Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*

La extorsión, lo he sostenido en diversas columnas y en distintas tribunas de opinión, no es tema menor, puesto que es un delito que se comete cuando una persona, mediante violencia o intimidación, obliga a otra a realizar, tolerar u omitir un acto en contra de su voluntad, con el fin de obtener un provecho o beneficio ilícito para sí misma o un tercero. Es un acto de coerción que busca generar un perjuicio patrimonial en la víctima, quien actúa bajo el miedo o la sensación de peligro provocados por el delincuente y consta de elementos que le son claves, como la coacción (violencia o intimidación), acto o tolerancia de una conducta, finalidad de lucro ilícito, perjuicio patrimonial; siendo en su naturaleza jurídica un delito que afecta varios bienes jurídicos, como la propiedad, la integridad física y la libertad de la víctima, por lo que se considera un acto de doble consumación: la violencia o intimidación para obtener el consentimiento, y la realización del acto en perjuicio patrimonial, no es necesario esperar a los efectos del daño. Es una actividad que se alimenta de la impunidad y que genera un círculo perverso: los comercios pagan para poder operar, las familias viven miedosas y atemorizadas y las instituciones se desgastan ante la incapacidad de ofrecer garantías mínimas de seguridad.

Día tras día vemos a innumerables asociaciones empresariales elevar su voz señalando las prácticas de extorsión que afectan al comercio y a la industria. Es un fenómeno silencioso que se ha introducido en la vida económica del país, al convertirse, querámoslo o no en lo que podemos denominar como un impuesto criminal que termina minando la productividad y la seguridad de nuestros coterráneos.

No es la extorsión un delito menor, lo que es claro. Su costo económico es monumental, ya que cerca del 50 % de los negocios en el país han sido víctimas de alguna forma de extorsión, lo que se palpa en cierre de empresas, pérdida de empleos e incremento de precios, a lo que se suman amenazas disfrazadas de “negociación” en lo que se exhibe una forma sofisticada de extorsión que se aprovecha de vacíos legales y de la fragilidad institucional, que la convierte en un fenómeno más complejo en el que estructuras formales, con rostro de legalidad, se usan para obtener ventajas económicas a costa de la libertad empresarial.

En cualesquiera de sus modalidades es la extorsión una doble amenaza contra la economía y la seguridad. Cada peso que un comerciante paga para protegerse de represalias es un peso menos para reinvertir, para generar empleo o para ofrecer precios competitivos. Y cada acto de intimidación que queda impune muestra amenaza y fortalece la percepción que la violencia está y manda más que la ley, lo que es a todas luces inadmisible.

Requiere la extorsión de una estrategia integral que combine inteligencia financiera, coordinación interinstitucional y persecución penal para ayudar a revertir el fenómeno si logra, en los hechos, cortar los flujos económicos de las redes criminales, estandarizar protocolos de denuncia y fortalecer la protección a las víctimas; misma que si se aplica con seriedad, puede convertirse en la pieza que faltaba para devolver a empresarios y comerciantes la confianza respecto que el Estado los respalda con firmeza frente a la delincuencia.

Necesita reconocer abiertamente el país que la extorsión se ha convertido en el delito más democrático de todos, ya que afecta tanto a las grandes corporaciones como a pequeños comerciantes, transportistas, restaurantes y   y tiendas de barrio, entre otros; y mientras no se le ponga coto de manera decidida, seguirá operando como el lastre que es, el cual impide que despleguemos un superior potencial económico; de ahí que queramos un país en el que que hacer negocios no dependa de la voluntad de la delincuencia o de la negociación con segmentos opacos, sino en el que la ley y las instituciones sean suficientes para garantizar la seguridad de quienes producen y generan riqueza; importando en consecuencia que frente  a esta adversa situación las instancias gubernamentales hagan todo lo posible para excluir financiera y socialmente a quienes cometen extorsión, como lo han intentado otros países con sus grupos criminales, lo que nos garantizará un muy venturoso porvenir económico. 

*Jurista. Especializado en Derecho Laboral. Derecho Penal. Columnista