Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*

Nuestras actuales administraciones públicas se han caracterizado por su desmesurada capacidad para no cumplir con un elemental y prosperas unidades territoriales para samarios y magdalenenses. Solo vemos su incumplimiento a su deber legal lo que es grave a todas luces un grave asunto que afecta el funcionamiento del Estado de Derecho, ya que en un sistema democrático, los servidores públicos tienen la responsabilidad de ejercer sus atribuciones de manera íntegra y de conformidad con las leyes y la Constitución, y no que se regocijen absurdamente en estúpidas impertinencias, ni en el cínico estilo de gobernar como lo vienen haciendo y que se encuentran bajo la tutela de absurdas entelequia.

Cuando los servidores públicos deciden meter mano de manera subrepticia en actividades de distinto carácter que no les competen, están trasgrediendo sus obligaciones éticas y legales, y desde luego que poniendo en riesgo los principios fundamentales de la democracia, siendo aconsejable deslindarse de las atrocidades que lo cual implica.

Éticamente hablando en perspectiva, las omisiones de los servidores públicos que evaden sus atribuciones legales para participar en lo que no es de su resorte, pueden ser consideradas una traición a la confianza depositada en él por parte de la ciudadanía en caso de ser representante popular o de su jefe en caso de haber sido designado en la administración pública. La participación democrática debe ser libre y equitativa, y la intervención indebida de un servidor público puede distorsionar el proceso democrático, afectando la voluntad popular y socavando legitimidades.

Sancionarse deben aquellos servidores públicos que incurran en conductas inadecuadas, como es el uso indebido de recursos públicos para los fines que fueren o la intervención en actividades partidistas, lo que es sobremanera, grave asunto. Tenemos unos gobiernos incumplidores de sus deberes, funciones, responsabilidades, compromisos y obligaciones; lo que ha generado todo un sinnúmero de desarreglos y desvaríos con un cúmulo de repercusiones políticas, sociales y legales.

Carecen ellos de decoro y con cinismo inaudito permanecen inmerecidamente al frente de sus cargos y hasta descaradamente aceptan trueques salvadores. No más administraciones públicas incumplidas, ya que ello no remedia, sino que atrasa en mucho los problemas que acusamos y nos agobian de manera grave, como son corrupción, inseguridad y los uno y más rezagos sociales que hacen ola en todas nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestra geografía.

*Jurista rubenceballos56@gmail.com