Por: Guillermo Barreto Vásquez*

En el Magdalena no hay polarización: lo que hay una guerra política, jurídica, mediática y simbólica que lleva  más de quince años gestándose. Una confrontación que, con el tiempo, dejó de ser una simple pugna entre proyectos de ciudad que pueden servir como inspiración, diagnóstico o propuesta transformadora para Santa Marta o modelos de gobierno  que definen la estructura del poder y su relación con el pueblo, para convertirse en una disputa estructural y personal entre un viejo poder atrincherado y un proyecto político insurgente que se niega a rendirse.

En el centro de ese huracán se encuentra Carlos Caicedo un  hombre al que buena parte del establecimiento local ha decidido convertir en su enemigo común.

Caicedo no es un político convencional. Proviene de una insurgencia de  izquierda con vocación de poder y, no de simple oposición simbólica. Desde que asumió el control de la Universidad del Magdalena en medio de una crisis institucional, marcó su diferencia: confrontó las lógicas clientelistas, desmontó redes enquistadas y comenzó a construir una base social que luego lo llevó a la Alcaldía de Santa Marta, más tarde a la Gobernación, y hoy lo proyecta como un actor político de dimensión nacional.

Ese recorrido ha despertado reacciones intensas. Lo que ha enfrentado no ha sido únicamente crítica institucional o control político: ha sido un cerco sostenido en múltiples frentes, en el que confluyen sectores del empresariado, clanes políticos tradicionales, operadores judiciales, medios de comunicación locales, grupos religiosos, exfuncionarios, e incluso familias que durante décadas operaron el Magdalena como si fuera una propiedad privada. Para ese bloque, Caicedo es una anomalía que debe ser neutralizada.

Basados en sus equivocaciones y los incumplimientos de los compromisos de los planes de gobierno, contra él se han activado denuncias, investigaciones,  y un asedio político que parece diseñado para borrarlo del mapa. No porque hasta ahora, se haya probado corrupción o delito alguno, sino porque ha roto los equilibrios tácitos del poder regional.

Lo que pasa en el Magdalena refleja una tendencia nacional no es un caso aislado:   refleja una tendencia que se repite en Colombia.   Cuando un liderazgo nuevo desafía el statu quo con resultados que pretenden ser reales, la respuesta no es el debate democrático, sino la persecución institucional coordinada. En lugar de preguntarse por qué siguen votando por quien diga Caicedo o qué vacío institucional llenó su excluido movimiento Fuerza Ciudadana, que  muchos prefieren etiquetarlo como populista o montar teorías sobre clientelismo alternativo, como si el pueblo no tuviera derecho a elegir a alguien que no venga de los apellidos de siempre.

Por supuesto, Caicedo no es infalible. Hay decisiones discutibles, tensiones internas, egos desbordados y una narrativa épica que a veces bordea el mesianismo. Pero nada de eso justifica el asedio sistemático. Si se quiere debatir su legado, que se haga en las urnas, en los barrios, en los medios, en los espacios públicos y es la oportunidad en la medida que se presente una elección atípica en el departamento del magdalena para elegir gobernador. 

El Magdalena no necesita conformismo ni unanimidad. Necesita democracia de verdad. Y eso implica aceptar que nuevos liderazgos —como el de Rafael Noya o cualquier otro— también tienen derecho a existir, a competir, a proponer. Sin miedo. Sin persecución. Porque el problema de fondo no es Carlos Caicedo ni el candidato que respalde.

El problema es que una parte de las élites distritales y regionales aún no ha entendido que el poder no es patrimonio de nadie. El poder, en democracia, debe poder cambiar de manos.

Y cuando eso pasa, no se desata el apocalipsis: se renueva la política. 

*Economista. Investigador y Gestor Cultural. Escritor. Compositor. Conferenciante. Premio Nacional de Música y Departamental de Cultura