Por: María Clara Ospina*
¿De qué sirve una justicia creada en nombre de las víctimas si la mayoría de ellas sienten que siguen esperando ser escuchadas, reconocidas y reparadas?
Las contundentes denuncias recientes de Ingrid Betancourt contra la JEP expresan el dolor y la indignación de quienes sobrevivieron al secuestro de las Farc y hoy sienten que su sufrimiento no ha recibido una respuesta ni apropiada ni justa.
Su rechazo a las declaraciones de antiguos comandantes guerrilleros no es una confrontación política: es la reacción de una mujer que perdió más de seis años de libertad y que se resiste a que aquella tragedia sea minimizada o presentada de una manera que contradiga su experiencia.
Como ella, son muchas las víctimas de los crímenes atroces de las Farc y muchos los colombianos respetuosos de la ley que nos sentimos humillados, traicionados y avergonzado por las actuaciones de la JEP desde su creación.
Cuando los comandantes de las Farc, responsables de tantos secuestros atroces, hablan de supuestas normas de “buen trato”, las víctimas y todos los colombianos, tenemos derecho a preguntar dónde quedaron esas normas frente a la horrenda hambre que sufrieron, las cadenas que colgaron de su cuello por años, las amenazas, las humillaciones, las violaciones de todos sus derechos más elementales y la angustia del cautiverio.
Ningún supuesto reglamento interno puede borrar lo ocurrido, ni ninguna explicación puede sustituir el reconocimiento sincero del daño causado. Y en esto estarían completamente de acuerdo las Cortes Internacionales, porque lo ocurrido en la JEP es una burda burla a la defensa de los Derechos Humanos, al derecho de reparación de las víctimas, a la obligación de los criminales a confesar la verdad de sus crímenes, sin amaños, y a la obligación de pedir perdón a las víctimas, sus familias y al país ensangrentado por sus crímenes.
¿Acaso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no fue creada para garantizar verdad, justicia y reparación? El cuestionamiento de Betancourt y toda Colombia golpea el corazón mismo de ese compromiso: ¿cómo justificar los enormes recursos públicos y los beneficios judiciales concedidos a los responsables si tantas víctimas todavía sienten que sus derechos no han sido satisfechos plenamente?
Las víctimas no deberían tener que sufrir una segunda injusticia: continuar su luchar durante años para ser reconocidos. No merecen que su dolor quede relegado mientras crecen las exigencias de recursos de la JEP. Según Semana, en octubre de 2026, el gasto presupuestal acumulado de la JEP desde su creación se aproxima a los cuatro billones de pesos, sin incluir todos los recursos de cooperación internacional. ¿A dónde han ido a parar estos billones?
¿Dónde están la verdad verificable, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación efectiva de las Farc? La paz no puede convertirse en una invitación a aceptar explicaciones que las víctimas y los colombianos consideramos ofensivas por su falsedad.
¿De qué sirve una justicia creada en nombre de las víctimas si la mayoría de ellas sienten que siguen esperando ser escuchadas, reconocidas y reparadas? ¿Si la mayoría de los colombianos nos sentimos humillados, engañados y ofendidos por sus amañados resultados?
El disgusto de Ingrid Betancourt con los resultados de la JEP nos recuerda que la paz pierde su legitimidad moral cuando el sufrimiento de las víctimas parece pesar menos que los beneficios de sus victimarios. Ningún acuerdo, tribunal o discurso de reconciliación puede justificar su existencia mientras quienes padecieron los crímenes sientan que su dignidad continúa esperando justicia.
Hoy la JEP humilla a los colombianos.
*Analista Política. Escritora. Historiadora. Columnista
