POR: MELANIO ZUÑIGAHERNANDEZ

Observaba hace más de 135 años el presidente de Colombia RAFARL NUÑEZ, que “la influencia político – económica es la fuerza gravitatoria que mantiene la conexión, orden y movimiento del mundo social, porque dentro de la economía moderna no hay países aislados”.

Se entiende futurista y de mucha actualidad la manifiesta expresión del entonces presidente, que presagiaba desde entonces, hace casi un siglo y medio, que el mundo de hoy se organizaría en focos de poder y áreas de subyugación, según el hemisferio en que se sitúen; entiéndase norte o boreal, que polarizan extensas áreas del globo terráqueo desde la época de los griegos y luego los Romanos.

Conocido es, que los países que renuncian a influir en los destinos de los demás, tienen que someterse a ser influidos por ellos, y por eso los países situados al sur de los focos de poder como los mal llamados subdesarrollados, terminan teniendo una soberanía política sin soberanía económica, con libertad teórica y sometidos a que se los repartan los otros sin tener parte activa en el reparto.

En los tiempos modernos la economía de los grandes centros mundiales muestra una estructura productiva ampliamente diversificada y eficazmente interrelacionada para los fines de crecimiento, en contraste con las economías de las periferias de los países tercermundista, en donde se ubica Colombia y el resto de Sudamérica, que generalmente exportan materias primas heterogéneas, que terminan afectando el crecimiento y generando un desarrollo insuficiente.

La dependencia casi que absoluta de estos países de potencias como los Estados Unidos de Norte América y otros, es ancestral, con la imposición de un modelo económico que experimenta muy pocos cambios con respecto a la herencia colonialista que fragua la cultura que dejan los Europeos de ascendencia latina, que legaron un comportamiento individualista y de saqueo de las riquezas del Estado; procedimientos que se entiende de huirse los unos a los otros, y que se  convirtió en costumbre y asidua forma de vivir y desprecio por los “otros”, que a decir de los “hombres y familias de bien”, no se esfuerzan por salir de la pobreza, en una nación que se entiende desigual y excluyente desde los albores de la república y bajo el influjo del poder económico y político.

Ese individualismo estructural se sigue reflejando a través de un país “moderno”, de altos niveles de vida, lucrativa expansión económica, con altos ingresos per cápita, centrado en cuatro grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), desde donde mandan; paralelamente al lado un país “rural” arcaico, colonizado, aletargado, formado por las grandes masas, campesinos, negros, indígenas, pescadores, iletrados, obreros y mulatos asimilados, que sobreviven ajenos a los beneficios de la vida moderna, que trabajan “con las uñas” , sin posibilidades de participar, y menos progresar, porque viven en los campos y los suburbios y fronteras aisladas de las grandes ciudades, condenados y sometidos a la minoría, donde sufren diariamente los embates del “desarrollo”.

Independientemente de la condición predadora de los recursos del Estado por sectores privilegiados, el llamado subdesarrollo colombiano se debe a nuestra condición de país dependiente de sociedades metropolitanas desarrolladas, que tienen aquí herodianos seguidores y cultores, encargados de mantener un modelo económico que garantiza la denominación desde unos pocos centros, donde se han establecido bufetes de poder, los cuales mandan y dominan la nación de ciudad a ciudad y de región a región, y que se entiende como el factor determinante que impide que haya una respuesta generalizada a los múltiples problemas que nos aquejan de tiempo atrás.

Los economistas colombianos tradicionalmente han importado modelos económicos de las más prestigiosas universidades de países desarrollados, que intentan reaplicar a través de ensayos en pro de un desarrollo económico, en un país que se concibe y entiende aun dentro de la ruralidad, pero donde la elevada concentración de la propiedad de la tierra, especialmente la de mejor calidad, constituida desde los albores de la colonia en la fuente mayor de riqueza y poder, aupada en los últimos tiempos por una decisiva y creciente injerencia de capitales ilícitos; termino convirtiéndose en un problema de difícil solución a corto y mediano plazo para los gobiernos de turnos y el Estado, más por falta de voluntad política para hacerlo que por la disponibilidad de recursos para hacerlo.

Sin embargo, es claro frente a una situación tan compleja como la que ha vivido esta nación históricamente, se impone la necesidad de avanzar en la definición de adecuadas reformas políticas puntuales desde el gobierno central y el congreso, que permitan la instauración de un patrón que reforme el sistema actual de acceso al crédito, en especial en los criterios y las condiciones por parte de la banca; de tal manera que garantice a los colombianos fuentes de financiación con tasas de interés económicas, nuevas tecnologías y eficientes canales de distribución y comercialización para su incorporación al sistema productivo.

De esta manera el empresario, comerciante, agroindustrial y el campesino, asediados por las diarias urgencias, se integrarían en torno a un mismo propósito que permita la mejora de rendimientos y valoración de la participación productiva de la economía, evitando asi la agudización de la crisis social que padecen los colombianos por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, que golpea en mayor grado y representatividad a los sectores más bajos y vulnerables de la población.

Si bien es cierto, la crisis del país golpea por igual a todos los colombianos, de manera especial a aquellos que se sitúan en regiones como el Pacifico, Orinoquia y Amazonia, convirtiéndose en una nación de gentes en problemas, angustiadas y afectada por altas tensiones y las circunstancias generalizadas por el deterioro económico derivado de la crisis epidemiológica; no puede desconocerse que su mayor problema radica en el proceso de exclusión social y la desigual distribución de la riqueza, que se encuentra concentrada en pocas manos; bajo un régimen de libre competencia, en donde la sociedad ha sido dividida en partes bien diferentes, acrecentando la disparidad desde el punto de vista de las reales posibilidades de generación ingresos para las familias; pues a diferencia de la región Andina ubicada en el corazón de Colombia, con mayor desarrollo económico y social del país, el resto no solo padecen los embates y estragos del coronavirus, sino también del aislamiento y olvido de un gobierno central, que hoy les aporta como única respuesta y solución, el acopio y disposición de nuevas unidades de la fuerza pública.

Entre tanto, la nación retrocede sumida su gente en la miseria, la sociedad en el caos y la violencia, vejada por la inmoralidad de los audaces y corruptos ambiciosos de turno, que como espectadores indiferentes observan como se derrumba y sumerge el país en un marasmo e incertidumbre, sin afectar sus finanzas, cual robustas y sin riesgos de dispersión por efectos de la crisis económica y social.

Tan diciente situación se hace más apremiante en un país de regiones como Colombia que enfrenta hoy múltiples desafíos, que si bien se entienden de vieja data, se hacen más evidentes con ocasión de la pandemia del coronavirus – COVID -19, que termino mutando en una crisis sin precedentes en los campos de las finanzas públicas y precario crecimiento económico; agudizada por el paro nacional desde hace ya 41 días, sin solución aun a la vista, y que demanda con urgencia de acciones emergentes considerando la desbordada situación social que padecen vastos sectores de población en todo el país.

Finalmente, no basta conocer estas realidades ni se trata de fustigar el poder económico y político lícitamente agenciado por parte de aquellos que han tenido la oportunidad de construirlo, sino de conjugar un método y modelo entre todos que sea más participativo, que opere de manera armónica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de lo particular del campo a lo general de las ciudades y la nación; es decir, que se ancle en la realidad vigente de los colombianos que demandan oportunidades de empleo digno y estudio de calidad para sus hijos.

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