Por: José Manuel Herrera Villa*
Es la corrupción un fenómeno lesivo a todo faro, que es en muchos casos una de las principales causas de violencia, hasta el punto incluso que se le otorga categoría de histórica. Es ella, la corrupción, un medio a través del cual la delincuencia organizada se relaciona con el Estado; es con fines criminales progresiva en alto grado al transitar por varias fases tales como depredación, parasitismo y asociativa, que es la más delicada y en la que se encuentran inmersas distintas y muchas de nuestros municipios, departamentos y regiones, ya que en ellas organizaciones delictivas trabajan en conjunto con el Estado y lo que es peor, se utilizan mutuamente, lo que es, además de aberrante, aterrador y fuera de toda sana concepción.
Importa en este punto preguntarse cómo romper esta perversa y dañosa relación, lo que amerita todos los esfuerzos en manera suficiente orientados dirección a quebrarle a la misma en mil pedazos su columna vertebral, lo cual e además de importante, urgente, toda vez que no son halagüeños los resultados, debido a ser nuestras estrategias dispares y etéreas, mientras la violencia se asoma todos los días, generando que la mezcla entre el crimen común, organizado e institucional parezca uno solo.
La seguridad pública de proximidad ciudadana y el contacto permanente con la población facilita la corrupción, sobre todo cuando en los espacios de interrelación que se generan existen las condiciones idóneas para que ésta se presente, dada la existencia de agentes y mandos proclives a la corrupción, y la también existencia de una ciudadanía sumisa, colaboradora, acostumbrada y muchas veces obligada por las circunstancias, la vida misma y la presión violenta sobre ella ejercida.
Requeridos estamos de una estrategia anticorrupción bajo la mirada de una real gobernanza democrática, en atención a que no son suficientes tomas de decisiones unilaterales y coercitivas por no ser una solución plena, en la que no ha valido incrementar sanciones ni el fortalecimiento de los esquemas de control de confianza; siendo necesario entonces, cambiar la relación Estado / ciudadanía y hacerla corresponsable de la corrupción y, por ende, de la seguridad pública, lo que implica su participación en la toma de decisiones, en el seguimiento y en la evaluación. La cultura de la legalidad debe ser una gran bandera, lo mismo que sobrevenir otras acciones contra la delincuencia organizada; más por cuanto no puede seguir siendo la corrupción parte, protagonista de nuestro día con día, tolerarla, hacerse el de la vista gorda, implica darle categoría de invencible, lo que bajo ningún punto de vista podemos, en la certeza y afirmación que el respeto al Estado de Derecho, debe ser la vía que debemos trazar en la actuación oficial, ciudadana y comunitaria.
*Profesional en Administración y Finanzas. Especializado en Auditoría Integral. Formulación, Evaluación y Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Columnista
