Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
La transparencia se nos ha dicho siempre, es un valor social que debe ser parte del quehacer diario. Avanzar en ella debe ser tarea, consigna y desafío. Incorporarla, hacerla tangible como un todo irremplazable en la cultura cotidiana de personas, servidores públicos, sociedad en su conjunto y la democracia. Abordar su valor y el acceso a la información desde una perspectiva más allá de lo visible; y, no sólo como derechos humanos, sino como vías sociales indispensables para el ejercicio democrático. Importa en consecuencia y como evolución de ese derecho, su fortalecimiento, su garantía plena y efectiva, que haga su actuar ajeno a cualquier interés político o partidista.
Queremos una transparencia lineal, ya que no obstante generarse ahora más información pública y los servidores públicas son más conscientes de su deber, todavía hay resistencias, debido a que los sujetos obligados alegan inexistencia de información para evitar su entrega, práctica que retarda el proceso y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones; además, persisten obstáculos burocráticos y resistencias institucionales que limitan el verdadero potencial de estos derechos, ya que si bien se ha comprobado que su garantía es fuente vital para empoderar a la ciudadanía, periodistas y medios de difusión y comunicación mediante información fidedigna, permanece la visión de esos derechos como problemas para el quehacer gubernamental y no se les ve, en muchos casos, como una solución a problemáticas sociales.
Aunado a ello, se suma la insistencia de un discurso crítico, ya que muchas veces se soporta en afirmaciones equivocadas. Importa en esto, real y verdaderamente, combatir la corrupción, entender que debe garantizarse, saber cuál es el papel que a todos nos corresponde camino a su consolidación. Convertirlo en una vía de control, herramienta e instrumento que contribuya a exigir cuentas y visibilizar que lo público se realice conforme a derecho, para que cabida tengan investigación, fiscalización y sanción.
Sobre la transparencia debemos invitarnos a reflexionar sobre su futuro. Saber que no se puede poner en riesgo bajo punto de vista alguno, el derecho a preguntar sobre el quehacer gubernamental, siendo más que urgente redoblar los esfuerzos orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales para que hagan posible la transparencia y el acceso a la información. Su respeto, protección y garantía es un desafío permanente e indispensable para el fortalecimiento democrático del país, así como para la edificación de una sociedad mayormente informada y activamente participativa.
*Abogado. Columnista. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Magister en Derecho Público. saulherrera.h@gmail.com
