Por: Ethel Carolina Cerchiaro Figueroa

Niños y adolescentes entre los 0 y los 18 años no cuentan con la seguridad social requerida, lo que resulta preocupante debido a que lo cual condiciona cierto grado de empobrecimiento. Niños y jóvenes deben y tiene que ser prioridad, son nuestro futuro. No atenderlos adecuadamente genera grandes impactos físico, social, sicológico y económico, afectando a la sociedad en su conjunto; y además, claro debemos tener que por mandato constitucional tienen el derecho a disfrutar de alimentación sana, a formarse y generar hábitos de consumo en ambientes saludables.

Tienen derechos humanos, entre ellos a la salud y la seguridad social, vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a un derecho de prioridad. El interés superior de la niñez y la adolescencia es un principio que las autoridades deben garantizar a la hora de elaborar políticas públicas. Nos corresponde velar porque cada niño, y cada adolescente en todos los rincones patrios pueda gozar de estos derechos en plenitud, de ahí que gozar de ellos o tener acceso a ellos es prioridad.

Somos un país con desnutrición y malnutrición. La desnutrición convive con el sobrepeso, la obesidad y la carencia de los nutrientes básicos. Respecto de esto, las entidades gubernamentales responsables instituidas para lo cual, no han adoptado las políticas recomendadas para superar esa creciente y perjudicial tendencia… impuesto saludable a bebidas azucaradas, etiquetado visible y destacado que informe de manera clara e inmediata sobre el exceso de azúcar, sodio/sal o grasas saturadas, restricción de la publicidad de productos ultra procesados dirigida a la niñez (personajes, juguetes, premios, etc.) y entornos escolares alimentarios saludables, que en lugar de ofertar comida chatarra dispongan de agua potable, alimentos sanos y Pedagogía.

Las iniciativas que pretenden se adopten estas políticas son aplastadas en el Congreso por el enorme poder que ejercen las grandes empresas de comida chatarra, deslegitimando las acciones de abogacía y el apoyo técnico de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que presentan con desfachatez datos amañados y estudios que no declaran su conflicto de interés y haciendo uso de malas prácticas corporativas para cambiar el sentido de los proyectos de ley. 

Minsalud, desde donde deberían liderar estas medidas, SIC o Invima, tampoco hacen mayor cosa frente a los productos ultraprocesados, lo dañino de su consumo habitual y lo engañoso de su publicidad. Solicitudes y quejas interpuestas ante estas entidades siguen resolver. Así, los riesgos para la niñez y adolescencia aumentan y crece la industria de comida chatarra, bebidas azucaradas e invasión de su publicidad y oferta en los espacios de la niñez.

Por lo anterior, debe el Estado atender con sentido de importancia y urgencia la protección de los derechos colectivos de los colombianos, especialmente de nuestros hijos; quienes por mandato constitucional tienen derecho a disfrutar de alimentación sana, a formarse y generar hábitos de consumo en ambientes saludables, a recibir información veraz e imparcial sobre el contenido de los productos que van a consumir. ethelcerchiaro@gmail.com  *Administradora Financiera. Especializada en Gerencia Pública

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