Rafael Robles Solano

Por: Rafael Robles Solano*

A propósito del último viaje del presidente de Colombia por España y su presentación ante las Naciones Unidas, donde más allá de su interesante exposición exaltando entre otras muchas cosas los logros de su gobierno, pero omitiendo su lánguido proceso de paz, no queda más que deplorar que aproveche dichos espacios y oportunidades para intentar disfrazar la aciaga realidad de inmensas zonas geográficas rurales de campesinos y resguardos indígenas, que permanentemente se ven hostigados y obligados a desplazamientos forzosos masivos de sus regiones y poblaciones, para salvaguardar sus vidas y proteger a sus familias de las confrontaciones entre grupos delincuenciales o mejor, como solapadamente les llaman ahora, Grupos Armados No Estatales (GANE), integrados por los carteles de drogas, enfrentados con residuos de las guerrillas, los paramilitares y los traficantes de la minería ilegal.

Con ocasión del reciente informe de la ONU, a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertando sobre el aumento de los desplazados en el país durante el primer semestre de este año de 2021, indicando que estos índices crecieron en un 191 por ciento respecto del 2020, en tanto que el de confinados por amenazas a sus vidas, se elevó en un 100 por ciento. Reseñando que las regiones más afectadas, corresponden a los departamentos de la región Pacífica, el Noroccidente de la nación; zonas de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba, donde se concentra el 86 por ciento de los desplazados, haciéndolas zonas de alta peligrosidad.    

De otra parte, con suma preocupación observamos como se están volviendo recurrentes los atentados aleves en contra patrullas de policías y tropas del ejército en sus desplazamientos de vigilancia y control para las zonas rurales, evidenciando de parte de ellos, una absoluta falta de estrategias y de inteligencia para evitarlos. Sin embargo, el gobierno insiste en que dichas regiones se encuentran protegidas bajo el control policial y militar.

No pretendo descalificar injustificadamente las buenas intenciones o las acciones estatales, pero la realidad es bien diferente y nos muestra un gobierno que además de acéfalo, parece hacerlo sobre un país imaginario, o sea, de espaldas a la realidad colombiana. Pues las crisis humanitarias que se padecen en las regiones enunciadas, no se pueden seguir ocultando tras el manto de la propia indiferencia gubernamental, política y hasta social.

He mencionado a los políticos y a la misma sociedad civil, porque la indiferencia a la que hago alusión, se evidencia también en estos segmentos, que quizás anestesiados por la manipulación de la información suministrada por los principales medios de comunicación al servicio inocultable de los intereses del establecimiento, se presta para minimizar e invisibilizar la magnitud de esta problemática social y humanitaria. 

Los políticos por su parte, desde ahora están dedicados a buscar como promover sus respectivas aspiraciones electorales, sin ofrecer programas o mejor, promover proyectos realistas de reivindicaciones sociales como las que clama la sociedad colombiana con ocasión de las multitudinarias manifestaciones y paros nacionales, lo cual se evidencia en su falta de interés y renuencia a debatir o buscar la aprobación de los diferentes proyectos legislativos presentados y tendientes a facilitar las aludidas reivindicaciones que de emergencia han sido llevadas al Congreso desde las diferentes estancias de la sociedad civil.

En consecuencia, nos encontramos en una especie de inercia desesperanzadora, que ojalá sea revertida mediante la masiva participación ciudadana en las próximas contiendas electorales, permitiendo así la llegada de gente nueva, sin mayores antecedentes burocráticos, ni de los nepotismos tradicionales usuales en nuestro medio, para romper con la corrupción que nos abruma. 

*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com.co

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