POR: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ

Según los reportes oficiales del gobierno nacional (periódico El Tiempo (19/09/2021), la entrada en vigencia a partir de enero del 2021de la Ley 2056 de 2020, que se sabe está orientada a proporcionar a las regiones un mayor impulso al desarrollo de proyectos de educación, infraestructura, alimentación y de ciencia, comunidades y medio ambiente, con la asignación de estos recurso para contribuir positivamente al fortalecimiento de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales; asignándole a los alcaldes y gobernadores la posibilidad de priorizar, viabilizar y aprobar en su territorio los proyectos de acuerdo con sus necesidades, con el acompañamiento técnico del DNP.

Estas asignaciones se entienden de gran interés para los territorios, considerando que hoy el 1.6% ($ 15.5 billones de pesos) del producto interno bruto (PIB) proviene del sector minero (hierro, carbón, coque, oro, plata, esmeraldas, platino, cobre, aluminio, níquel y muchos otros metales ferrosos y precisos; además, de cemento, cal, rocas y otros minerales industriales).

Igualmente, en materia de ingresos el 2.7% ($ 1.1 billones de pesos) corresponde al pago de impuesto de renta por cargas impositivas de las personas y empresas vinculadas al sector, cuya inversión extranjera durante el 2020 alcanzo los US$ 902 millones de dólares; en tanto las exportaciones ascendieron a los US$ 3.675 millones de dólares, no obstante, la presencia y agudización de la pandemia del coronavirus – COVID -19.

Los reportes proferidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y de acuerdo con el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso de la República, por primera vez se incluye una asignación del 5 % ($771.000 millones) para el medioambiente y desarrollo sostenible durante el bienio 2021-2022, lo que contribuirá a desarrollar más proyectos que aporten al pilar «Producir conservando y conservar produciendo».

La asignación para obras de infraestructura e inversión social proveniente del Sistema General de Regalías (SGR) se estima en $ 3,6 billones para la región Caribe; $2,9 para la región Llano, $1,7 billones para la región Centro Oriente, $1,4 billones para la región Pacífico, $1,2 billones para la región Centro Sur Amazonía, y $1,05 billones para la región Eje Cafetero. 

Se prevé igualmente que las comunidades étnicas, conformadas por los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rom (gitanos), tendrán una disposición para el bienio 2021-2022 de alrededor de $ 358.000 millones, sin precisar, si estos recursos hacen parte y están incluidos dentro de los $ 1.4 billones asignados a toda la región Pacífico, que comprende además los valles interandinos y los municipios o entes locales; o si por el contrario  se canalizaran de manera puntual y directa a través de los cabildos indígenas y consejos comunitarios de los pueblos afros.

En materia de control a la inversión para los recursos del SGR, la Ley 2056 de 2020 contempla varios aspectos que tienen como propósito mejorar la eficiencia y la transparencia en el manejo de estos recursos, entre otros:

  • La medición del desempeño de las entidades en la gestión de los recursos,
  • El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control para velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos de regalías con enfoque preventivo, para la recolección, análisis y verificación de la ejecución de los proyectos.
  • La articulación del DNP, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR.
  • Los sistemas de información dispuestos por el DNP en cada una de las etapas del ciclo de los proyectos y su interoperabilidad permiten mejorar la captura, consolidación y análisis de la información reportada, así como visibilizar y retroalimentar los resultados.
  • Propiciar mecanismos de participación ciudadana para el control social durante todas las etapas de los proyectos de inversión,

Importa señalar, no obstante, que a pesar de existir mecanismos como los definidos en Ley y muchas otras normativas, el contralor general de la República viene alertando de manera reiterada al gobierno nacional y el país en general, sobre los altos riesgos de corrupción que se sigue presentando en la contratación y ejecución de proyectos de inversión efectuada con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR); destacando entre otros:

  • Mala calidad en los materiales empleados en las obras.
  • Demoras en la ejecución de los proyectos (teniendo en cuenta el plazo previsto inicialmente en la planeación).
  • Ejecución de obras no pertinentes o necesarias para la entidad territorial (ej. Construcción de canchas sintéticas, pavimentación de vías que se encontraban en buen estado, etc.).
  • Deficiencias en la labor de interventoría y supervisión.
  • Falta de sostenibilidad de los proyectos.

De acuerdo con las revelaciones del Sistemas de Monitoreo de la CGR, $ 33,9 billones, del total de recursos contratados al 15 de junio de 2019 y las perspectivas para 2020, unos $ 4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa, lo que quiere decir que el 12% de la contratación total realizada en el SGR; van generalmente asociadas a situaciones como falta de planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación.

Los sectores de educación (con el 21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), son los de mayor contratación directa en departamentos como Córdoba, Nariño, Bogotá, Meta, Cesar, en los que se concentró el 53,9% de los proyectos con mayor riesgo de liberación de recursos.

Si bien es cierto entes como la CGR, y de manera muy tímida la fiscalía general de la Nación y la Procuraduría, intentan sin mayores resultados tangibles y significativos, mostrar evidencias del desorden e inadecuado uso de estos importantes recursos; no existe aún información confiable dispuestas por las entidades gubernamentales responsable de su acopio sobre el verdadero impacto que las regalías puedan tener en la inversión local y departamental.

Regiones como el Pacifico en donde los entes municipales han visto crecer y fortalecer la disposición de recursos a través del nuevo Sistema General de Regalías (SGR), no evidencian aun cambios perceptibles a la vista de sus ciudadanos en la atencion de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como mejoramiento o construcción de acueductos, alcantarillados, escuelas y colegios, infraestructura y dotación en puestos de salud y hospitales, escenarios deportivos, centros de cultura y recreación, etc.; en un país donde la intervención de los ciudadanos a través de los mecanismos de participación previstos en la Constitución Política y la ley para incidir en este tipo de eventos, se ve limitada por la cooptación que generalmente mantienen las autoridades locales y departamentales.

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