Por: Carlos Flórez Sarmiento*

Se sostiene que una política de seguridad en un marco de derechos humanos, debe tener como guía las obligaciones contraídas por los países al ratificar libremente los tratados internacionales y regionales sobre la materia; la obligación de respetarlos y de protegerlos; de ahí la necesidad de regular, por ejemplo, el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad; y, por último, de garantizar y poner en marcha políticas públicas que garanticen el derecho a la vida y la integridad física de las personas.

De este marco se deduce que, contrariamente a lo que algunos creen, un enfoque de derechos a la seguridad no supone única y exclusivamente insistir en políticas de prevención; ya que, si bien es importante señalar la necesidad de prevenir los factores de riesgo de la violencia atacando las raíces del problema, la obligación es luchar contra la impunidad desde una perspectiva de integrales derechos.

Es claro y de ello hay experiencias, para que una política de seguridad sea exitosa tiene que ser integral y sostenible en el tiempo. Los derechos humanos proporcionan el marco adecuado para ese enfoque integral al abordar aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; así como proporcionar un marco sostenible en el tiempo que responda a compromisos de Estado y por ende libre de los cambios de gobierno o de las presiones sociales del momento.

En cuanto a la violencia juvenil, el enfoque de derechos es más relevante, ya que es extraño que niños y jóvenes sean sólo agentes de violencia, pues en la mayoría de los casos se trata de agentes y víctimas de esa misma violencia. Una sociedad que estigmatiza a sus jóvenes como violentos, está renunciando a su propio presente y futuro. La prevención es arma fundamental en la lucha contra la violencia juvenil, que solo puede pasar por la creación de mecanismos de protección de los derechos de los mayormente expuestos a la vulnerabilidad, debiendo pasar igualmente por considerarlos como sujetos de derecho, y no como objetos de políticas públicas o destinatarios de campañas de beneficencia.

La inseguridad más profunda emana de la tentación de dejar que se desgasten los fundamentos sobre los que se construyen las sociedades democráticas. Combatir la inseguridad dentro del marco de los derechos humanos es combatirlo con nuestras armas más poderosas y es en lo que debemos y tenemos que aplicarnos en provecho y beneficio de la sociedad toda.

*Carlos Flórez Sarmiento. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato al Concejo de Bogotá

TEMA ENLAZADO: CIUDAD Y SEGURIDAD (I)