Por: Juvenal Infante*

Entre los escombros ya comenzó otra obra: la de unos colombianos que volvieron a confiar en otros.

Para quien tenía poco, el terremoto fue todavía más cruel. Hubo familias que lo perdieron todo: sus seres queridos, la casa, los muebles y enseres comprados durante años y, muchas veces, el pequeño negocio que sostenía el diario vivir: una tienda, un taller, una peluquería, una máquina de coser. Hay gente que vivía con lo justo, al día, y quedó sin nada.

Quizá por eso conmueve tanto lo que vino después. Durante estos días vimos centros de acopio llenos, voluntarios clasificando ayudas y familias llegando con mercados, agua, medicamentos, cobijas o una simple bolsa de mano. Los grandes empresarios hicieron aportes cuantiosos. Fue un primer auxilio, urgente y necesario, y también una señal: una catástrofe de esta magnitud no puede dejarse enteramente en manos del Estado.

Abelardo De la Espriella llevaba apenas unas 60 horas como presidente cuando la tierra sacudió al país. Qué manera tan dura de estrenar un gobierno. Desde entonces lo hemos visto, junto al vicepresidente y sus ministros, metido de lleno en una crisis cuyo costo preliminar ronda los 30 billones de pesos. El cansancio de las jornadas interminables ya se les nota; ninguno, sin embargo, parece dispuesto a aflojar. Eso merece reconocerse.

La solidaridad atravesó incluso la frontera política. También sectores de la oposición se sumaron a esa corriente, y está bien decirlo: frente a alguien que perdió familiares, vecinos y amigos, su casa o su negocio, la militancia debería saber hacerse pequeña.

Quizá ahí reaparezca el geohumanismo que he promulgado desde estas columnas. En los centros de acopio se desdibujan las etiquetas con las que nos enseñaron a enfrentarnos. El empresario y el empleado, quien dispone de mucho y quien apenas puede desprenderse de algo, terminan mirando hacia el mismo ser humano que necesita ayuda.

Ahora comienza la cuenta larga, y el nuevo gobierno la recibió con las finanzas exhaustas y una nómina paralela de 900.000 contratos que, según reveló el propio presidente, dejó obligaciones superiores a cinco billones de pesos. Quienes durante cuatro años hablaron de refundar la patria dejaron, entre otras cosas, una gigantesca nómina de contratos de prestación de servicios. Ese fue, al final, uno de sus legados redistributivos: repartir cargos entre los propios.

Con semejante factura, cada peso mal gastado resulta ofensivo. El despilfarro tiene ahora un rostro: una familia que espera techo, un pequeño comerciante que necesita volver a levantar la persiana, una escuela que debe abrir otra vez. Cuesta entender cómo un gobierno tan generoso con la retórica de los pobres fue, a la hora de pagar nóminas paralelas, tan poco austero con la plata que debió destinar a ellos.

La reconstrucción necesitará al Estado, pero también al capital privado, las comunidades y la solidaridad del exterior. Esperarlo todo del presupuesto sería engañarnos, especialmente después de conocer la dimensión del gasto contractual heredado.

Y acaso ahí esté la señal más alentadora de estos días. Después de años de agravios, sospechas y divisiones, los colombianos volvieron a mirarse menos como adversarios y más como compatriotas.

Habrá que reconstruir barrios, hospitales, escuelas, carreteras y pueblos enteros. Ojalá los levantemos mejores de cómo estaban. Pero entre los escombros ya comenzó otra obra: la de unos colombianos que volvieron a confiar en otros.

Eso también es reconstruir un país.

*Economista. Analista Internacional