Por: José Guillermo Claros Penna*
El combate a la pobreza mediante la obra social comunitaria es acción que funciona, ya que se focaliza en fortalecer capacidades locales, promover la economía popular y garantizar el acceso a servicios básicos, trascendiendo la simple transferencia monetaria y por cuanto se centra en la participación activa de la comunidad, la inclusión productiva y la creación de redes de apoyo, buscando con ello superar las causas estructurales de la desigualdad y vulnerabilidad.
Clave en la obra social comunitaria su enfoque en la economía popular, la promoción de la creación de redes, el reconocimiento formal de actores territoriales y la capacitación para fomentar la autonomía económica en zonas vulnerables. La gestión comunitaria y territorial cobra mayor validez con la contratación y ejecución de obras a realizarse a través de las propias comunidades, robusteciendo el tejido social y garantizando que los recursos satisfagan necesidades reales, así como fortaleciendo capacidades, ya que además de la ayuda, priorizarse debe la formación, el acceso a educación, salud y el desarrollo de habilidades para mejorar la empleabilidad.
Esencial también la protección social adaptativa, fundamental para articular acciones que lleven a identificar y atender rápidamente a las poblaciones vulnerables ante crisis, integrando el trabajo social con la oferta pública. La sostenibilidad y la autogestión, para buscar superar la dependencia de subsidios mediante la autogestión, la valorización de la cultura local y la organización comunitaria, enfoque comunitario que ayuda a erradicar la pobreza extrema, fomentar la resiliencia y asegurar la igualdad de derechos económicos a recursos y servicios básicos.
Es ir en esto de superar de la pobreza, tras elementos sustantivos como la garantía de ingresos a lo largo del ciclo de vida, uno de los elementos centrales de un piso de protección social, contenido en transferencias de ingreso condicionadas y no condicionadas para familias con niños y adolescentes; seguros de desempleo; pensiones para personas con discapacidad; pensiones contributivas y no contributivas para personas mayores e ingreso básico universal; servicio para el desarrollo de capacidades humanas e inclusión sociolaboral; vale decir, invertir en educación, salud, hábitat y cuidado para el desarrollo de las capacidades humanas para abordar el déficit en el ejercicio de derechos de las personas pobres y vulnerables, ya que en una estrategia de superación de la pobreza deben abordarse, entre otras distancias educativas relevantes, las de aprendizajes, cobertura y permanencia, y la disponibilidad de recursos para el aprendizaje.
Para vigorizar los sistemas de salud es necesario ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad y centrados en las personas y las comunidades; contar con una rectoría sectorial de los sistemas de salud y de los componentes que los integran; cumplir con el umbral porcentual del PIB invertido en la atención a la salud, eliminar el pago directo, priorizar el primer nivel de atención y centrarse en la prevención con un enfoque participativo y comunitario; y, avanzar en la superación del sectorialismo para una atención articulada e integral de la salud física, mental y emocional.
Garantizar el derecho a la vivienda se vincula con requisitos mínimos de calidad material, espacio suficiente, acceso en condiciones de tenencia segura, confort, saneamiento y adaptación a las condiciones medioambientales del entorno, y vinculación con las oportunidades urbanas y sociales teniendo en cuenta la capacidad de pago de los diferentes grupos sociales, lo que requiere mejorar la provisión de vivienda formal para los segmentos más vulnerables de la población; programas de mejoramiento de barrios y autoconstrucción, y disponibilidad de suelo para aumentar la asequibilidad de viviendas. Es cuidado que involucra tanto a personas destinatarias como proveedoras, toda vez que una estrategia integral de cuidados requiere de reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar con intervenciones como las transferencias de ingreso para el cuidado; licencias familiares, y los servicios de cuidado, además de destacar tres tipos de políticas de inclusión sociolaboral, tales como programas de apoyo a la oferta laboral (capacitación técnica y profesional; nivelación de estudios y retención escolar); programas de apoyo a la demanda (apoyo al trabajador independiente, generación directa e indirecta de empleo), y servicios de intermediación laboral; aspectos todos que en conjunto superarán el estancamiento en el crecimiento económico, para así responder de forma veloz y comprehensiva a los retos socioeconómicos
. *Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho. Columnista.
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