Por: Rafael Robles Solano*
Efectuar un análisis sobre las implicaciones del presente tema, es bastante complicado por los alcances, poderío y riesgos de hablar de la corrupción en nuestro país. Hoy los medios de comunicación masiva se empeñan en vendernos una narrativa circunscrita a los presuntos y evidentes actos corruptos que actualmente concurren en contra del gobierno de Petro.
Como la mayoría de nuestros coterráneos, coincidimos en observar preocupados o indiferentes como durante décadas se esparció este fenómeno por todos los niveles y estamentos públicos y privados, casi que, convirtiéndonos en espectadores tácitos, cómplices de sus abusos y arbitrariedades por causa de nuestra indolencia ante la corrupción misma.
Hago esta reflexión, con ocasión de unos testimonios y denuncias recogidos de una joven rescatada por el ejército, reprochando en cierta forma nuestra apatía contra las diferentes formas de confrontación bélica que nos rodean, en el Catatumbo o el Cauca y que impiden que los entes de vigilancia y control puedan actuar con autonomía y libremente en sus investigaciones y que la justicia, emita sin mayores dilaciones los fallos correspondientes.
Regresando al asunto que motiva el presente artículo, quiero referirme a la denuncia brindada por la aludida desmovilizada (Deisy), quien desapasionadamente se refirió implicando a la totalidad de los dirigentes de las FARC, desmovilizados como resultado de los Acuerdos de la Habana, y que hoy ocupan flamantes curules en el congreso. Su relato es dramático y dolorosamente cruel, hechos que claman que la JEP (Justicia Especial de Paz), se pronuncie sin más demoras justificadas o no, sobre las conductas de dichos personajes, por el reclutamiento y abusos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Cuenta la desmovilizada, que fue forzada a irse con la guerrilla cuando solo contaba con 11 años, porque el frente 28, llegó hasta la población donde vivía y los amenazaron con que, si no se marchaba con ellos, asesinaban a su madre. Siguiendo con su relato, dice que la recibió en San Vicente del Caguán, Sandra Ramírez, excombatiente de las Farc (hoy senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Una vez allá, después de unos días, fueron sometidas sin miramiento alguno por la citada guerrillera, a colocarles una “T de cobre” (anticonceptiva), que, por razón de su edad, la estuvo sangrando varios días. Cuando se alivió, entonces comenzó el viacrucis de ser abusada sexualmente por varios de los lideres del Secretariado de las Farc en el campamento, allí fue sometida por más de tres años a violaciones recurrentes por Pablo Catatumbo y otros, además, los utilizaban como “escudos humanos” en los combates contra el ejército, del cual logró salvarse al ser rescatada como única sobreviviente de un enfrentamiento. Ante estas denuncias, me uno solidariamente exigiendo que la JEP, acabe con esa absurda impunidad a la mayor brevedad.
Este relato, tristemente hace parte de un inmenso e incalculable número de componendas y hechos efectuados por toda clase de políticos corruptos, que van desde los actos más modestos, hasta los más sofisticados de la sociedad decadente en la que vivimos.
Pero al referirme a este fenómeno, pretendo llamar la atención de mis apreciados lectores, para no caer y hacer juego al peregrino argumento de los críticos y opositores de Petro, que pretenden hacernos creer, que las denuncias sobre los hechos corruptos de su gobierno, SON LOS PEORES Y MÁS GRAVES DE LA HISTORIA DEL PAÍS, de tal modo que, según la versión de ellos, la corrupción solo es cuestionable ahora y que los casos del pasado, como los de Interbolsa, Caprecom, Guavio, Colpuertos, SaludCoop, Chirajara, Agro Ingreso Seguro, Odebrecht, Reficar, entre muchos otros, no merecen seguir siendo investigados, ni juzgados y así, permitir que los corruptos de antes, sean los gobernantes que ahora rescatarán y salvarán a Colombia.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
