Por Dinhora Luz Sierra Peñalver*
En medio de un agitado contexto político y económico, Colombia se aproxima a un punto de inflexión constitucional: el referendo fiscal que busca conferir a los departamentos la facultad de recaudar y administrar los impuestos de renta y patrimonio. Esta propuesta, impulsada por sectores que claman una descentralización efectiva del poder fiscal, ha despertado un debate tan técnico como visceral. En el centro de esta discusión emerge una región largamente postergada, cuya suerte podría oscilar entre la emancipación y el colapso: La Guajira.
La iniciativa pretende modificar la Carta Magna, abriendo la puerta a una autonomía territorial tributaria que, según sus promotores, podría duplicar o incluso triplicar los ingresos regionales. En departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, la promesa parece tangible. Pero en La Guajira, territorio de contrastes extremos y persistente marginalidad, el escenario se torna mucho más complejo.
A primera vista, el referendo fiscal se presenta como una posibilidad histórica para que regiones olvidadas, como La Guajira, tomen las riendas de su desarrollo. Dotada de un subsuelo rico en recursos minerales, gas, carbón, sal marina, y con un potencial turístico y energético aún por explorar, el departamento podría convertirse en ejemplo de una nueva economía territorial autosostenida.
Sin embargo, esta visión optimista tropieza con una realidad institucional precaria. La Guajira no solo ha sido víctima de la desidia centralista, sino también de sus propias dolencias internas: corrupción sistemática, débil capacidad administrativa, y una clase política que, en muchos casos, ha convertido la miseria en capital electoral.
En 2016, la Nación debió intervenir directamente el departamento debido al colapso de su gobernabilidad. En ese momento, los escándalos de contratación, el desvío de recursos y la crisis humanitaria en comunidades indígenas revelaron un entramado de negligencia y descomposición institucional que aún hoy no ha sido superado del todo.
Más aún, y pese a su riqueza natural, La Guajira carece de una base tributaria suficiente para sostener un modelo de autonomía fiscal robusto. La informalidad económica es rampante, el tejido empresarial es limitado y gran parte de la población vive en condiciones de subsistencia. En cifras concretas, la capacidad de recaudo departamental está muy por debajo del umbral requerido para mantener la infraestructura pública, financiar servicios sociales y garantizar un aparato estatal funcional. La desconexión entre los ingresos potenciales por recursos naturales y su efectiva tributación solo agrava el dilema. Sin una reforma profunda del sistema de regalías y un rediseño de las fuentes propias de ingreso, la autonomía sería meramente nominal.
¿Está preparada La Guajira para asumir la compleja tarea de recaudar y gestionar tributos estratégicos sin reproducir los vicios del pasado? ¿Es viable una descentralización fiscal sin una previa regeneración ética y técnica del aparato público regional?
El referendo fiscal ha sido celebrado por algunos gobernadores como una herramienta liberadora frente al centralismo bogotano. Y, sin duda, hay razones legítimas detrás de ese reclamo. La distribución actual del ingreso fiscal en Colombia es inequitativa, y mantiene a los territorios en una relación de subordinación que ahoga iniciativas locales.
No obstante, el centralismo, por imperfecto que sea, también ha servido como garante mínimo de cohesión nacional, de control fiscal y de redistribución solidaria. En regiones con índices críticos de pobreza, alta informalidad laboral y baja cultura tributaria, como La Guajira, una descentralización abrupta podría tener consecuencias devastadoras: fragmentación institucional, debilitamiento del Estado, aumento de la captura de rentas públicas por mafias locales, e incluso el resurgimiento de conflictos sociales y territoriales.
El presidente Gustavo Petro ha advertido con vehemencia que esta reforma podría aumentar la desigualdad interregional. Según el mandatario, tan solo Bogotá y Medellín cuentan hoy con una base tributaria suficientemente sólida para sostener una gestión fiscal autónoma. La advertencia no es trivial. Si el referendo avanza sin incluir mecanismos compensatorios, como fondos de nivelación, esquemas de solidaridad interterritorial o asistencias técnicas permanentes, el resultado sería una nación fiscalmente fracturada, donde los territorios ricos se ensimismen en su bonanza y los pobres se hundan en su precariedad.
La Guajira no debe ser espectadora de este proceso. Debe exigir garantías. Pero también debe mirarse al espejo y emprender un proceso de reforma profunda, de fortalecimiento institucional, de transparencia y de formación técnica en sus cuadros administrativos. La autonomía no puede ser un acto de fe: debe ser una responsabilidad asumida con lucidez, sin populismo ni romanticismo.
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que plantea aumentar la proporción de ingresos corrientes destinados a las entidades territoriales, va en la misma dirección de fortalecer las capacidades locales. Pero ello no será suficiente si no se diseñan arquitecturas de control estrictas, si no se transforman las lógicas clientelistas y si no se generan condiciones reales de gobernanza territorial.
La Guajira se encuentra ante una bifurcación histórica: puede reclamar con justicia una mayor autonomía, pero debe construir con rigor las condiciones para ejercerla. Si no se prepara, la descentralización fiscal será no un instrumento de liberación, sino un salto al vacío.
Como suele ocurrir en los procesos políticos de fondo, el éxito o el fracaso de esta reforma no dependerá solo de lo que se escriba en los textos constitucionales, sino de lo que se haga, y se deje de hacer, en la praxis concreta de los territorios.
Y en esa praxis, La Guajira tendrá que decidir si quiere seguir siendo objeto de intervenciones externas o convertirse, por fin, en sujeto de su propio destino.
*Abogada. Analista. Columnista
