Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Creería hoy más que nunca, que como país no necesitamos más discursos, narrativas ni relatos, sino datos reales y válidas como claras y soportadas decisiones, mismas que no deberían bajo ningún punto de vista depender de ideologías, cálculos partidarios, intereses sectoriales o intereses personales, sino de mejorar y nunca más dejar que se empeore la vida de los colombianos; más por cuanto como bien sabemos, atravesamos momentos críticos, tenemos una economía no avanzando como debiera, inversiones frenadas, tozudas fuerzas políticas opositoras sin norte alguno y un aparato productivo que trabaja con total incertidumbre, que aspiramos y esperamos en esta nueva era ello sea lo más pronto posible parte del pasado y que las respuestas del Estado lleguen oportunamente, sin retrasos, traducidas en decretos, reglamentos, resoluciones y trámites viables, siendo ahí donde debe aparecer el sentido común.
Ante toda falencia, la prioridad es garantizar la solución. No podemos seguir, como en el gobierno anterior, manteniendo una estructura estatal ineficiente y corrupta; como tampoco, por cuanto no tiene ello lógica, seguir desperdiciando recursos, como lo vimos, en asuntos que como país podemos superar gradualmente.
De otra parte, sabemos que necesitamos inversión, pero no basta con aprobar una ley y esperar resultados, ya que el capital llega donde existen seguridad jurídica, reglas claras, energía, caminos abiertos, acceso a divisas y estabilidad, en la verdad que ningún inversionista arriesga recursos donde producir depende de si mañana habrán o no las condiciones para su hacer en condiciones normales, sin pensar en carreteras bloqueadas o propiedades avasalladas.
Igualmente necesitamos en manera importante y urgente construcción plena de acuerdos en el que el papel del legislativo sea fundamental, ya que la democracia, bendita democracia, exige que las distintas fuerzas políticas construyan consensos para convertirlas en normas. Y si bien las diferencias son legítimas; lo que no puede ocurrir es que se transformen en parálisis. En muchas áreas y sobre distintos aspectos y problemas como hidrocarburos, educación, minería, electricidad o inversiones conviene y corresponde debatir, corregir, acordar y aprobar; puesto que la democracia no consiste en que todos piensen igual, sino en que quienes piensan distinto sean capaces de encontrar puntos de encuentro para responder a las necesidades del país y ello si es de plano transcendental e inaplazable.
El derecho a la protesta debe respetarse, pero no puede convertirse en permiso para destruir producción, impedir el trabajo o cortar el abastecimiento, como venía pasando, dejando como resultado que después de semanas de carreteras cerradas quedaron contratos perdidos, empresas debilitadas, empleos afectados, mercados ocupados por competidores y una ciudadanía perjudicada, lo que es inadmisible en un país que quiere crecer y por ende no puede normalizar su propia paralización, lo que es además de absurdo inadmisible.
Necesitamos un Estado que funcione, haga cumplir la Constitución y la ley, garantice servicios, genere condiciones para producir y actúe con rapidez ante una crisis. Un Estado fuerte no es el que interviene en todo; es el que cumple bien aquello que le corresponde. Tenemos capacidad productiva, recursos naturales, empresarios, trabajadores y oportunidades, no obstante y muchas veces complicamos lo evidente cuando lo que se necesita son soluciones, aunar sectores que deben complementarse y dejar de convertir decisiones técnicas en batallas ideológicas, como creo que no nos pasará más.
El sentido común tiene que ser para nuestro país una herramienta política. Preguntarnos menos de qué lado vienen las propuestas y ver si funcionan o no para los más altos y superiores intereses de la patria; lo mismo que pensar menos en quién gana una discusión y más qué gana el país. Tener claro que no necesitamos elegir entre Estado o empresa privada, producción o medioambiente, inversión o soberanía, sino equilibrio, reglas claras y decisiones responsables.
En política hay decisiones complejas. Pero otras son bastante simples: si algo funciona, fortalezcámoslo; si no funciona, cambiémoslo; si una norma estorba, corrijámosla; si el país necesita producir, dejemos producir. No necesitamos inventar nuevas nueva fórmulas, sino recuperar algo mucho más básico y, al mismo tiempo, más escaso, el sentido común para gobernar tanto con certeza, como asertivamente, que es actuar y comunicarse de manera firme, clara y directa, expresando las propias opiniones, deseos o derechos sin caer en la agresividad ni en la pasividad, al tiempo que implica defender lo que se piensa o necesita mientras se respeta a los demás.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Maestría en Derecho Público. Columnista
