Por Miguel Enrique Bayter Bayter*
Hay golpes que no necesitan sangre para ser letales bastan las palabras precisas, dichas desde la cima del poder internacional, para que se desplome, con todo su peso, la máscara que cubre a un Estado que ya no gobierna, sino que declina. Colombia ha sido descertificada por los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico; las consecuencias son múltiples, pero hay una que no puede disimularse: el colapso del prestigio nacional y la humillación internacional de un país que ha decidido, con pasmosa tranquilidad, dejar de combatir a su verdugo.
Este no es un asunto técnico, ni diplomático, ni bilateral, es una sentencia política, una acusación a gritos disfrazada de comunicado oficial. La potencia más influyente del mundo ha dicho, sin florituras ni eufemismos, que Colombia ha abandonado su deber de enfrentar al crimen que la desangra, que se ha rendido con pretextos seudofilosóficos, que ha cambiado el látigo por la limosna, la ley por la indulgencia y el deber por la pereza moral.
Y lo más patético no es la descertificación misma, sino la respuesta bovina del gobierno nacional, ¡Ay el gobierno nacional!!! Ese simulacro de poder que hoy ocupa la Casa de Nariño, más atento a los retorcimientos de una narrativa mesiánica que a la realidad ensangrentada de los territorios donde la coca es más soberana que el Código Penal. El Presidente, en su perenne letanía ideológica, ha insinuado que se trata de una retaliación política, de un gesto imperial, de una incomprensión a su «nueva doctrina humanista». ¡Qué insulto al lenguaje! Qué grosera trivialización del desastre nacional.
No se trata aquí de defender el prohibicionismo como dogma, ni de absolver los errores históricos de la llamada “guerra contra las drogas”. Pero que no se nos pretenda vender la idea de que el desmantelamiento absoluto de la capacidad coercitiva del Estado frente al narcotráfico es una forma elevada de progresismo. Eso no es audacia política, es cobardía maquillada de poesía; no es un modelo alternativo, es una retirada sin gloria ni estrategia, que deja a las comunidades a merced de los narcos, y al país, en un limbo jurídico donde el crimen ya no se castiga, sino que se pacta.
La política antidrogas del actual gobierno no es una política, es un eufemismo; es un conjunto de frases mal traducidas de foros académicos europeos, aplicadas sobre una realidad que las destroza. No hay sustitución efectiva, ni presencia estatal, ni desarrollo alternativo, ni autoridad visible. Lo que hay es la renuncia estructural al ejercicio legítimo de la fuerza, la criminal tolerancia con los sembradores de muerte, y el delirio místico de creer que se puede negociar la paz con estructuras narcotraficantes cuya única ideología es el dólar.
Y aquí, con claridad y sin temblores, hay que decir lo que tantos prefieren susurrar, estamos, en los hechos, ante un narcoestado; no porque sus gobernantes sean narcotraficantes, como en aquellas dictaduras tropicales del siglo XX, sino porque el aparato institucional se ha vuelto funcional al narcotráfico, lo tolera, lo normaliza y, en muchos casos, lo protege por omisión o conveniencia. En Colombia, el narco ya no necesita corromper al Estado, lo ha impregnado, lo ha neutralizado, ha logrado que sus rutas sean intocables, que sus zonas de producción estén custodiadas por el silencio oficial y que su expansión no sea un escándalo sino una estadística. Ese es el verdadero rostro del narcoestado contemporáneo, no el que se exhibe en los expedientes judiciales, sino el que se camufla en la tibieza política, en la permisividad legal y en la complicidad burocrática del que calla, del que mira hacia otro lado, del que pacta en nombre de la paz.
Lo dijo con precisión la administración estadounidense: Colombia ha incumplido sus compromisos internacionales; eso significa algo más grave que una mala nota diplomática; significa que el Estado colombiano ha perdido su carácter confiable, que ya no se le considera un socio serio, que no se le cree capaz de sostener la mínima lucha por la legalidad. Hemos dejado de ser parte de la solución para convertirnos, sin disimulo, en parte del problema global del narcotráfico.
El gobierno ha respondido con altivez, con el tono del niño que, tras romper el jarrón, culpa al suelo por haberse puesto en el camino. Se ha atrevido incluso a sugerir que la descertificación es una forma de “colonialismo moderno”, como si la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico fuera una imposición extranjera y no una obligación elemental de cualquier Estado que no haya sido completamente cooptado por el crimen.
Mientras tanto, en el país real, no en el de los discursos ni en el de los diagnósticos con olor a incienso, los cultivos de coca alcanzan cifras históricas, los laboratorios se multiplican, los corredores del narcotráfico se expanden como metástasis, y los grupos armados que controlan el negocio celebran, con razón, su impunidad garantizada.
Los narcos ya no se esconden, gobiernan. En amplias regiones del país, la coca no sólo es tolerada, sino custodiada por quienes deberían erradicarla; las Fuerzas Armadas, a las que se les ha atado las manos con discursos sobre la “no violencia institucional”, ya no actúan; la erradicación manual ha sido saboteada desde el Estado; la fumigación es un sacrilegio ecológico en el altar del progresismo verde. ¿Y la sustitución? Una promesa sin presupuesto, sin dientes y sin credibilidad.
Lo que está en juego no es un informe, ni una cifra, ni una estrategia puntual; lo que está en juego es el alma del Estado colombiano; porque cuando el crimen manda y el gobierno se arrodilla en nombre del diálogo, lo que tenemos no es un modelo alternativo, es una república degradada, deshecha, indecente, incapaz de distinguir entre el enemigo y el interlocutor.
Ya lo advertían las generaciones fundadoras de esta república, cuando el Estado deja de reprimir al criminal, no se vuelve más humano, se vuelve más débil; y un Estado débil no produce paz, produce barbarie con rostro amable; produce, como estamos viendo, una paz de papel para los salones internacionales y una guerra real, renovada, imparable, para las montañas, los ríos, los pueblos.
Hoy nos descertifican desde afuera, pero lo peor es que nos hemos autocertificado la decadencia desde adentro. Nos hemos convencido de que negociar con los violentos es pacifismo, de que premiar al delincuente es inclusión, de que desmantelar la ley es una forma de justicia. Y mientras más alto se eleva esa mentira, más profunda se hunde Colombia en el lodo del descrédito.
La descertificación no es el problema, es apenas el espejo; y el reflejo que devuelve es aterrador.
*Abogado. Escritor. Analista. Columnista
