Por Miguel Enrique Bayter Bayter*

Existe un rasgo profundamente latinoamericano que los historiadores, desde hace más de un siglo, intentan descifrar: nuestra inclinación a revisitar proyectos políticos que ya fracasaron, como si la evidencia no nos correspondiera. Los europeos hablan de “memoria histórica”; los asiáticos de “continuidad civilizatoria”. Nosotros, con una sinceridad algo dolorosa, podríamos hablar de “nostalgia por lo que nunca funcionó”.

El socialismo, en sus variadas declinaciones, ha encontrado en América Latina un terreno dispuesto a acogerlo incluso después de haber demostrado sus límites económicos e institucionales. Pero esta persistencia no es una excentricidad regional, sino parte de un proceso geopolítico más amplio. Primero la Unión Soviética y luego la Rusia contemporánea comprendieron que este hemisferio podía ser útil en la tarea de contrarrestar la influencia norteamericana. Y, por razones que mezclan vulnerabilidad institucional, desigualdades crónicas y la tentación de soluciones mágicas, parte de la región aceptó participar en ese juego.

Para entender lo que ocurre hoy en América Latina, conviene retroceder a los años finales del siglo XX.

Con la caída del Muro de Berlín, el socialismo real sufrió una derrota que no solo fue política, también lo fue filosófica. Pero una parte de la izquierda latinoamericana no estuvo dispuesta a aceptar ese veredicto. Nació entonces el Foro de Sao Paulo, una plataforma que no debe subestimarse; articuló partidos, movimientos sociales y grupos armados que buscaban revivir, en clave latinoamericana, un ideario que la historia había dejado atrás.

Ese foro creó un marco conceptual destinado a justificar gobiernos fuertes, modelos económicos estatistas y un relato antiimperialista siempre útil para desviar responsabilidades. No fue casualidad que, años después, varios países asumieran políticas inspiradas en esas premisas. Desde Venezuela hasta Bolivia, desde Ecuador hasta Nicaragua, emergió un ciclo político que se autoproclamó “socialismo del siglo XXI”, en realidad más parecido a una actualización estética del viejo dirigismo estatal que a una innovación intelectual.

Todo modelo político puede sobrevivir uno o dos años a su propia ineficacia; muy pocos logran sobrevivir a una década de ella. América Latina comenzó a evidenciar los límites del experimento progresista en aspectos concretos: economías estancadas o en contracción, estados sobredimensionados incapaces de financiar sus promesas, instituciones debilitadas por la tentación de concentrar poder, conflictos sociales amplificados por discursos polarizantes, fuga de talento y capital, el termómetro más fiable del desencanto.

Chile experimentó tensiones profundas; Argentina vivió un desgaste fiscal monumental; Bolivia entró en ciclos de inestabilidad; Ecuador transitó un péndulo entre promesas y correcciones; y Venezuela quedó convertida en un espejo extremo de lo que ocurre cuando el Estado devora toda iniciativa privada.

La región comenzó entonces a girar. No hacia la derecha, como suelen simplificar los analistas superficiales, sino hacia la sensatez, esa disposición civil que surge cuando las sociedades se cansan de experimentar con su propio futuro.

Colombia entró tarde a este ciclo progresista, pero lo hizo de forma vehemente. Lo paradójico es que también está saliendo temprano. El desgaste ha sido rápido porque las consecuencias han sido inmediatas. El país enfrenta: una inseguridad creciente que permea barrios, carreteras y veredas; un aumento del narcotráfico que parece haber encontrado un gobierno tolerante o distraído; un deterioro económico reflejado en inflación, desempleo e incertidumbre empresarial; una crisis reputacional internacional, fruto de discursos improvisados y gestos diplomáticos contradictorios; una erosión institucional que se acelera cuando el debate público se convierte en una disputa ideológica permanente.

En este escenario, la aparición de encuestas donde un candidato de izquierda vuelve a figurar en primer lugar generó inquietud. Pero hay que decirlo con claridad: una encuesta no es un mandato, ni siquiera una tendencia confiable. Puede reflejar malestar, desorganización de la oposición o un voto emocional frente a un panorama confuso. No es un cheque en blanco para nadie, ni un augurio definitivo.

Lo indiscutible no está en las cifras, sino en la realidad: la ciudadanía siente que el país perdió ritmo, serenidad y dirección.

Uno de los peligros más profundos y menos discutidos del momento político colombiano es la ampliación de subsidios sin una estrategia de crecimiento económico. El asistencialismo, cuando se convierte en herramienta electoral, deja de ser política social y empieza a ser mecanismo de disciplinamiento ciudadano.

El problema no es ayudar a los vulnerables; eso es obligación moral del Estado. El problema es convertir esa ayuda en un sistema que perpetúe la vulnerabilidad para justificar la ayuda misma.

Es un circuito perverso que reduce al ciudadano de sujeto político a beneficiario condicionado.

Los países que han caído en esa trampa no han salido fácilmente de ella: se endeudan, se empobrecen y pierden capacidad de decisión ante la presión fiscal. Colombia debe evitar ese camino antes de que sea tarde.

América Latina no vive un estallido político, sino un reacomodo silencioso. Los países comienzan a reconocer los límites del voluntarismo político y la necesidad de recuperar equilibrio. Se busca seguridad jurídica, inversión, estabilidad macroeconómica. Se busca gobernabilidad más que épica.

Es probable que los historiadores futuros vean este momento como el fin de un ciclo. El continente empieza a valorar, con un pragmatismo que no había tenido en años, la importancia de: instituciones fuertes, economías abiertas pero reguladas, responsabilidad fiscal, y liderazgos más técnicos que carismáticos.

Colombia tiene la oportunidad de incorporarse a esa transición, pero también la posibilidad de quedar rezagada si insiste en prolongar un modelo que ya muestra signos inequívocos de desgaste.

América Latina parece avanzar hacia una etapa de mayor madurez política. Aún no es triunfo garantizado, pero es un desplazamiento perceptible.

La región no renuncia a la justicia social, pero renuncia, o empieza a renunciar, a sacrificar instituciones en su nombre. No renuncia al ideal de igualdad, pero comprende que no se logra destruyendo la productividad. No renuncia a la crítica del poder, pero empieza a desconfiar del personalismo mesiánico.

Colombia, por su parte, debe decidir si acompaña ese proceso o insiste en retrasarlo. La historia rara vez concede segundas oportunidades y los países que las desaprovechan suelen tardar décadas en recuperarlas.

La pregunta, que no puede aplazarse, es si Colombia avanza con él o se queda esperando, una vez más, que los errores ajenos se conviertan en profecías propias. 

*Abogado. Escritor. Analista. Columnista