Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

En el devenir político de Colombia se asoma una inquietante paradoja: nunca antes la democracia había estado tan consolidada en términos formales, y, sin embargo, rara vez ha parecido tan frágil en su contenido sustantivo. La arquitectura institucional permanece, sí, pero su vitalidad cívica se ve minada por una extenuante polarización, una profunda fatiga social y un aparato estatal que oscila entre la parálisis y la improvisación.

Las tres ramas del poder estatal —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— viven hoy una relación de tensión casi permanente, que, en lugar de enriquecer el necesario equilibrio republicano, ha derivado en un pulso estéril por la hegemonía simbólica del discurso público. El diálogo interinstitucional, que en contextos democráticos sanos debería traducirse en deliberación plural y construcción de consensos, ha sido reemplazado por una lógica de desconfianza mutua, donde cada actor parece más interesado en deslegitimar al otro que en encontrar puntos de convergencia para la acción común.

En medio de esta confrontación institucional, el ciudadano se desvanece como sujeto político. Se le convoca constantemente desde la retórica —como “el pueblo soberano”, “el mandato popular” o “la calle que habla”—, pero se le escucha poco desde la praxis. La participación es evocada, pero no propiciada. La escucha se instrumentaliza, pero no se sistematiza. La acción pública se fragmenta en discursos grandilocuentes, mientras la ejecución técnica de las políticas se hunde en cuellos de botella administrativos, falta de planeación rigurosa y ausencia de mecanismos de seguimiento eficaces.

El actual gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, llegó al poder con una narrativa de transformación que cautivó, con razón, a vastos sectores históricamente excluidos del contrato social colombiano. No obstante, el ejercicio del poder ha evidenciado un desfase entre la potencia discursiva del proyecto político y las condiciones estructurales para su implementación. Las promesas de cambio en salud, educación, trabajo, y transición energética se han topado, no solo con la propia incapacidad para proponerlas, también con límites normativos, vacíos técnicos y, especialmente, con la resistencia de una burocracia inercial que ha sobrevivido a todos los gobiernos sin transformarse sustancialmente.

A su vez, la oposición no ha ofrecido una alternativa sustantiva. En lugar de construir una crítica fértil y propositiva, muchos de sus líderes han optado por la descalificación sistemática, la reproducción de temores y el uso de la institucionalidad como escudo para obstaculizar cualquier intento de reforma, incluso cuando ciertas propuestas podrían —con ajustes— contribuir a corregir inequidades históricas. Esta oposición sin propuesta ha alimentado la percepción de una clase política más interesada en preservar privilegios que en servir al interés general.

Las tensiones entre poderes han alcanzado un grado preocupante. La judicialización de las decisiones políticas —visible en el creciente número de conflictos entre el Ejecutivo y las altas cortes— evidencia no sólo un desgaste de la gobernabilidad, sino un deterioro del principio de coordinación interinstitucional. El juez constitucional, convertido en árbitro de controversias que deberían ser resueltas en el plano político, carga hoy con un peso excesivo: el de compensar las carencias del legislador y del gobierno en materia de claridad, coherencia y legitimidad.

Este enfrentamiento crónico ha tenido consecuencias visibles en el diseño e implementación de las políticas públicas. Las reformas anunciadas con solemnidad han quedado suspendidas en un limbo procedimental; los ministerios se ven atrapados entre ambiciosos objetivos y recursos limitados, y los territorios —en especial aquellos periféricos y marginados— siguen esperando una presencia estatal que no se traduzca únicamente en promesas ni en anuncios, sino en resultados tangibles, verificables y sostenibles.

Colombia parece, en este punto de su historia, más necesitada de sensatez que de heroísmo. El país no requiere nuevos mesías ni proyectos refundacionales que pretendan romper con todo lo anterior como si el pasado careciera de lecciones. Lo que se necesita con urgencia es una dirigencia política capaz de conjugar principios con realismo, ideales con viabilidad, y ética pública con competencia técnica.

En esta coyuntura, el papel de la academia, de los medios y de la ciudadanía crítica es ineludible. Hay que recuperar el espacio del pensamiento riguroso, del análisis informado y del disenso argumentado. La deliberación pública no puede quedar reducida al espectáculo mediático ni al combate retórico en redes sociales. Debe elevarse, nutrirse de evidencia, y volver a situar el interés nacional por encima de las pasiones efímeras.

El país exige una renovación del pacto democrático, no entendido como un mero contrato formal, sino como un acuerdo ético y práctico sobre cómo convivir en medio de la diferencia, cómo distribuir el poder con justicia y cómo traducir las aspiraciones colectivas en políticas públicas efectivas. Esta renovación no se dará por decreto ni por aclamación, sino a través de la reconstrucción paciente de la confianza, de la consolidación de instituciones serias, y de la recuperación de una cultura política que valore la moderación, el rigor y el servicio.

Colombia aún tiene las herramientas para consolidarse como una democracia madura. Pero debe decidir si quiere seguir anclada en la retórica confrontativa o si se atreve a construir, con esfuerzo colectivo y responsabilidad compartida, un modelo de gobernanza que privilegie la eficacia, la inclusión y la sensatez.

En tiempos de ruido, sobran voces. Pero lo que necesita el país, con urgencia, es una dirigencia que sepa escuchar. 

*Abogado. Analista. Escritor Columnista