Por: José Manuel Herrera Brito*
Tiene el jurista y hoy Presidente de la República, doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, la obligación histórica de enterrar todo lo nefasto y políticamente incorrecto, en lo que se impone asumir con la responsabilidad patriótica que le es propia, la tarea fundamental de preservar la democracia en nuestro suelo. No más permitirnos que oscuros caudillismos ni organizaciones políticas sigan pretendiendo impunemente, como lo han anunciado, luego de haber destrozado al país, estarse preparando para retornar al poder e insistiendo que son ellos y no otros los llamados a salvar al país de la profunda crisis que ellos mismos, borrachos de poder y otros aromas originaron.
Es claro y sobremanera necesario que por los múltiples daños generados al país, los salientes gobernantes y los suyos deberían ser sometidos a un severo juicio histórico para proscribirlos de por vida; y, no por los mecanismos formales, sino en y por la conciencia de los ciudadanos, no por decreto, sino por el conocimiento de lo que absurda y realmente significaron; por destrozar nuestras economía, erosionar la institucionalidad, colonizar la justicia, tratar de someter con infundios a la Registraduría, pervertir la administración pública y sembrar la corrupción en todos los niveles del Estado. Nunca antes Colombia había experimentado un proceso de desinstitucionalización de semejante calado.
Lo que hicieron con la Fuerza Pública y demás otras instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el Estado de derecho tampoco puede ser olvidado, ya que terminaron trastocando funciones esenciales del Estado. Los daños no se limitaron a las instituciones y a la economía, sino que alcanzaron también a la naturaleza. Nunca ningún gobierno había tratado con semejante brutalidad a los bosques, los ríos y la fauna. Los incendios, la expansión descontrolada de actividades extractivas y la destrucción de ecosistemas dejaron una deuda ambiental que no podrá ser reparada en pocos años.
La corrupción, gigantesca por demás, por supuesto que merece un especial acápite; ya que si bien no nación con ellos, la elevaron a niveles de gloria. Convirtieron a los suyos, junto a sus dirigentes sindicales en operadores del poder, terminaron haciendo de los cargos y recursos públicos una fuente de enriquecimiento y dejo de ser la corrupción una anomalía para convertirse en una forma de ejercer el poder. Muchos y más sin duda los tantos daños y la magnitud de los mismos, que los más requerirán de varias generaciones para ser reparados. Horror de horrores. Razones entre miles las expuestas por lo que resulta inadmisible pensar en su retorno al poder. Y no es por miedo al otro, como estólidamente sostienen algunos seudo intelectuales de ellos, quienes aún encuentran justificaciones y defienden lo que significó el gobierno más funesto de nuestra historia. Se trata es de observar la experiencia, el apenas ayer, para evaluar sus resultados y aprender de ello.
Ese imposible definitivamente no puede ni podrá ser más y tienen que en adelante derrotado cada vez en las urnas. Entender que fue inconmensurable el daño que hicieron y deben pagar lo cual en la memoria colectiva. Comprenderse como sociedad que nunca debemos olvide lo que hicieron, lo que verdaderamente sucedió en esos cuatro años, como mal administraron los sagrados recursos públicos, lo que mal gastaron, lo que despilfarraron, por lo que muy en claro debe quedar el cómo acabaron con la economía provocando la crisis que hoy padecemos. Quedar también debe en la memoria lo que hicieron con la justicia, con las instituciones, con las empresas públicas, con los grandes proyectos inconclusos y con los innumerables casos de corrupción, además mostrar a quiénes beneficiaron y quiénes terminaremos pagando esas facturas.
Lo cual, para que nunca más suceda lo mismo en la memoria de las bases de los denominados movimientos sociales, debiendo quedar claro, también, que solo fueron sus dirigentes los que se beneficiaron del tan cacareado proceso de cambio y ellos vilmente utilizados, aunque michos batieron palmas y lo siguen haciendo alrededor de semejantes y fatales desafueros. Mientras sus dirigentes engordaban, sus votantes permanecen hoy viviendo en condiciones de pobreza. No se trata de propaganda. Tampoco de fabricar un nuevo relato y mucho menos manipular conciencias, como en efecto ellos lo hacen y convierten la manipulación sistemática de las masas en un instrumento de dominación, cosa que no necesitamos, sino exactamente lo contrario.
Colombia necesita una política pública de memoria, información y verdad. No hay que manipular a los ciudadanos para rechazarlos , sino informarlo para que puedan juzgar con los datos de su memoria. Si conociéramos en su verdadera magnitud el costo económico, institucional, social y ambiental de estos pasados cuatro años, jamás volverían a apoyarlos. Y si, después de conocer todo, alguien todavía quiere votar por ellos, estarán cavando su propio cadalso.
Señor Presidente, perdone mi insistencia, pero tiene Su Señoría la inmensa tarea, no simplemente de mostrarlos en sus bajezas, sino gobernar bien como sabemos que lo hará, para que dejen de ser necesarios como respuesta al fracaso por ellos mismos cometido. No es enterrarlos con discursos, sepultarlos de la mano de la sociedad cuando es su conjunto tome conciencia de los mayúsculos daños provocados.
Para ello, hay que desmontar una a una sus mitos, construidos alrededor de haber sido los grandes redentores de los pobres, de que administraron correctamente la riqueza nacional y de que solamente ellos pueden defender a los sectores populares, lo que es una mentira más grande que el Everest.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ellos no necesitan ser perseguidos para desaparecer, más sí ser juzgados por la historia, juicio que no debe construirse desde el odio ni la propaganda, sino desde la memoria, los datos y los resultados.
