Por: Dinhora Luz Sierra Peñalver*

En La Guajira hay silencios que pesan más que el viento; silencios que se instalan en las conversaciones a media voz, en las miradas que evitan sostenerse, en reuniones donde todos hablan… pero ya nadie sabe con certeza quién debe ser escuchado.

El pueblo Wayuu, que durante siglos organizó su vida alrededor de la palabra que se respeta porque ha demostrado su valor, hoy enfrenta una inquietud que no proviene de sus raices, sino de algo más difícil de nombrar: la desfiguración de su propia autoridad.

Recuerdo una conversación, no hace mucho, con una mujer mayor en las afueras de Uribia. No hablaba con rabia; su tono era sereno, contenido. Me dijo:

—Antes sabíamos quién mandaba. Ahora todos dicen mandar.

No había ironía; tampoco reproche; solo una certeza que parecía doler en lo profundo.

Esa frase, breve y contundente, encierra una transformación que no se ha anunciado en decretos ni en discursos oficiales, pero que atraviesa hoy la vida cotidiana de muchas comunidades.

Durante generaciones, la autoridad en el mundo Wayuu no necesitó ser explicada, era reconocida; pero no por imposición, sino por legitimidad. La palabra de quien ejercía esa autoridad tenía peso porque había sido probada en el tiempo, en la mediación de conflictos, en la capacidad de sostener el equilibrio entre familias y clanes.

Ese equilibrio, discreto, complejo, eficaz, no requería certificaciones de las autoridades de la república.

Hoy, en cambio, ese orden empieza a tensionarse. En muchas comunidades, hay más de una persona que se presenta como autoridad tradicional; a veces dos, a veces tres. Cada una con un respaldo distinto: el de la gente, el de una institución, el de un documento.

Y en medio de esa superposición, la comunidad queda en una especie de limbo e incertidumbre permanente. Ya no se trata solo de obedecer o no obedecer, se trata de no saber con claridad a quién corresponde la palabra final.

No es un fenómeno espontáneo, tene causas identificables, aunque incómodas.

El Estado, en su lógica de organización, ha intentado traducir la complejidad del mundo Wayuu a categorías que le resulten manejables: registros, certificaciones, interlocutores definidos. Lo que antes era un simple enunciado de relaciones, matices y reconocimientos colectivos, fue reducido a un esquema que privilegia lo verificable sobre lo legítimo.

Pero la legitimidad no siempre es verificable en los términos del Estado.

La autoridad Wayuu no es un cargo, es una construcción social sostenida en la memoria, en la palabra cumplida, en la capacidad de resolver sin fracturar.

En ese proceso de traducción, han empezado a ocurrir situaciones que, vistas desde una oficina, pueden parecer menores, pero que en el territorio tienen efectos profundos.

En Uribia, por ejemplo, se han registrado casos en los que una autoridad tradicional es reemplazada por otra desde la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Alcaldía Municipal, sin que medie una asamblea real de mayores ni un proceso claro de deliberación comunitaria. No se afirma aquí que aquel despacho público esté promoviendo tales irregularidades; lo que comienza a evidenciarse es que, desde el propio seno del pueblo Wayuu, se vienen presentando situaciones preocupantes, confección de documentos espurios, generando decisiones que, aunque revestidas de formalidad, no siempre encuentran respaldo en la legitimidad comunitaria. El fraude está suplantando la realidad.

El procedimiento puede ajustarse a una lógica administrativa, puede incluso cumplir con ciertos requisitos formales; pero carece de lo esencial: el reconocimiento colectivo.

Y cuando ese reconocimiento no existe, lo que se produce no es una transición legítima, sino una superposición de autoridades que profundiza la fractura.

Y es que, en el mundo Wayuu, la autoridad no se designa por resolución o decreto; se construye, se sostiene, se valida en la comunidad, en las decisiones de los mayores. Cuando ese proceso se omite, lo que se instala no es orden, sino desconfianza.

A esta tensión se ha sumado otro factor que ha alterado los equilibrios tradicionales: el acceso a recursos. Los programas sociales, los contratos, las ayudas institucionales han introducido una nueva dimensión en la figura de la autoridad. Ya no solo representa, también gestiona, firma, intermedia. Nace entonces un interés perverso por detentar autoridad, con el solo propósito de acceder a esos recursos. Así, lo que antes era un lugar de prestigio moral, hoy se convierte también en una posición con efectos materiales. Y donde hay efectos materiales, surgen disputas, ya desde la mala fe, ora desde la necesidad, desde la presión de responder a una comunidad, y lo peor, desde la mezquina urgencia de acceder a lo que el Estado distribuye.

En todo caso el resultado es el mismo, más voces reclamando representación, más divisiones, más dificultades para sostener un consenso.

El impacto de este fenómeno no es abstracto, se siente en lo cotidiano. Familias que ya no coinciden en torno a una misma autoridad, clanes que comienzan a fragmentarse. Decisiones que antes se resolvían con relativa fluidez, ahora se extienden en discusiones que no logran cerrarse.

La autoridad está dejando de ser un punto de equilibrio y empieza a convertirse en un espacio de disputa.

En una cultura donde el equilibrio es la base del orden social, esa alteración tiene consecuencias profundas.

Podría pensarse que el problema se soluciona con mejores procedimientos, con controles más rigurosos o con una depuración de registros; pero el asunto no es técnico, es cultural.

Lo que está en juego es la confianza. Cuando no hay claridad sobre quién tiene la legitimidad para hablar, la palabra pierde fuerza. Y cuando la palabra pierde fuerza, el sistema entero se resiente porque el mundo Wayuu no se sostiene en la coerción, se sostiene en el reconocimiento.

No se trata de rechazar al Estado ni de negar la necesidad de articulación, se trata de reconocer un límite.

Hay realidades que no pueden ser simplificadas sin dañarlas, hay formas de organización que no caben en un formulario, hay autoridades que no pueden ser sustituidas sin un proceso real de validación comunitaria.

Pretender lo contrario no solo es un error, es una forma de intervención que, aunque silenciosa, termina siendo profundamente disruptiva.

La mujer con la que hablé ese día no propuso soluciones, no habló de normas ni de reformas. Solo dejó una frase que sigue resonando:

—Ahora es más difícil confiar.

En esa dificultad se resume todo.

Porque lo que está en juego en La Guajira no es simplemente quién ostenta un título o quién firma un documento. Es si la palabra, antigua, sobria, construida en el tiempo, podrá seguir siendo reconocida como autoridad.

Y esa no es una pregunta menor; es, en el fondo, una pregunta sobre la posibilidad misma de sostener un orden propio en medio de un sistema que no siempre logra comprenderlo. 

*Abogada. Analista . Columnista