Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*

Básico sin duda es y será siempre fomentar la participación ciudadana, que consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas, que en el país recibió reconocimiento legal con la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en nuestra legislación la afirmación que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”; y, que bien y mejor nos sirve para alcanzar superiores metas de desarrollo sostenible; más cuando estamos enfrentados como país a nuevos escenarios en lo económico, político, social y ambiental, en un contexto altamente complejo: una pandemia que nos desafió y aún nos reta en todos los aspectos de la vida y repercute en nuestra forma de avanzar hacia el desarrollo.

Esta nueva realidad impone otros desafíos a la institucionalidad pública, como es recuperar la confianza de los ciudadanos, lo que es eminentemente fundamental; y si bien en los últimos decenios, el Estado ha experimentado un proceso de modernización y crecimiento económico que ha redundado en un país más complejo, con una sociedad más participativa y demandante, la modernización de la gestión pública ha tenido un acento más técnico que participativo; y no podemos olvidar que es en la participación donde real y verdaderamente hay más espacio para avanzar, especialmente en aspectos que tienen que ver en cómo se configura un Estado más presente y consciente de las necesidades de los territorios; un Estado que se haga cargo realmente de las diferencias que se registran en las regiones, no solo desde el discurso, sino desde la construcción conjunta de las soluciones concernientes.

Es momento de plantear objetivos mayormente ambiciosos y sustantivos, que estructuren una agenda del mediano al largo plazo para transformar la modernización en una política de Estado, en lo que importa consolidar la relación Estado-ciudadano, fomentando aún más la participación para abordar desde una dimensión integral, los procesos de transformación de nuestra sociedad en su conjunto; toda vez que la modernización requiere sostenerse en una visión con amplia legitimidad política y social, proponerse alcanzar metas ambiciosas de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo; y se traduzca en acciones inmediatas con alta posibilidad de cumplimiento y experiencias de logro, que puedan ser percibidas por la ciudadanía como efectos reales.

La participación es factor estratégico que puede afianzar la estabilidad de las instituciones y la gobernabilidad democrática, al controlar y limitar el poder del Estado. Se articula como eje central de un régimen democrático moderno, que concibe la relación Estado-ciudadano, como de cooperación; vale decir, una relación más horizontal y cercana, que involucra a la ciudadanía en el diseño, elaboración y control de políticas y programas, garantizando una mejor pertinencia de las decisiones públicas. Mejora la participación ciudadana la calidad y eficiencia de la gestión pública como mecanismo de expresión e integración de las demandas de interés público, incorporando la capacidad propositiva e innovadora de los ciudadanos, que aportan en la creación conjunta de las políticas públicas con una visión territorial.

De ahí la importancia de hacer claridad en que la modernización del Estado está en lograr la satisfacción de los usuarios, mejorar la calidad de los servicios públicos y elevar los niveles de transparencia, lo que requiere incorporar técnicas de gestión más modernas para hacer eficaz y eficiente el funcionamiento de los organismos públicos. Es dar nuevos impulsos al servicio público para lograr mayor equidad y competitividad, con un Estado renovado y una relación más cercana a los ciudadanos, que es de lo que real y verdaderamente se trata.

*Luis Gilberto Ramírez. General (r) Ponal. Administrador. Asesor y Consultor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo