Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

Las transiciones políticas rara vez obedecen a la narrativa que las sociedades construyen para sobrellevarlas; mucho menos cuando se trata de Estados erosionados, atravesados por economías informales de poder, estructuras armadas paralelas y una larga pedagogía de la coerción. Venezuela se encuentra precisamente en ese punto, un momento histórico que exige ser leído no desde la aspiración democrática, legítima, pero insuficiente, sino desde la gramática real del poder.

El error analítico más persistente consiste en confundir legitimidad con capacidad de mando. En contextos estables ambas suelen coincidir; pero, en transiciones duras casi nunca. Allí, el poder efectivo no lo ejerce quien representa la voluntad popular o quien goza de simpatía, sino quien controla los instrumentos que permiten imponer, contener o administrar la violencia. Y en la Venezuela contemporánea, ese poder continúa residiendo, en una proporción determinante, en el chavismo que aún conserva control armado, territorial y operativo.

No se trata de una defensa ni de una normalización del régimen; es una constatación estratégica. La política que parte de supuestos falsos no es moralmente superior, es estructuralmente impotente.

Venezuela no es hoy un Estado plenamente soberano en el sentido clásico, pero tampoco un Estado colapsado. Es algo más complejo y, por ello, más difícil de desmontar; nuestro país hermano tiene una soberanía fragmentada, distribuida entre actores formales e informales, con zonas de control superpuestas y lealtades que responden más a la supervivencia que a la ideología.

En ese contexto, el poder no se concentra únicamente en el Palacio de Miraflores, sino en cuarteles, comandos regionales, servicios de inteligencia, redes económicas ilegales y estructuras parapoliciales. Cualquier transición que ignore esta cartografía del poder está condenada al fracaso o, peor aún, a una implosión violenta.

Por eso, las transiciones no comienzan con elecciones ni con grandes acuerdos nacionales, sino con negociaciones opacas, incómodas, frecuentemente moralmente ambiguas. No se negocia con quienes tienen razón, sino con quienes pueden garantizar que el país no se incendie mientras se redefine el orden político.

Y aquí aparece la figura de Delcy Rodríguez como nodo funcional del sistema.

Desde esta perspectiva debe leerse la centralidad de Delcy Rodríguez en los canales de interlocución actuales. Su presencia no es una anomalía, es un síntoma; representa un esquema funcional dentro del sistema de poder vigente, capaz de articular tres dimensiones críticas en la fase inicial de cualquier transición.

La primera es la continuidad administrativa. En Estados altamente personalistas, la caída abrupta de una cúpula puede paralizar todo el aparato público. La continuidad no implica legitimidad, pero sí evita el vacío. Y en geopolítica, el vacío es siempre ocupado por fuerzas más radicales y menos controlables.

La segunda dimensión es la gestión de la seguridad. En Venezuela, la seguridad no es una política pública; es un equilibrio inestable entre actores armados con distintos grados de autonomía. Si bien Delcy Rodríguez no controla todo ese sistema, mantiene canales de comunicación con sus principales componentes. En una fase de transición temprana, eso equivale a tener acceso al sistema nervioso del Estado.

La tercera es la capacidad de ejecución. En negociaciones reales, el valor de un actor no se mide por su discurso, sino por su capacidad de cumplir compromisos. Información sensible, órdenes que se obedecen, acuerdos que se materializan. Delcy Rodríguez puede entregar eso. Esa es la razón por la cual está en la mesa.

No hay afinidad ideológica en esta decisión, hay pragmatismo estratégico. No se trata de una absolución moral si no de una contención del riesgo.

La ausencia de María Corina Machado en esta etapa suele interpretarse como una exclusión injusta o una traición al mandato popular. Esa lectura, aunque comprensible, confunde tiempos históricos distintos.

María Corina Machado encarna un capital político esencial que implica legitimidad social, claridad moral y coherencia discursiva; pero ese capital no se traduce automáticamente en capacidad de gobernar un proceso de desescalada armada. La razón es sencilla, no controla fuerzas coercitivas, no administra territorios, no gestiona cadenas de seguridad. Su poder podría suponerse normativo, pero jamás operativo.

En una fase de alta volatilidad, cuando el principal objetivo es evitar una explosión violenta, el poder normativo es necesario, pero no suficiente. Antes de que la legitimidad decida, debe existir un marco mínimo de orden.

Existe, además, una razón estructural que rara vez se explicita, para el núcleo duro del chavismo, María Corina Machado no es una interlocutora, sino una amenaza existencial. Su proyecto político implica una ruptura profunda con el sistema de impunidad, redes económicas y lealtades forzadas que sostienen al régimen. Introducirla prematuramente no abriría una negociación; la cerraría.

Esto no invalida su rol histórico; solo lo desplaza hacia el momento en que la legitimidad vuelva a ser la moneda dominante.

De otra parte Edmundo González representa otro tipo de capital, el institucional, el moderado, el simbólico. Es una figura útil para la fase de normalización, cuando el país necesite reconstruir confianza, proyectar estabilidad y ofrecer una imagen de transición ordenada.

La verdad es que Edmundo González no puede ser considerado en este momento un operador de poder, tan solo un símbolo; y tales símbolos no sustituyen a los operadores de poder, en atención a que no gestionan crisis de seguridad ni contienen estructuras armadas. Su eficacia aparece cuando el conflicto ya ha sido encapsulado.

Confundir estas funciones es uno de los errores más comunes en sociedades que desean una salida inmediata y limpia de procesos históricamente sucios.

La experiencia comparada, desde América Latina hasta Europa del Este y África, muestra que las transiciones profundas suelen desplegarse en tres grandes fases, rara vez lineales y nunca puras.

La primera fase es la del control del caos. Se negocia con quienes tienen capacidad de daño, con quienes conocen los puntos de ruptura del sistema, con quienes pueden evitar una guerra interna. No es una etapa ética; es una etapa de supervivencia estatal.

La segunda fase es la del reacomodo del poder. Se incorporan actores civiles, técnicos, figuras de transición; se redistribuyen cuotas, se redefinen lealtades, se construyen equilibrios precarios pero funcionales.

La tercera fase es la de la legitimación. Elecciones, narrativa democrática, representación popular. Es aquí donde el liderazgo con mayor respaldo ciudadano adquiere centralidad histórica.

El error emocional, comprensible en una sociedad exhausta, consiste en creer que estas fases pueden invertirse o superponerse sin consecuencias. La historia demuestra lo contrario; cuando se intenta legitimar sin haber contenido el caos, el resultado suele ser regresión autoritaria o violencia abierta.

Que María Corina Machado no esté hoy en la mesa no implica que esté fuera del proceso; solo implica que el proceso aún no ha alcanzado su fase de legitimación. El verdadero riesgo aparecería si su exclusión se volviera estructural, señalando una transición diseñada para estabilizar sin democratizar.

Por ahora, la secuencia, aunque a muchos le resulte incómoda, responde a una lógica reconocible; primero se dialoga con quienes controlan la coerción; luego con quienes pueden administrar el Estado; finalmente con quienes pueden representarlo.

La historia casi nunca comienza donde las sociedades quisieran que comenzara. Pero avanza igual, guiada no por la justicia inmediata, sino por la persistencia de las estructuras.

Comprender esta lógica no equivale a rendirse ni a justificar lo injustificable; por el contrario, equivale a pensar estratégicamente. Porque en geopolítica, las transformaciones duraderas no se imponen por virtud, sino por secuencia. Y solo quienes entienden el orden de los tiempos pueden aspirar a influir en el desenlace final. 

*Abogado. Escritor. Analista. Columnista