Por: Uriel Ortiz Soto (*)
Cuántos empleos directos e indirectos, se encuentran cesantes, por culpa de prohibir la actividad minera, declarándola ilegal, muchas veces sin fórmula de juicio, con el argumento de proteger el medio ambiente, medidas que si bien sin indispensables, aún no están nada claras.
La actividad minera en Colombia, fue adoptada por Ley 1382 /2010, que reformó la ley 685 del 2001; lamentablemente, se ha incurrido en varias imprecisiones, que no son nada claras, para la regulación del medio ambiente, protección de los ríos y de humedales en la actividad minera.
Como consecuencia lógica de todas estas improvisaciones, son cientos las explotaciones mineras que se encuentran inactivas y miles las familias damnificadas, puesto que su actividad ha sido declarada: minería ilegal.
Es toda una improvisación, que se pasea por los organismos del Estado; quienes están llevando las de perder, son familias y ciudadanos trabajadores, que toda su vida la han dedicado a la actividad minera, pero que últimamente se las han declararles como ilegal, sin ninguna fórmula de juicio.
Es lamentable tener que decirlo, pero, tanto gobierno, como organismos de control, viven rasgándose las vestiduras, prohibiendo actividades mineras en Colombia, pero, a la fecha no existe ninguna norma clara, que la prohíba o la regule.
La actividad minera requiere con suma urgencia de una legislación clara, con el fin de utilizar estos recursos, para el bienestar de todos los colombianos; a la fecha merced a todos estos despropósitos, son varias las minas que después de estar operando por varia generaciones, se encuentran inactivas, por culpa de unas ordenes de gobiernos: nacional, regionales y municipales, que no tienen ningún asidero legal y jurídico.
Nadie entiende, prevalidos de qué normas legales y vigentes, muchos organismos medioambientalistas visitan explotaciones mineras y al no encontrarles licencias o títulos mineros, proceden a decomisar o destruirles la maquinaria y llevarlos como delincuentes a la cárcel.
Mucho se está hablando de la minería ilegal en Colombia, pero, a la fecha no existen normas claras, que permitan reglamentarla, el presidente Duque radicó en julio pasado, proyecto de Ley en el Congreso, para reglamentar el ejercicio de la minería en Colombia, pero, lamentablemente a la fecha, no se sabe de su suerte legislativa.
En medio de las tantas dificultades económicas, que estamos viviendo, más las que se avecinan, producto de la pandemia del Covid 19, valdría la pena, que nuestros gobernantes, sin hacer caso omiso de la protección del medio ambiente, revisaran tales decisiones, con el fin de darles vía libre.
Lo primero que debería hacerse para lograr tal objetivo, es la definición concreta de tales actividades, con claras excepciones y de protección medioambientalista, para cada uno de los minerales a explotar.
Los títulos mineros y las licencias de explotación, deben expedirse de conformidad con las normas legales vigentes y quienes no dispongan de estos permisos, darles un tiempo prudencial para que así lo hagan, insistiéndoles en el cuidado de protección al medio ambiente.
Pero de allí, como lo han mostrado diferentes medio de comunicación, las secretarías departamentales y municipales, encargadas de vigilar el medio ambiente, lleguen a una mina con años de tradición, decomisan o destruyan la maquinaria y lleven presos a quienes se encuentran en ella, considero que no es nada claro, y se puede estar incurriendo en el delito de abuso de autoridad y la violación del derecho al trabajo.
No nos apartamos de las normas legales que deben regir para el ejercicio de tal actividad, pero, si es menester que estas sean más claras, con protecciones medioambientalistas.
No se justifica que varios ciudadanos, dedicados toda una vida al ejercicio de esta actividad, se encuentren en la cárcel, por el delito de ejercer la minería ilegal, cuando existen varias multinacionales con vía libre para hacerlo.
La actividad minera en Colombia, nació con nuestra propia idiosincrasia y es tan ancestral, como la agricultura de la cual nos nutrimos todos.
Es cierto, que en toda actividad, la protección del medio ambiente y recursos naturales, se requiere de medidas claras para protegerlo, pero, de ahí, que se estén cometiendo abusos decomisando y destruyendo maquinaria a pequeños mineros, además llevándolos a la cárcel, es otro cuento para divulgar y poner en estado de alerta a las ONG, nacionales e internacionales de protección al trabajo y los derechos humanos.
La minería en Colombia viene de épocas ancestrales y son miles las familias que merced a esta actividad, han logrado salir adelante, pero, lamentablemente y con justificada razón, en los últimos tiempos por protección al medio ambiente, los gobernantes de turno, han dictado serie de medidas nada claras, que impiden continuar desarrollando tal actividad, dejando varias familias a la deriva y pasando hambre.
