Por: Carlos Flórez Sarmiento*
Hacer una ciudad segura impone como proceso trabajar mancomunadamente con los actores todos que tienen que ver directa o indirectamente con tal aspecto, lo cual es de singular como de vital importancia, ya que la seguridad ciudadana tiene que ser una de las principales prioridades de todos; de ahí la importancia, fundamental por demás, de redefinir la narrativa respecto de violencia e inseguridad en términos de derechos humanos, pobreza y desarrollo. La falta de seguridad es un problema de derechos. Atenta en materia grave contra el derecho a la vida, la integridad física de las personas y hace peligrar las posibilidades de los ciudadanos para disfrutar otros derechos.
Pero urge también, desglosar el discurso preponderante en algunos sectores en el continente, que erróneamente describe a los derechos humanos como un obstáculo a la seguridad, lo que de hecho pone en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas e impacta negativamente en las posibilidades de trabajar y mejorar en pro de los derechos humanos en todos los ámbitos. Se podría decir que más que a una reformulación de los temas de seguridad en temas de derechos humanos, lo que está sucediendo es que se permee el discurso de seguridad a otros ámbitos como la migración o la protesta social, con consecuencias negativas para el disfrute de los derechos.
Durante muchos años, los trabajadores de los derechos humanos no han prestado la necesaria atención al tema de la seguridad, limitándose a señalar los lindes en los que debían enmarcarse sus políticas, dejando acéfalo un espacio que ha sido colmado por otros discursos, no precisamente más eficaces. No se ha entendido a cabalidad que el problema es que las políticas represivas son mucho más fáciles de medir y vender que las políticas que adoptan un enfoque de derechos, se prestan fácilmente a la cuantificación y proporcionan lo que aparentan ser resultados rápidos y concretos que ofrecer a los medios. La realidad es que la mayoría de los números ofrecidos no son indicadores del impacto de las políticas sobre el problema mismo, la inseguridad; sino que se limitan a medir directamente las acciones emprendidas. Si se quiere ser escuchado, necesario es medir el impacto de las políticas con un enfoque de derechos en la disminución real de la violencia y basar el discurso en experiencias exitosas, de ahí la relevancia de consultas y la importancia de aportaciones.
En seguridad, supone el enfoque de derechos humanos redefinirla en términos de disfrute de los derechos, el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Consecuentemente, los derechos humanos establecen obligaciones positivas a los entes territoriales en materia de seguridad. Las políticas de seguridad ciudadana deben ser evaluadas en tanto y cuanto contribuyan o no a garantizar el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Supone, además, adoptar los estándares de derechos humanos como los límites en que deben diseñarse y aplicarse las políticas en este ámbito; y, adoptar los principios de derechos humanos como las reglas de juego en las cuales movernos dentro de esa cancha. Los principios de participación, rendición de cuentas y no discriminación, que emanan de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, deben guiar diseño, implementación y evaluación de esas políticas.
*Carlos Flórez Sarmiento. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato al Concejo de Bogotá
TEMA ENLAZADO: CIUDAD Y SEGURIDAD (II)
