POR: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ

Según el relato del periódico el tiempo del día domingo 2 de mayo de 2021, la formula para combatir los elevados niveles de pobreza que tiene hoy Colombia, en buena medida por los efectos adversos de la pandemia del COVID – 19, no puede supeditarse a la sola entrega de subsidios estatales.

Dicha solución debe ser una combinación entre crecimiento económico, oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes y las mujeres, los segmentos de población mas golpeados en esta crisis, educación y mantenimiento de los programas de asistencia social para los más vulnerables.

Colombia, conocida en el ámbito mundial como el segundo país mas desigual y con mayor concentración de riqueza de América, se ha caracterizado porque el transito de la sociedad hacia un Estado Social de Derecho de que habla la Constitución Política de 1991, esta acechado por diversas restricciones sociales, económicas, políticas e institucionales, que requieren ser removidas para la construcción de un orden social más equitativo, democrático y perdurables.

Hoy existe un conjunto de limitaciones de diverso orden que contribuyen a la exclusión de amplias capas de la sociedad de los beneficios del desarrollo y de la posibilidad de ejercer su libertad para elegir o para ser elegidos y para acceder a bienes privados y colectivos.

La exclusión que vive el país y que se hace más evidente en los últimos días con el paro nacional, producto de la soberbia de un gobierno que no escucha ni respeta a sus ciudadanos, pasa por el fenómeno multidimensional que expresa la situación de una sociedad fragmentada, dual, caracterizada por la negación o inobservancia de los derechos sociales, económicos y culturales de la mayoría de la población.

La problemática derivada de la inoperancia del Estado, como garantizador de los derechos básicos de la sociedad, tiene su reflejo en la fractura de la cohesión social, como un factor crítico de la democracia y como una cota al desarrollo de la ciudadanía. Desde este punto de vista, los excluidos son el conjunto de la población que no esta integrada a la producción y el consumo, sin conexión con circuitos o redes sociales, económicas y políticas; es decir, marginados de los elementos sustanciales de la sociedad, como el acceso a bienes y servicios y a la deliberación social.

Bajo esta aproximación, se entiende la exclusión como la desigualdad en términos de concentración del ingreso, condiciones y calidad de empleo, acceso a las cadenas productivas y de consumo, y garantía de disfrute de bienes públicos por parte de muchos sectores de población, que se entienden afectados por desventajas sociales tan marcadas como las que se padecen en el país.

La exclusión nace igualmente de la acumulación de desventajas que llevan a la privación de diferentes aspectos de la vida en sociedad, como desventajas en las leyes promulgadas, en las instituciones públicas y en el acceso a las riquezas del país, dejando entrever que la protuberante diferencia entre la exclusión social y la desigualdad social estriba en que la primera es un fenómeno socio – cultural que tiene carácter de diferencia y la segunda un fenómeno socioeconómico.

En general, los excluidos son el conjunto de la población que sufre desventajas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda y recursos financieros y de participación en procesos políticos, teniendo dificultades en el acceso a las instituciones y a los mercados que distribuyen estos bienes y servicios; una situación que permanece en el tiempo y cuyo resultado es un deterioro relativo de sus condiciones de vida, aun cuando quienes las propician aparentan que quieran mejorar su posición relativa en la sociedad.

El Estado de bienestar provisto por la Constitución Política de Colombia, es un sistema basado en un contrato social escrito y tácito que en apariencia garantiza la seguridad social, individual y colectivo, que promueve la justicia social y que propone formulas eficaces de solidaridad entre los hombres y las generaciones. Desde esta perspectiva, el Estado tiene una raíz histórica basada en la concepción según la cual aparece como la única institución capaz de establecer los correctivos necesarios que permita el acceso de la población a servicios básicos y garantizarles unas condiciones mínimas de vida, junto con el progreso económico.

Lamentablemente los gobiernos y nuestra dirigencia aplican esos componentes políticos, ideológicos, culturales y jurídicos que permiten avanzar hacia una sociedad plural, democrática y mas justa, en beneficio propio, de su grupo familiar, económico y de amigos, generando un alto grado de concentración a niveles superiores, que acentúan aún más la desigualdad en materia de oportunidades e ingresos para las personas y familias de menores condiciones.

Los 21 millones de colombianos en condiciones de pobreza y en extrema pobreza de hoy, no deben atribuirse de manera exclusiva a la pandemia del coronavirus COVID – 19, sino que obedecen más a los resultados de un patrón económico y político concentrado y justificado tradicionalmente, que desconoce y hace oídos sordos de las mayorías; limitandose a ofrecer pequeñas canonjías como los pírricos subsidios de familias en acción, Colombia mayor, tiendas para la gente, jóvenes en acción, casa digna vida digna y la compensación de $ 50.000 pesitos de IVA, que no generan productividad sino mas dependencia de estas familias del Estado.  

Importa señalar finalmente que la aguda crisis social y política que está padeciendo el país como consecuencia de la protesta social y marchas en todo el territorio nacional, debe constituirse en una oportunidad para que el gobierno, los gremios, partidos y dirigentes políticos y la sociedad civil,  actúen con responsabilidad y generosidad, permitiendo flexibilizar en lo posible el rígido modelo económico y político, que impide el acceso a oportunidades a otros sectores históricamente excluidos y marginados del desarrollo económico. De no ser asi, se mantendría perenne el estado de inconformismo y división entre aquellos sectores que disponen de los medios de producción y los recursos derivados de la política, y los que angustiados buscan una oportunidad de trabajo que les permita obtener un ingreso digno y mejores condiciones de vida para sus familias.