Por: Oswaldo Meza Granados*

Tiene la gestión pública como objetivo, la búsqueda de resultados eficaces y eficientes frente a temas como el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y de las inequidades entre los habitantes de un determinado territorio. Hace referencia a los resultados de la administración pública. Es un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una administración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática. Es el logro de los objetivos trazados en los ejercicios de planeación. Es conocer las necesidades de los habitantes y realizar las transformaciones que permitan mejorar de manera eficaz las condiciones de un territorio y los grupos poblacionales que lo habitan en un determinado momento de su historia, teniendo en cuenta sus posibilidades y potencialidades; es decir, dimensionando sus particularidades y cómo estas pueden considerarse como factores positivos en el mismo.

Debe buscar siempre la gestión pública, la eficiencia de los recursos disponibles económicos, de infraestructura, ambientales o humanos, de tal forma que se alcancen las metas trazadas en la planeación realizada y ser acorde con las competencias designadas por la Constitución y las leyes a cada uno de los tres niveles de gobierno (Nación, departamento, municipio). Se busca en ella constantemente, la armonía entre los diferentes niveles de gobierno y para ello se generan herramientas que permiten mejorar la medición de los resultados, con mecanismos de seguimiento adecuados, de tal forma que las acciones que el Estado desarrolle sean transparentes y permitan analizar su gestión y tomar decisiones acertadas que fortalezcan y modernicen las instituciones, para que se promuevan cambios estructurales en las organizaciones públicas y se motive la participación de la ciudadanía.

Las políticas de Estado que exigen los desafíos nacionales, regionales y globales implican un Estado fuerte, proactivo y partícipe con otros en su función económica, social y ambiental, capaz de formular e implementar estrategias de desarrollo para alcanzar metas económicas, sociales y ambientales. Ello debe ir de la mano con un modelo de gestión pública de calidad, orientado al desarrollo que incluya la entrega y provisión de bienes y servicios públicos de manera efectiva, eficiente y oportuna. Los elementos claves del ciclo de la gestión pública para el desarrollo se enmarcan en tres campos conceptuales complementarios.

Sobre el concepto de la calidad de las finanzas públicas y las funciones de la política fiscal dentro de un Estado moderno, incluye un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con el objeto de elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el caso de América Latina y el Caribe, asegurar niveles crecientes de equidad distributiva. Sobre la internalización de los modelos conceptuales de la gestión por resultados vigentes a nivel regional en los asuntos públicos, que considera los conceptos de costo/efectividad y rendición de cuentas.

El primero, describe el compromiso explícito por garantizar que se obtuvieron los mejores resultados posibles con los recursos públicos gastados; el segundo, alude a que el gobierno debe hacerse responsable de los resultados logrados (o no) producto de su acción. El concepto está generalmente asociado al necesario control social y la transparencia -tanto al nivel interno del gobierno como hacia los actores de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional- respecto de las decisiones, productos, gasto, políticas y acciones públicas, incluyendo su forma de administración, gestión, implementación y eventual evaluación. Sobre la lógica de cadena de producción de valor público -insumos, procesos, productos y resultados e impactos-, donde el ámbito de preocupación de los resultados finales o impactos se refiere a los efectos de las políticas públicas en la ciudadanía, la sociedad y país, y donde la administración pública tiene las atribuciones, competencias y responsabilidades directas para organizar las fases de producción relacionadas con insumos, procesos y productos en procura de maximizar los resultados.

Dentro de este marco, la gestión pública para el desarrollo implica planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles, solucionando problemas o satisfaciendo necesidades, originando resultados significativos para la sociedad y el país, consistentes con los objetivos gubernamentales, en forma eficiente, eficaz y equitativa, creando valor público para la sociedad como un colectivo.

Es así, que el ciclo de gestión pública para el desarrollo contempla desde la planificación y su financiamiento hasta la producción de los bienes y servicios públicos, incluyendo las funciones públicas de regulación y provisión directa de servicios públicos, y la internalización en la sociedad del cambio originado por el accionar público (valor público), como también la rendición de cuentas al respecto. En este contexto, una gestión pública de calidad debe aprender de lo que hace, por lo que la función de seguimiento y evaluación se vuelve transversal, retroalimentando los procesos de planificación, presupuesto y ejecución/producción de bienes y servicios, y proporcionando insumos a la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, el parlamento y los actores de la sociedad civil. En este sentido una gestión pública de calidad se innova sobre sí misma, buscando niveles crecientes de efectividad para el desarrollo.

Este proceso de producción de resultados y valor público ocurre en red, a través del conjunto de instituciones, y funciones de las entidades públicas, y en conjunto con los actores de la sociedad civil y el sector privado quienes coproducen los resultados del desarrollo. Por tanto, los temas de gobernanza en lo que se refiere a la organización de las relaciones entre actores, su coordinación, supervisión e intercambio de información y responsabilidades, son factores críticos en la implementación de las políticas públicas concertadas y debidamente planificadas por las instancias correspondiente.

*Abogado. Especializado en Derecho Probatorio. Derecho Notarial. Conciliación y Resolución de Conflictos. Candidato a la Alcaldía de Villanueva – Casanare