Por: Yeiny Paola Rodríguez Rivera*
Se da el caso y lo vemos a diario, que las más de las veces nuestros campesinos poseen tierra, pero no capital para avanzarlas y adelantar en ellas desarrollos pertinentes; parcelas, pero no crédito; trabajo, pero no posibilidad alguna de arriesgar algo material para emprender, no obstante ser, además de propietarios rurales, ciudadanos de pleno derecho con capacidad de tomar decisiones económicas sobre lo suyo, lo que genera indignación, ya que no se trata de debatir sobre el bienestar rural, sino defender un statu quo que por decenios ha mantenido a los pequeños propietarios fuera del sistema financiero, dependiente del Estado y cautivo de quienes viven estudiando su pobreza.
Se argumento en algunos sectores poblacionales que los campesinos no están preparados para manejar sus propios activos; que alguien más, Estado, ONGs, empresarios y políticos, entre otros, deben decidir por ellos. Craso error, lo cierto es que detrás de ese malhadado paternalismo se esconde una visión egoísta que reserva convenientemente la capacidad de hacer industria y generar riqueza solo para los que ya tienen, amparándose en el decir que los hacendados podían arriesgar capital y los campesinos no, que los asalariados urbanos pueden endeudarse y emprender y los del campo, no.
Normalmente los campesinos no son sujeto de crédito. Pareciera estar diseñado el agro para que los campesinos no accedan al sistema financiero. El resultado de ese diseño indica un flujo de inversión nulo hacia el área rural, familias que abandonaron sus parcelas para buscar oportunidades en las ciudades cargando un capital en las manos que el sistema no les dejaba usar. Trabajo duro, pero sin opción de progreso.
Olvidamos desde la economía que la titularización de la propiedad rural y urbana es la base de la seguridad jurídica y del acceso al crédito, lo que impone que respecto de todo lo cual se implante lo inexistente y se implemente lo existente, sobre todo en lo que ver tiene con aquello que para los bancos privados no todas las tierras son hipotecables, y ahí está el riesgo real. Si las entidades financieras se niegan a financiar emprendimientos rurales usando la tierra como garantía, la ventana se cierra antes de abrirse. El gobierno debe anticipar ese escenario y establecer mecanismos que obliguen al sistema financiero a operar en el área rural y no solo en los centros urbanos.
Se trata de estudiar a fondo esta situación y brindar oportunidades reales para el área rural, considerar al productor del campo como lo que es: un ciudadano con derecho a emprender, a arriesgar y a crecer. Que el debate sobre su implementación no repita el error histórico de dejarla en buenos deseos; y en consecuencia, el gobierno debe mostrarse y dar señales claras al agro respecto que las oportunidades están abiertas y garantizar que el acceso al crédito llegue a todas las regiones del país.
*Formación Técnica en Administración de Empresa. Asesora y Consultora Empresarial y Comercial.
