Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
La ética, su estudio, pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar del ser humano al tiempo que trata de establecer «reglas» de lo que es «bueno» y lo que es «malo», sentido en el cual su importancia radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal como individuos y como sociedad. Moral, es lo perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. El derecho, es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente.
La relación entre ética, moral y derecho es asunto de gran e indudable interés académico y demás otros aspectos de la vida misma que afecta en mucho las relaciones entre forma y materia, entre forma y valores en el derecho, que incide de manera esencial sobre la realidad. Muchos han sido diálogos, debates y discusiones cobre este tan especial particular, que sería interminable intentar apenas un mínimo repaso sobre lo que se ha expuesto al respecto a través de los tiempos. En tal sentido, es de tener en exacta cuenta que arriba o abajo de la normatividad existen principios, parámetros generales que como precipitados de la cultura jurídica universal del Estado moderno constituyen señales indelebles de la aspiración a la justicia que ha de caracterizar el funcionamiento y la actuación de todos los poderes públicos sin excepción, entre los que cabe destacar los derechos fundamentales de las personas.
Atender a ciencia cierta que los valores superiores del ordenamiento jurídico circulan por la vía de la designada ética jurídica, de forma y manera que la estirpe ética es de importancia suma en materia de derecho administrativo, no sólo porque obviamente el ejercicio del poder público haya de conducirse por estos derroteros, sino porque la permanencia de los valores superiores es la garantía de que el ordenamiento jurídico en su conjunto se inspire en los que hemos llamado principios generales fundamentales.
Es de tener en cuenta igualmente, como bien se señala, que las invocaciones a la ética y a la moral son merecedoras del máximo respeto, toda vez que nunca es ni será más noble la función de los tribunales que cuándo ésta se desarrolla aplicando el derecho sobre bases éticas, ya que existe una ética jurídica, que no es, ni más ni menos, que una sublimación del derecho, al tiempo de entenderse que la Ética no es fuente del Derecho, sino un estímulo vigorizante de su aplicación.
El derecho debe y tiene que moverse sobre un piso sólido y firme, el de la ética jurídica que se encuentra representada por los principios generales del derecho de carácter fundamental en que se materializan los valores superiores del ordenamiento jurídico; cuya mayor parte están recogidos en la Constitución y responden al nombre de valores superiores del ordenamiento jurídico. La ética, además, si bien no es fuente del derecho, es elemento que lo vigoriza, vivifica y robustece en sus principios generales y son espacio que preside la vida de las normas, el oxígeno que respiran, la cuna por el que se mueven y un estímulo que las refuerza y las fortalece en todo momento; de ahí que si renunciamos a los principios generales del derecho condenamos a las normas a su degradación y perversión, algo actual al haber vencido una idea utilitaria, de uso alternativo, que pone al servicio del poder las normas y los principios y no en el evento contrario.
Desafortunadamente hoy, grave asunto, el formalismo reinante busca, con ocasión y sin ella, doblegar los principios en función de lo útil o conveniente a la tecnoestructura, lo que es a todas luces un exabrupto de marca mayor. saulherrera.h@gmail.com
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Magister en Derecho Público. Columnista
