POR: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ
La primera incógnita política de una nación es el conocimiento de su realidad, postulaba Faustino Sarmiento en la Argentina del siglo pasado.
Referir a esta expresión frente a las condiciones que padecen hoy los colombianos, y que conlleva a que de todos los rincones salga un anhelo buscando de manera integral liberación y oportunidades, aparece con la urgencia de una tarea histórica, que la acogen civiles liderados por los jóvenes en movimientos sociales independentista, sacerdotes, grupos organizados, centrales obreras, sectores académicos y docentes, dirigentes políticos independientes de centroizquierda, amas de casa, y en general diferentes sectores del país; que gravemente afectados por la pérdida de sus empleos a consecuencia de la pandemia del coronavirus y la falta de generación de ingresos, claman por una oportunidad.
Plantear el problema colombiano desde esta perspectiva, desafía la vocación de claridad que todo ciudadano experimenta frente a su capacidad de ser libre, digno y honesto para plantearlo, considerando que el concepto de problemas que afectan a una nación, no es claro por si mismo, ya que la experiencia enseña que en el caso de nuestro país, generalmente se han suscitado situaciones complejas a las que casi siempre se les dan soluciones, con acuerdos parciales y transitorios que terminan generando con el paso del tiempo consecuencias o efectos peores.
Las apremiantes necesidades del pueblo colombiano, nunca resueltas o resueltas a medias, han terminado ocasionando en casi todo el país fenómenos sociales paralizantes que conllevaron a considerar a diferentes actores y sectores, sobre todo la juventud, con fundada razón, que la actual estructura del Estado esta de espaladas frente a ellos; pues sus requerimientos, reiterados desde diferentes trincheras, no son escuchadas ni atendidos por un gobierno e instituciones que actúa con cierta sorna e indiferencia frente a los ciudadanos, constituyéndose esta en la principal causa de protesta nacional.
A lo anterior debe agregarse que los políticos de turno agenciados en el congreso de la republica por muchos años, legislan casi siempre sin consideración a las demandas de sus conciudadanos, porque prefieren hacer eco y responder sumisamente a la defensa de los intereses de una sociedad clasistas y elitista, beneficiaria de las prebendas que les brindan el sistema a través de los gobiernos de turno.
En todos los países del mundo, y Colombia no es la excepción, todo problema es dificultoso, en tanto sus soluciones, ya que le es propia y consecuencial por los diferentes factores en que se componen, exigiendo para su solución la síntesis comprensiva que los causan por parte del gobierno y la adecuada interpretación de los diferentes actores involucrados e intervinientes.
De esta manera las mayorías integradas en los sindicatos, sectores sociales y jóvenes sin oportunidades de educación y trabajo, campesinos sin tierra y créditos para trabajarla, la falta de vías para sacar y comercializar sus productos, aldeanos desplazados por la violencia de actores armados, en connivencia muchas veces con autoridades legales, y mujeres madres cabeza de familia asediadas por las diarias urgencias; terminan formulando “peticiones respetuosas”, no escuchadas ni atendidas generalmente por los gobiernos locales, regional o nacional, convirtiéndose en la estrategia ideal por parte de los politiqueros de turno, que cual lobo hambriento aprovechan para la pesca de votos que les permita acceder o mantenerse en las instancias de poder, en beneficio propio, de sus familias y amigos.
Frente a este panorama y a falta de planificación institucional que facilite la formulación de políticas públicas con planes, programas y proyectos para llevar soluciones integrales a los habitantes y regiones marginales, surge como solución inmediatista el asistencialismo bajo el ropaje de unos pírricos subsidios para las familias más pobres, que terminan siendo generadores de distracción y dependencia por parte de los beneficiarios; que guiados por los gobiernos de turno les terminan cambiando su vocación de trabajo para hacerse a los “regalos económicos”, que en apariencia les ayude a aliviar su situación.
Tan monumental deformación del deber de solidaridad usurpa las funciones al Estado, al cual se pretende quitar obligaciones que le corresponden de manera directa, como la eficiente dirección, promoción e impulso de políticas desde el gobierno y el Congreso, que faciliten la creación de apropiada legislación que se oriente a incentivar la voluntad de inversionistas privados a través de políticas fiscales claras y atractivas, que ancladas en la seguridad jurídica promuevan dinámicas empresariales generadoras de empleo en todo el país.
Sin embargo, clarificar la problemática colombiana y buscarle soluciones a partir del dialogo y la concertación, no es un ideal del actual gobierno nacional para buscar y encontrar soluciones de fondo, porque considera que su política de distracción, dilación y artificios, parte por cierto del problema mismo, a cambio de mantener “pan y circo” para los amigos y aliados políticos; desconociendo que la tupida selva de problemas como la falta de educación para amplios sectores de la población, altos índices de desempleo, éxodo permanente de campesinos a las ciudades por la violencia, delincuencia común desbordada, cultivos ilícitos y narcotráfico creciente, minería ilegal y aumento de la destrucción de los bosques con la consabida contaminación de ríos, cuencas y microcuencas, se hacen cada vez más agudos y generadores de la crisis social que estamos padeciendo en el país desde el 28 de abril de 2021.
El gobierno nacional desconociendo esta realidad e indiferente frente a las expresiones soberanas de los ciudadanos, minimiza la situación limitando el problema a los miembros del comité del paro nacional o a los jóvenes de la denominada primera línea, a los que ignora haciendo irresolubles las propuestas formuladas porque sus términos y condiciones no están correctamente planteados; generando confusión, angustia y caos a nivel de la población que desorientada frente a un débil gobierno y la institucionalidad, considera que no hay nada que hacer para solucionar los múltiples problemas que aquejan a la nación.
Si bien es cierto, la nación afronta hoy un oscuro panorama que se debate en la existencia de dos países, uno en lo geográfico conformado por las numerosas regiones, micro – regiones y pueblos, que los repliegues andinos se complacen en diseñar desde la institucionalidad de Bogotá, y el otro definido por lo antropológico y diversidad de sus habitantes, conocido como el país nacional, que dan origen a la conformación de una sociedad que convive en un dualismo económico precedido por la opulencia representada por la modernidad; mientras que el otro sufre los rigores ancestrales dejados por los saqueadores “conquistadores”, la violencia de la guerra interna, el narcotráfico y más recientemente la pandemia del coronavirus – COVID – 19.
Los integrantes de esta última Colombia son aquellos que, perturbados en todos los componentes de la vida por los estragos de la pandemia y los asechos económicos, debido a que el gobierno nacional no los escucha, salen desesperados a marchar y protestar como única alternativa para encontrar la esperada solución a sus problemas personales, de sus familias y de una sociedad frustrada y sin esperanza.
Como colofón de fondo debemos destacar que la ambivalencia del gobierno nacional arroja una visión oscura, que propicia el escenario para que los ciudadanos desoigan a la autoridad legítimamente instituida, dando pie al reclutamiento por parte de los grupos emergentes, la delincuencia común y el creciente narcotráfico, actividad que termino cooptando y agenciando su accionar en casi todo el país, con incremento de sus finanzas y patrimonio desde la periferia al centro; que mimetizado muchas veces en un sistema financiero lazo y ambicioso, trasciende las diferentes esferas del Estado.
Las consideraciones que preceden nos conducen directamente a preguntar, ¿si más allá de la limitada presencia y participación de los infiltrados en las marchas durante el paro nacional, que se entienden reprochables, son los marchantes ciudadanos de a pie y mayoritarios con derechos?, en un Estado que entendido como la integración de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que no el gobierno de turno, con sus decisiones timoratas y restrictivas, buscan soluciones urgentes de manera consciente para toda la población.
El dialogo, mas no conversatorio insulsos y dilatorios debe imponerse como argumento válido y forma civilizada de afrontar y encontrar solución a los conflictos que aquejan al país. El gobierno nacional es el gerente de la administración central y garante de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la constitución política de Colombia; el manifiesto intento de sindicar e imputar penal a los miembros de la sociedad civil por las protestas sociales frente a la crisis que vive el país, debe limitarse a aquellas personas que con su accionar causan el caos y generan daños a las personas y entidades públicas y privadas; actuar en contravía compromete y excluye los derechos de las mayorías que deben integrarse y armonizarse en pro del desarrollo nacional, sin distingo de partidos políticos.
