Por: José Manuel Herrera Brito

La respuesta a los riesgos y amenazas que comprometen la seguridad requieren cooperación nacional y multilateral, pues las de carácter unilaterales y aisladas son ineficaces, incompletas y parciales, frente a los desafíos que exigen focalizaciones multidisciplinarias de acción conjunta que interesa copen todos los aspectos potenciales y los realmente afectados. Cambios y tendencias relativos a la seguridad, dimensiones y respuestas de preservación, son factores que inciden en la Seguridad Nacional. Frente a todo lo cual, es claro que tiene que concebirse la seguridad integralmente, de conformidad con los cambios de orden global que inciden en los países y la vida cotidiana, aspecto en que las crisis sanitaria, económica, financiera, ambiental y social que nos afecta actualmente en lo particular y universal, constituye uno de los mayores desafíos para la Seguridad Nacional y reclama respuestas eficientes.

No es de olvidar que la Seguridad Nacional, integralmente concebida, es la acción de los Estados dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa del país, sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. El mandato constitucional de garantizar la convivencia democrática dentro del marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y de proteger a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos y libertades públicas debe ser facilitado por los países a través de un sistema de seguridad pública soportados en su Fuerza Pública, responsables de mantener la seguridad y convivencia ciudadanas.

La garantía de la Seguridad Nacional reclama el compromiso y la responsabilidad al más alto nivel político. El Presidente del Gobierno liderará e impulsará la Política de Seguridad Nacional y, bajo su dirección, el Gobierno será responsable de su cumplimiento efectivo, implicando a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autonómicas, a las Entidades que integran la Administración Local y al sector público institucional, que deberán cooperar con espíritu de solidaridad y lealtad institucional, así como a todos los ciudadanos.

Ella, la Seguridad Nacional, es un servicio público que debe ser objeto de una Política de Estado, ya que, por su propia naturaleza, es tarea en la que todos debemos estar comprometidos, lo que obliga que los gobiernos tengan garantizados los respaldos de orden social, legislativo y judicial. Colaboración y apoyo ciudadano son imprescindibles, por lo que debe fomentarse una cultura de seguridad amparada en el conocimiento, concientización y sensibilización sobre la importancia de la seguridad como garantía de libertad, prosperidad y modo de vida de conformidad a los lineamientos de un Estado social y democrático de Derecho. Una Política de Seguridad Nacional requiere planificación, definición de principios y líneas de actuación, capaces de dar respuestas integrales a los desafíos actuales, continuidad en el tiempo, superar las cortapisas temporales y las agendas políticas particulares de cada Gobierno, razón por la que debe apoyarse en el compromiso y el consenso de todos, para actuar de forma concertada y cohesionada. Su estrategia constituye el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional, contentivo del análisis del entorno estratégico, concretar los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad del país, definir las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promover la optimización de los recursos con que se cuenta y deberá revisarse cada que lo determinen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico, saramara7@gmail.com