Por: Melanio Zuñiga Hernández

Los Ministerios de Cultura, Interior y Justicia y la universidad de los Andes,  realizaron en el año 2005 una investigación orientada a identificar y puntualizar algunos aspectos del panorama socioeconómico y político de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de Colombia, y tratar demostrar en lo posible, como durante años la historia oficial de Colombia no reconoció adecuada ni suficientemente el esfuerzo, el protagonismo y el aporte de las comunidades negras a la construcción de la nacionalidad colombiana.

De igual manera se orientaba a determinar asi mismo, cómo la importancia de los territorios colectivos y su extensión se relacionan principalmente con los valores históricos, culturales, sociales, naturales y políticos que le albergan, brindando un valioso aporte a la nacionalidad y la diversidad de Colombia.

Entre otras conclusiones se logró evidenciar que el patrón actual de poblamiento de los afrocolombianos en el territorio nacional, tiene sus explicaciones en las dinámicas históricas asociadas a la mano de obra, en el entendido, que desde el año 1.533 la demanda por mano de obra en regiones específicas, provino de ciertas actividades económicas que determinaron la distribución geográfica de los negros; patrón que se mantuvo sin cambios hasta más allá del año 1851, cuando se decretó la “liberación” por parte del Congreso de la República, de unos seres humanos sometidos contra su voluntad por parte de los mercaderes de personas, que a pesar de ello mantuvieron activo y vigente su negocio hasta principios del siglo 19.   

La dinámica económica anterior contribuyo a que los negros empleados en la producción aurífera (Maya, 1995), fueran ubicados forzosamente durante el primer ciclo del oro de los ríos Nus, Nechí y el Magdalena Medio, en los departamentos de Antioquia y Magdalena.

El Segundo Ciclo de la minería a partir de 1640 y la expansión del cultivo de la caña de azúcar y de la ganadería, condujo al poblamiento de negros en los distritos de Citará, Novita, Barbacoas y el delta del rio cauca, ubicados en los actuales departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y el gran Cauca, que termino dividido posteriormente en los departamentos del Cauca y Valle de Cauca, por conveniencia económica y política de las familias de ascendencia esclavistas asentadas en estas regiones.

De manera paralela, el contrabando de personas esclavizadas introdujo población africana por lugares como Buenaventura, Charambira, Gorgona y Barbacoas en el litoral Pacífico, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién sobre la costa Atlántica.

La población negra se concentró entonces en la Llanura del Caribe, el Litoral Pacífico y los actuales territorios de los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca (Arocha, 1998). Además, los procesos de auto manumisión, las guerras de independencia, las guerras civiles del siglo XIX y la legislación abolicionista generaron una diáspora de afrodescendientes por todo el territorio nacional.

Para las muchas generaciones de colombianos que se educaron con el texto oficial de Historia de Colombia, de Henao y Arrubla, pasó inadvertida la existencia de los negros en Colombia, porque estos personajes y escritores de entonces los excluyeron del territorio nacional, cual símil de lo que sigue sucediendo hoy con los gobiernos departamentales y nacionales, de casi todas las regiones del país. Este olvido castigó severamente a las zonas de elevada presencia de población afrocolombiana, contribuyendo a que en la actualidad se encuentren en una situación rezagada en todos los sentidos.

El patrón de poblamiento y las determinantes condiciones, entre las que se puede destacar, la naturaleza boscosa de sus territorios, su valor ecológico, la fragilidad de sus suelos, las condiciones climáticas por ser una de las regiones más lluviosas del mundo con lo cual el desarrollo de actividades agrícolas convencionales se encuentra severamente restringido, la carencia de vías y deficiencias de infraestructura de transporte y telecomunicaciones, y una baja oferta de servicios públicos básicos y esenciales y, la escasa disponibilidad recursos económicos, se entienden factores determinantes que han limitado y limitan el desarrollo de dichas colectividades y sus actividades.

Paradójicamente estos territorios que coinciden con los sitios de mayor diversidad biológica del plantea, no aseguran la supervivencia en condiciones dignas de sus habitantes en su actual proceso de utilización y “desarrollo “por parte de los nuevos empresarios invasores; que hacen eco a la falta de apoyo y protección de sus recursos por parte del gobierno y autoridades colombianas.

Afortunadamente las dinámicas sociales y políticas determinan patrones y comportamientos que  van generando cambios en los procesos organizativos de las personas y sus territorios, dando origen a escenarios nuevos surgidos a partir del reconocimiento constitucional e internacional, como el determinado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – O.I.T; ratificado luego por la Ley 21 de 1991, que fructificó posteriormente en la Ley 70 de 1993, y la construcción, formalización y consolidación de los consejos comunitarios de los territorios poblados por las comunidades negras.

Los entes territoriales colectivos asi denominados, tienen una vocación clara de conservación generadora de servicios ambientales que resultan globalmente relevantes, y que tienen valor económico. Sin embargo, esos servicios ambientales no son transables económicamente aun en el mercado, o lo son sólo ocasional y de manera marginal; por lo menos en el caso particular de Colombia, que no ha querido o sabido aprovechar y explotar económicamente sus bosques como sucede en Costa Rica, país modelo en generación de ingresos ambientales y de ecoturismo.

Las limitadas condiciones de la actividad económicade esos territorios y asentamientos poblacionales, que seentiende como el procedimiento que implica la producción e intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir una renta por ello, se centra puntualmente en actividades primarias en sus diferentes fases, favoreciendo la acentuación de la pobreza económica de sus habitantes, que a la hora de acometer actividades económicas, productivas y sostenibles, enfrentan retos particularmente difíciles por la presencia de cultivos ilícitos y la incidencia del narcotráfico y de actores armados; factor determinante para que el 98.3% de afro colombianos abandonen forzosamente sus territorios, refugiándose en las grandes ciudades del país, donde experimenten niveles desproporcionados de pobreza, exclusión social y una severa discriminación.

Hoy el 75% de la población afrocolombianos (a) del país recibe salarios inferiores al mínimo legal, y su ingreso per cápita promedio se aproxima escasamente a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1.500 dólares, factor determinante para que su esperanza de vida se ubique un 20% por debajo del promedio nacional.

Esta aguda situación que padecen los territorios colectivos y sus habitantes, y la ausencia de alternativas económicas sostenibles y productivas, conlleva a que las comunidades se vean obligadas a talar el bosque primario o a transformar las tierras para el uso agrícola doméstica en cultivos ilícitos, como forma de garantizar la supervivencia de sus familias; pues las potencialidades que tienen estas regiones para el desarrollo de proyectos de conservación y de “deforestación evitada”, con los cuales se pueden crear incentivos y condiciones económicas necesarios para que las comunidades generen ingresos y detengan los procesos de deforestación y deterioro, no son apoyados por los gobiernos nacionales.

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