Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

Hay momentos en la historia de las naciones en los que las elecciones dejan de ser una simple competencia entre candidatos para convertirse en un juicio sobre las instituciones mismas. Son coyunturas excepcionales en las que la discusión pública parece concentrarse en nombres, partidos y programas, cuando en realidad la cuestión decisiva se encuentra varios niveles por encima de la lucha política cotidiana. Todo indica que Colombia se aproxima a uno de esos momentos.

A primera vista, el próximo 21 de mayo de 2026 los colombianos acudiremos nuevamente a las urnas para elegir un Presidente de la República; sin embargo, esa descripción, aunque formalmente correcta, resulta insuficiente para comprender la dimensión del debate que se avecina. Lo que realmente estará en juego no será únicamente la identidad del próximo jefe de Estado, sino la concepción misma del poder político que habrá de prevalecer en los años venideros. En otras palabras, más que elegir un gobernante, el país estará llamado a decidir qué tipo de régimen desea preservar o construir.

La pregunta puede parecer excesiva; después de todo, las instituciones permanecen en funcionamiento, las elecciones continúan celebrándose y el orden constitucional conserva su vigencia formal; pero, precisamente allí reside una de las lecciones más importantes que ha dejado la experiencia política contemporánea. Las democracias modernas rara vez desaparecen mediante rupturas abruptas o golpes espectaculares contra el orden jurídico; su deterioro suele producirse de manera gradual, casi imperceptible, mediante un proceso de erosión que conserva las formas mientras modifica progresivamente las sustancias.

Durante buena parte del siglo XX se creyó que la principal amenaza para la democracia provenía de quienes pretendían abolirla abiertamente. La historia reciente ha demostrado algo distinto; los riesgos más serios para las instituciones libres suelen surgir desde el interior mismo de los sistemas democráticos. No llegan necesariamente envueltos en discursos contra la Constitución; por el contrario, suelen invocarla. No se presentan como adversarios de la democracia; afirman representarla en su expresión más auténtica. No buscan inicialmente destruir las instituciones; procuran subordinarlas.

Es en ese punto donde aparece la diferencia fundamental entre dos concepciones opuestas del poder. La primera, heredera de la tradición republicana y del constitucionalismo liberal, sostiene que toda autoridad necesita límites efectivos; considera que las cortes, los órganos de control, la prensa independiente, la oposición política y las reglas constitucionales no son obstáculos para la democracia, sino condiciones indispensables para su existencia. La segunda entiende que la legitimidad derivada de las urnas posee una fuerza superior que autoriza a remover aquellos controles cuando dificultan la ejecución de un determinado proyecto político.

La tensión entre estas dos visiones constituye, en esencia, la gran discusión política de nuestro tiempo.

Desde Montesquieu hasta nuestros días, la teoría constitucional ha partido de una premisa elemental: el problema central de la política no consiste en determinar quién debe gobernar, sino en impedir que quien gobierna pueda hacerlo sin restricciones. La libertad de los ciudadanos nunca ha dependido exclusivamente de la virtud de sus gobernantes. Ha dependido, sobre todo, de la existencia de instituciones capaces de contenerlos. El constitucionalismo nació precisamente de esa desconfianza frente a la concentración del poder; no porque todos los gobernantes sean tiranos, sino porque ninguna sociedad libre puede permitirse depender de la eventual bondad de quienes ejercen autoridad.

La Constitución de 1991 fue concebida bajo esa lógica. Sus arquitectos comprendieron que la dispersión del poder constituye una garantía de libertad mucho más sólida que cualquier promesa política; por ello fortalecieron la jurisdicción constitucional, multiplicaron los mecanismos de control, ampliaron los espacios de participación y diseñaron un complejo sistema de pesos y contrapesos destinado a evitar que una sola voluntad pudiera imponerse sobre el conjunto de la institucionalidad republicana.

Sin embargo, las constituciones no sobreviven únicamente por la fuerza de sus textos; su permanencia depende de una convicción colectiva acerca de la necesidad de preservar los límites al poder. Cuando una sociedad comienza a percibir esos límites como simples obstáculos para la realización de determinados objetivos políticos, el terreno queda abonado para una transformación mucho más profunda de la que normalmente se advierte.

Las experiencias internacionales ofrecen abundantes ejemplos. Gobiernos elegidos democráticamente han terminado debilitando gradualmente las instituciones encargadas de controlarlos. En todos los casos el argumento ha sido semejante: la voluntad popular, expresada en las urnas, no debería encontrar barreras en órganos que carecen de legitimidad electoral directa. Bajo esa premisa, los tribunales son presentados como enemigos de las reformas, los órganos de control como enclaves burocráticos, la prensa crítica como una fuerza desestabilizadora y la oposición como un actor ilegítimo. El resultado suele ser una progresiva concentración de poder revestida de legalidad.

Ninguno de estos procesos ocurre de manera repentina; por el contrario, avanzan paso a paso, aprovechando el cansancio ciudadano frente a las dificultades económicas, las frustraciones sociales y la desconfianza hacia las élites tradicionales. La promesa de soluciones rápidas suele venir acompañada de una creciente impaciencia frente a las restricciones institucionales. Es entonces cuando comienza a consolidarse la idea de que los controles democráticos son menos importantes que los resultados políticos.

Pero una república deja de ser república precisamente cuando los límites al poder dejan de considerarse esenciales.

La historia enseña que las libertades no desaparecen cuando los gobernantes adquieren demasiado poder; desaparecen cuando los ciudadanos dejan de percibir como peligroso que lo adquieran. Ninguna causa política, por noble que se proclame; ninguna ideología, por justa que parezca; ningún liderazgo, por popular que resulte, puede sustituir la necesidad de instituciones independientes capaces de ejercer control.

Por eso la elección presidencial de 2026 trasciende la habitual alternancia entre gobiernos. Lo que se decidirá no será únicamente la orientación política de la próxima administración; lo que estará en discusión será la vigencia de una determinada concepción de la democracia, aquella que entiende el poder como una autoridad jurídicamente limitada o aquella que aspira a conferirle una legitimidad suficiente para emanciparlo progresivamente de sus controles.

Las campañas hablarán de candidatos; los discursos hablarán de programas; los debates hablarán de promesas; pero por debajo de esa superficie transcurrirá una deliberación mucho más trascendente. Al final, los colombianos no estarán resolviendo únicamente quién ocupará la Presidencia de la República; estarán definiendo qué relación desean mantener con el poder y qué lugar ocuparán las instituciones dentro de la vida nacional.

En apariencia será una elección presidencial; en realidad, será una decisión sobre el sistema de gobierno que habrá de acompañar a Colombia durante las próximas décadas.

Y no hay que dudarlo, cuando llegue la hora de las urnas, Colombia no estará resolviendo simplemente quién ocupará la Presidencia de la República; estará respondiendo una pregunta mucho más antigua y mucho más profunda: si el poder seguirá siendo un huésped sometido a la Constitución o si la Constitución terminará convertida en huésped del poder. 

*Abogado. Escritor. Analista. Conferenciante. Columnista