Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
El país, ciudades costera y en especial nuestro Distrito Turístico, Cultural e Histórico – DTCH de Santa Marta, deben sí o sí mirar más al mar y establecer en tal propósito una agenda múltiple para la competitividad nacional e internacional, dado que lo cual es una parte decisiva de su porvenir que pasa por sus puertos, sus rutas marítimas, sus costas y por la capacidad de construir una política pública oceánica a la altura de su geografía. No podemos seguir pensándonos como un país y una ciudad terrestre, donde buena parte de la conversación pública gravita alrededor de carreteras, fronteras, aduanas terrestres, parques industriales y corredores logísticos interiores.
Somos un país y una ciudad marítimas, tenemos mar en gran parte de nuestra geografía, puertos estratégicos, posiciones privilegiadas, economías estrechamente vinculada al comercio exterior; razones por la que mirar al mar no es un capricho, un berrinche ni una metáfora, sino una importante necesidad jurídica, económica y estratégica.
En nuestro caso, la competitividad nacional ya no depende sólo de producir más o atraer inversión, sino también de mover mercancías con seguridad, eficiencia, trazabilidad y certeza jurídica. Por ello, los puertos, el transporte marítimo, la logística, la digitalización aduanera, la seguridad de las cadenas de suministro y la protección ambiental deben entenderse como parte de una misma agenda pública.
En mi parecer, Los tratados de libre comercio ofrecen al país una oportunidad aún insuficientemente aprovechada, lo que obliga robustecer la integración regional por vía marítima, dado que bien y mejor puede contribuir a descongestionar, diversificar cadenas logísticas, reducir costos y potenciar nuestros puertos. Es oportunidad que requiere algo más que infraestructura, siendo menester una sólida y múltiple agenda, articular mejor su derecho marítimo, portuario, aduanero, ambiental, energético, digital y de comercio exterior. La eficiencia portuaria no depende sólo de grúas, patios y terminales; sino de reglas claras, coordinación institucional, ventanillas digitales funcionales, contratos confiables, solución eficaz de controversias y estándares compatibles con mejores prácticas internacionales.
La digitalización portuaria no debe verse sólo como mejora tecnológica. Es también una cuestión de Estado de derecho. Si los documentos electrónicos, los sistemas de trazabilidad, la ciberseguridad, los datos logísticos y las plataformas interoperables carecen de bases jurídicas sólidas, la actualización queda incompleta. Igual acontece con la sostenibilidad. La protección del medio marino, la transición energética, la descarbonización del transporte marítimo y la infraestructura resiliente al cambio climático no pueden separarse de la política portuaria ni de la competitividad comercial. En pleno S XXI, un puerto competitivo tiene que ser también seguro, digital, ambientalmente responsable y jurídicamente previsible.
Poseemos condiciones geográficas excepcionales, pero la geografía por sí sola no genera desarrollo. Convertir una posición marítima en ventaja competitiva requiere visión institucional, inversión, planeación de largo plazo y una cultura jurídica que reconozca al mar como espacio de comercio, seguridad, innovación, energía, conectividad y futuro. Una agenda múltiple con el mar de protagonista en gran medida, no debe permanecer en los márgenes del debate público, sino ocupar un lugar central en la conversación sobre competitividad, nearshoring, seguridad económica, integración regional y desarrollo nacional. Manos a la obra es lo debido tras este valiosos objetivo. Los sabios de la temática tienen la palabra.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público. Analista. Conferenciante. Columnista
