Por: Lorena Zea Muñoz*
Camino a optimizar la implementación del modelo de economía verde, se deben incentivar los sectores de la producción que inciden directamente con el ambiente, mediante el uso de alternativas viables y razonables por parte del sector público en general. Requiere potencializar y alcanzar una economía verde invertir anualmente el 2% del PIB global, que permitiría mantener el ritmo actual de crecimiento económico a su vez lograr cambios hacia procesos sostenibles; además, se hace necesario por parte de los Estados promover los incentivos fiscales, medidas de comando y control, e instrumentos económicos que ayuden a la conservación de los recursos naturales. Todas las inversiones junto con las reformas políticas, deben impulsar la transformación de los sectores involucrados en la economía verde, de manera que adquieran una posición competitiva en el largo plazo.
Hacia el marco de la sostenibilidad, la reconfiguración de la economía puede conducir a la ecoeficiencia, vale decir, al uso más eficiente de los recursos naturales y de beneficios a la sociedad, tales como la generación de “empleos verdes”, y en un nivel macro a reducir la pobreza, a minimizar las desigualdades de ingresos, y de esta manera lograr una economía con crecimiento incluyente. Amplias y muchas son las opciones para alcanzar este fin, van desde la generación directa de empleos verdes, el acceso a bienes y servicios ambientales por parte de las comunidades marginadas, la estructuración de estrategias específicas de transferencia monetaria condicionada, los subsidios directos a ciertos sectores industriales y la reestructuración de la política nacional de compras públicas.
Amén de las inversiones propuestas es necesario consolidar aspectos como: marcos regulatorios sólidos, limitar el gasto en áreas que agotan el recurso natural, aplicar impuestos e instrumentos basados en el mercado que permitan modificar las preferencias de los consumidores y estimulen la inversión verde y la innovación, inversión en la formación y desarrollo de capacidades, al igual que el fortalecimiento de los procesos de gobernanza en todos los niveles.
Valida es igualmente la propuesta de esquemas regulatorios o de normalización en materia de derecho ambiental dirigido a sectores como: La construcción con eficiencia energética. Aumento en los estándares de emisiones para vehículos. El aumento de porcentaje de la matriz energética de los países con energías renovables. El manejo económico de los residuos y del reciclaje. El desarrollo urbano planificado y del transporte, donde se tengan en cuenta medios alternativos. El ecoetiquetado de productos de consumo masivo.
Para alcanzar la transición, consideraciones importantes hacia una economía verde se encuentran a nivel internacional en los Acuerdos multilaterales ambientales, donde se establecen los marcos legales e institucionales para abordar los desafíos ambientales globales. Entre estos acuerdos se destacan el de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la renovación de un acuerdo pos-Kyoto para el carbono. De igual manera, es claro que todas estas consideraciones no pueden abordarse indistintamente para todos los países, sino que se debe plantear una manera diferencial en cuanto al abordaje de la economía verde, para lo que se propone dividir los países en tres grupos con ciertas características con algún grado de responsabilidad, de la siguiente forma: Países desarrollados: con un papel de pioneros, pero con la obligación de modificar sus patrones de producción y consumo. Países en desarrollo: con la posibilidad de alcanzar sus objetivos dentro de los esquemas de la sostenibilidad. Países industrializados: que deben garantizar ayuda financiera y tecnológica a los países en desarrollo.
Se convierte en síntesis la economía verde, en un modelo que promueve el crecimiento, la creación de ingresos y puestos de trabajo, “empleos verdes”, que procura generar un cambio en la interacción entre progreso económico y sostenibilidad ambiental, en particular si la riqueza se mide teniendo en cuenta los bienes naturales y no únicamente la productividad. Igualmente aporta de manera sustancial en la reducción de la desigualdad social entre países y en la erradicación de la pobreza en el mundo. De igual forma es necesario abordar maneras que logren anular las ideas de liberalización de los mercados y que fomenten las relaciones comerciales en condiciones de igualdad entre el Norte y el Sur.
Cabe resaltar que la implementación de la economía verde puede lograr cambios tecnológicos que permitan la adopción de estrategias ambientalmente sostenibles, que hacen uso de los recursos naturales de manera responsable y que los residuos propios de su actividad pueden ser reincorporados al proceso productivo, disminuyendo de esa forma las causas de contaminación.
Para alcanzar los objetivos propuestos por la economía verde es necesario que las alternativas propuestas sean aceptadas y desarrolladas tanto por los países desarrollados y en vía de desarrollo, mediante la asignación de recursos económicos necesarios, mayor rigurosidad en las normatividades ambientales, la creación de subsidios a las actividades amigables con el ambiente, al igual que la optimización de los procesos de planificación del territorio.
Necesario es también crear un nuevo marco económico que permita a los países concertar en un mismo nivel, sin perder de vista las premisas fundamentales del desarrollo sostenible. Por último, la economía verde procura dentro de sus objetivos la erradicación de la pobreza y la inclusión de sectores sociales vulnerables, para alcanzar un desarrollo económico dentro de parámetros de la sostenibilidad, esto es, el mantenimiento de un ambiente sano y el uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones por venir.
*lorenazeamunoz@gmail.com Ingeniera Ambiental. Especializada en Administración Ambiental. Magister en Dirección Ambiental y Dirección de Proyectos.
