Por: Dinhora Luz Sierra Peñalver*

Hablar de La Guajira es, desde hace años, recorrer un mismo guion: diagnósticos precisos, compromisos solemnes y resultados insuficientes. No se trata de falta de información. El país sabe, con datos, informes y decisiones judiciales, que en esa región persisten problemas estructurales en acceso a agua, nutrición infantil y atención en salud. Lo que no ha logrado es resolverlos de manera sostenida.

La situación del pueblo Wayuu ha sido, quizá, la expresión más visible de esta realidad. Las cifras sobre desnutrición y mortalidad infantil han generado pronunciamientos reiterados de entidades nacionales e internacionales. Entre ellos, la Corte Constitucional de Colombia ha declarado un estado de cosas inconstitucional, reconociendo que no se trata de hechos aislados, sino de una falla estructural del Estado.

En La Guajira no faltan estudios ni advertencias. Desde hace décadas se identifican las mismas dificultades: dispersión geográfica, ausencia de infraestructura básica, debilidad institucional y problemas en la gestión de recursos públicos. A ello se suma la complejidad climática de la región, que exige soluciones técnicas adecuadas y sostenidas en el tiempo.

Sin embargo, la respuesta estatal ha sido fragmentada. Programas que inician y no continúan, inversiones que no se articulan entre sí, y medidas que, aunque bien intencionadas, no logran incidir de manera estructural.

Cada cierto tiempo, La Guajira vuelve al centro del debate nacional. Se anuncian planes de emergencia, se asignan recursos y se fijan metas. La narrativa es siempre similar: esta vez sí habrá un cambio de fondo.

El problema es que los resultados no suelen corresponder con la expectativa creada. La discontinuidad administrativa, la falta de seguimiento y, en algunos casos, la corrupción, terminan debilitando las intervenciones.

Así, las promesas se acumulan, pero las condiciones de vida no mejoran al mismo ritmo.

Reducir la discusión a episodios puntuales, una crisis alimentaria, una sequía, una denuncia mediática, impide comprender la dimensión real del problema. Lo que ocurre en La Guajira no es coyuntural; es estructural.

Esto implica que las soluciones no pueden limitarse a medidas de emergencia. Se requiere una política pública sostenida, con coordinación efectiva entre niveles de gobierno y con participación real de las comunidades.

También exige reconocer que las respuestas deben ser culturalmente pertinentes. Las intervenciones diseñadas sin considerar las dinámicas del pueblo Wayuu difícilmente serán eficaces.

El caso de La Guajira plantea una pregunta de fondo sobre la capacidad del Estado colombiano para garantizar derechos en territorios históricamente marginados. No basta con reconocer la problemática; es necesario traducir ese reconocimiento en acciones coherentes y sostenidas.

La existencia de órdenes judiciales y de seguimiento institucional muestra que el tema está en la agenda. Lo que falta es lograr que esas decisiones se materialicen en resultados verificables.

La situación de La Guajira no es un misterio ni una sorpresa; es un problema ampliamente documentado, reiteradamente discutido y parcialmente atendido.

El desafío no es identificar qué ocurre, sino cambiar la forma en que se interviene.

Mientras las soluciones sigan siendo fragmentadas y temporales, el resultado será el mismo: avances limitados frente a necesidades profundas.

Más que nuevas promesas, La Guajira requiere continuidad, coordinación y ejecución efectiva. Sin esos elementos, el diagnóstico seguirá siendo correcto… y la realidad, inalterada.

 *Abogada. Analista. Columnista