POR: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ

Como es de todos conocido, la Constitución Política de Colombia de 1991 buscó fortalecer el Estado, el Gobierno y la Sociedad Civil principalmente, en un intento para responder a las gravísimas amenazas que asediaban al país por parte de los grupos armados ilegales y la parálisis institucional.

El texto constitucional original se acomodaba entonces a las corrientes de pensamiento de la posguerra fría, y así se preparó el camino para el nuevo modelo económico y político que, en un contexto globalizado, entró a operar con algunas tonalidades en vigor.

Para los colombianos en general, se trata de una Constitución nueva producto de una construcción histórica que aún sigue su curso. No obstante, lo anterior, el tiempo se ha encargado de demostrar que el solo mandato jurídico no era suficiente para transformar el país; pues si bien las nuevas reglas de juego contemplaban mecanismos más flexibles de reformas, que les iban a permitir a los futuros presidentes gobernar de cara al pueblo, sin necesidad de introducir tantas modificaciones de mayor o menor calado, en la práctica no ha sido asi.

El Estado fortalecido con instituciones como la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, las comisiones regulatorias, la independencia de los organismos de control, la independencia de poderes estratégicos como el de la televisión o el Consejo Electoral, que generaron un ambiente de confianza para favorecer la inversión; terminaron siendo cooptadas por los gobiernos de turno.

Si bien es cierto los derechos fundamentales como la acción de tutela y las acciones populares pasaron a ser una realidad, reiterada por la Corte Constitucional, en sentencias históricas como el mínimo vital, derechos sociales, diversidad étnica, derechos de las mujeres, desplazados, salud, etcétera, la realidad ha mostrado a los ciudadanos que la tan cacareada igualdad de derechos se ha convertido en algo teórico; pues paradójicamente, las peores violaciones de los derechos humanos relacionados con la integridad personal han coincidido con la más sofisticada protección a los derechos.

A esa conclusión se llega fácilmente al considerar que la tan ambiciosa descentralización no ha contado con los controles suficientes, y configuraciones político criminales la trastornaron hasta convertirla en uno de los escenarios más escandalosos de corrupción; considerando que si bien la elección popular de alcaldes y gobernadores propició en muchos casos gestiones admirables que no siempre han sido sostenibles, la dinámica política desnaturalizó esquemas bondadosos.

Los múltiples mecanismos de participación, la tan cacareada apertura política y los esfuerzos por crear ciudadanía, cambiaron radicalmente el escenario político, eliminando el tradicional bipartidismo y dando paso a una pluralidad de fuerzas que, más allá de una limitada representación en el congreso, no han servido para crear gobiernos monocolores, ya que la cohabitación entre diversas familias políticas se hizo rutinaria; dando origen a un Congreso que ha vivido las peores crisis de su historia como el proceso 8.000, la parapolítica, yidis política y falsos positivos entre otras.

La participación política se cambió por representación electoral, en donde los ciudadanos colectiva e individualmente no gozan de un espacio privilegiado en todos los ámbitos. Todo el fortalecimiento institucional y esa apertura política no sirvieron para consolidar acuerdos entre los colombianos, y antes por el contrario se acentuó la polarización dejando sin oxígeno la propuesta de armonizar los conflictos sociales y políticos, y el respeto a la diversidad y las minorías étnicas, propios de una democracia institucional.

Por primera vez en la historia la Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, donde se respalda legalmente los derechos de la población afrodescendiente, la cual, define como “una comunidad con una pertenencia étnica particular que se configura bajo procesos propios de tipo histórico, cultural, social, político y ancestral”, que resguardados bajo la Ley 70 de 1993, crea dos espacios de representación en el Congreso a través de una circunscripción nacional especial.

Corresponde resaltar que el desarrollo histórico de los pueblos afrocolombianos ha estado marcado por una constante lucha por el reconocimiento como ciudadanos dentro de la estructura del Estado/Nación desde el siglo XV, que de vez en cuando y dependiendo de los convenientes intereses, juega una doble partida con ellos, “incluyéndolos” en ocasiones cuando se hace necesario y requerido de forma coyuntural o apartándolos según el cambiante escenario político y económico.

Con la expedición del Decreto 300 de 2010, mediante el cual se fija el número de Representantes a la Cámara que permite la elección por circunscripción territorial, circunscripción especial y circunscripción internacional, se establece la posibilidad de elegir un representante por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor a 182.000 (por encima de los primeros 365.000

Sin embargo, el espacio político que generó este decreto para asegurar la participación de los grupos étnicos y las minorías políticas en esta instancia, se ha visto limitado de manera especial para las comunidades negras, por la presencia de candidatos con nexos con grupos económicos, de narcotráfico, grupos emergentes o de élites politiqueras, cuya participación en el escenario político fue inicialmente en el seno de los partidos políticos tradicionales; que los llevaron a convertir la Circunscripción Especial para Negritudes en un juego electoral con profundas raíces en el clientelismo político.

Esta realidad que se ha ido acentuando con el paso del tiempo, ha afectado directamente la participación de grupos afro con origen comunitario, que han intentado y querido acceder a dichos espacios políticos, de acuerdo con el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sin mayores posibilidades; convirtiéndose en un quiebre adverso en relación con las formas tradicionales de poder que se han desarrollado en el país.

