en los que se encuentren definidos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión pública y acceso a la información, la prevención de conflictos de intereses y la preservación de recursos públicos.

Interesante sobremanera en esto, analizar la contratación estatal, la vinculación de servidores públicos y sus sistemas de declaración patrimonial, la tipificación de actos de corrupción tales como el enriquecimiento ilícito, y el funcionamiento de los órganos de control superior a cargo de la prevención, investigación y sanción de tales actos, camino a formular recomendaciones, entre las que destaquen las relativas al fortalecimiento de la implementación de normas y sistemas para reglamentar y prevenir los conflictos de intereses; y la optimización de la verificación y publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; al igual que la adopción de medidas para promover denuncias de corrupción.

Gobierno abierto, transparencia y combate a la corrupción van de la mano con la búsqueda de soluciones al hambre, ya que resulta a todas luces inconcebible que lo cual afecte a miles de ciudadanos en pleno Siglo XXI y que aún tengamos que convivir con la desnutrición infantil; menos cuando con las herramientas tecnológicas con que contamos como humanidad, bien podemos ser capaces de derrotar el hambre de una buena vez por todas y hacer posible la seguridad alimentaria para el adecuado desarrollo de niños y adultos.

En la medida que seamos capaces de adelantar políticas eficaces contra la corrupción y podamos asegurar los recursos para invertir en tecnología y educación, el desarrollo sostenible de nuestras comunidades va a dejar de ser una utopía inalcanzable, y la derrota del hambre una realidad. No podemos patrocinar más desigualdades, obligados estamos a superar las inequidades, e ir tras políticas de consenso que generen más temprano que tarde y más pronto que después, soluciones concretas en contexto de desarrollo, transparencia y participación. La transparencia gubernamental y la participación de todos los actores políticos y sociales es lo único que puede garantizar el camino hacia un desarrollo inclusivo, y ayudar a conquistar más derechos para más gente.

Blaicer Moreno Córdoba. amerlyng@gmail.com Administrador de Empresas. Especializado en Proyectos de Desarrollo. Asesor y Consultor Político y Empresarial