La nueva herencia electoral asi agenciada, ha sido un camino expedito y corto para lograr estatus político y social, mientras que la unidad del movimiento afro se ha visto resquebrajada por la dispersión de los representantes políticos afro y los votantes, que en cada periodo electoral terminan en una endémica carrera por la participación de listas electorales, que termina incentivando más divisiones y sin posibilidades reales de acceder al Congreso.

Frente a esta realidad, las organizaciones de la sociedad civil, los consejos comunitarios, los académicos, los  jóvenes, las mujeres y la población LGBTI, entre otros, que integran las mayores expresiones de la población afrocolombiana, raizal y palenquera del país, convocados por la Plataforma Movimiento Social Afrocolombiano (MSA), han tomado la decisión de integrarse y participar con listas propias al Congreso de la Republica, y tratar de consensuar la escogencia de un candidato a la presidencia de la república; evento al que han manifestado su interés de participar cuatro (4) precandidatos considerando el potencial electoral de esta población, que supera los más de 3 millones de habitantes actos para ejercer el derecho al voto, concentrados principalmente en la Región Pacífica, en especial en los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño; la Costa Atlántica en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y la Guajira, Valles Interandinos y en las grandes ciudades cómo, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Cartagena, Barranquilla, etc.

En el desafío por superar la fragmentación, impedir la instrumentalización
electoral, y evitar en lo posible, la continuada usurpación de estas dos curules afros por parte de algunos personajes y los partidos políticos, el equipo de facilitadores que integran la Plataforma Movimiento Social Afrocolombiano (MSA), y las diferentes expresiones sociales, reunidos armónicamente y con mucho entusiasmo el 31 de julio del 2021 en la ciudad de Cali, en el Congreso Político Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero; acordaron formular a toda la comunidad y sectores sociales de Colombia la siguiente propuesta:

  1. Reconocer el espacio Movimiento Social Afrocolombiano MSA, y solicitar se continúe el ejercicio de juntanza en otras ciudades del país para continuar articulando y recepcionando todas las propuestas que en lo político coadyuven a una representación amplia en el próximo congreso que se elegirá en marzo del año 2022,
  • La necesidad de Promover la participación de los jóvenes y mujeres a cargos de elección popular, por ser ellos, que estadísticamente presentan las tasas más bajas de participación política en estos cargos.
  • Decantar y promover una lista única por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, en la que los precandidatos y precandidatas presentes en el Congreso Político Nacional están de acuerdo; para lo cual el MSA generará una reunión para definir el mecanismo de selección.  
  • Que existen liderazgos en el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, que consideran urgente y necesaria la organización y participación política, deslindada de los clanes territoriales y familias políticas tradicionales para poder generar un nuevo rumbo político y una manera diferente de construir la gestión pública en Colombia; en especial una gestión pública que no condene a la miseria y al etnocidio a al pueblo negro, lo que constituiría un salto político.
  • Que el MSA propicie y condense un dialogo nacional para definir unidad de acción con quienes consideran la necesidad de un cambio que signifique dejar atrás el trabajo político, con quienes promueven y llevan el voto a la usanza antigua, corrupta, racista y excluyente; clase dirigente que está conforme y de acuerdo con el actual orden social, político y económico, que impide que se pueda desmarcar y decantar un liderazgo que pone como comodín su proyecto personal e intereses, en desmedro del pueblo afrocolombiano. 
  • Que el Salto Político no se logra solo generando prácticas y trabajo para una o dos personas que sean nombradas en altos cargos, atendiendo al ascenso social de un individuo o un grupo minúsculo de personas; este solo se logrará cuando aquellas personas representan una agenda política de movimiento organizativo que agencia un accionar político en virtud de los anhelos de un pueblo. Eso implica que sea un movimiento antirracista, anti patriarcal, que condene la corrupción, y que no tolere la exclusión que la clase política en el poder agencia
  • La necesidad de presentar candidatos y candidatas del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero a la Presidencia de la Republica y al Congreso de la Republica sirve de referencia para la incorporación de esta población en sus propuestas y programas de gobierno.

La articulación de un movimiento político autónomo de carácter pluriétnico y multicultural del pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, que asuma la incorporación de la Plataforma Política como manifestación de autonomía y voluntad permanente, cuya misión consista en trabajar por el rescate, defensa, cultura, valores, conocimientos, expresiones, cosmovisión y resolución de la problemática social; surge como una necesidad que debe convertirse en un paradigma a nivel nacional, que con la integración de las etnias indígenas, campesinos, desplazados por la violencia, comunidades indefensas y otras expresiones y sectores sociales, puedan impulsar sus candidatos y candidatas a la presidencia y el Congreso de la Republica.

Solo por esta vía, se puede trascender más allá de una serie de derechos fundamentales especiales consagrados en la Constitución Política de 1991, y los desarrollos jurisprudenciales que ha venido dotando, especialmente por sentencias de revisión de tutela o de unificación la Corte Constitucional; destinados a proteger la existencia y la integridad física y cultural de estos pueblos, que en la práctica no generan resultados tangibles en materia de desarrollo frente a la grave problemática que les afecta.

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