Por: Rafael Robles Solano*

Desde finales del siglo pasado, observamos con apatía y casi que indiferentes, como nuestros recursos naturales, en particular los madereros y los relacionados con la minería artesanal, vienen siendo objeto de explotación indebida, sin que los gobiernos de turno se apersonen de la vigilancia y adecuado control de estos.

Lo anterior era consecuencia de la ausencia de una legislación actualizada y de la falta de autoridades capacitadas para encargarse apropiadamente de la conservación de los recursos mencionados, los que juntos, contribuyen a destruir las otrora ricas fuentes hidrográficas que eran orgullo de nuestros ancestros, quienes presumían porque teníamos uno de los países más ricos del mundo con esta clase de recursos, hoy degradados por el abuso inmisericorde de traficantes que explotan y comercializan ilegalmente maderas en diferentes zonas selváticas, como la Amazonía, el Chocó, los llanos orientales y otras regiones en las que desforestan y colonizan tierras, para hacer ganadería extensiva o dedicarlas a cultivos ilícitos, como acontece en los departamentos del sur del país, que me permito reseñar, Cuaca, Nariño y Putumayo; y por la extracción ilegal de minerales como el oro, utilizando mercurio y otros químicos venenosos, todo lo anterior sin incluir la polución generada por las múltiples industrias y fabricas que continúan eludiendo los controles ambientales y siguen intoxicando las grandes ciudades con emisiones de gases contaminantes, mientras que los municipios restantes, vierten irresponsablemente los desechos, aguas servidas (negras) en nuestros mares, ríos y sus afluentes como sucede con el río Bogotá, que destruyen los ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro territorio, generando todos estos uno de los mayores conflictos socioambientales de Colombia. 

Analizando las desafortunadas circunstancias medioambientales que padece nuestro país, recurro quizás ingenuamente al marco legal del ACUERDO de ESCAZÚ, que es un tratado regional de América Latina y El Caribe, suscrito en Costa Rica a marzo de 2018, en buena hora aprobado por la Cámara de Representantes, el pasado 10 de octubre de 2022, pero llama la atención el que Petro, sancionará oportunamente la Ley 2273 a noviembre del mismo año, sólo hasta el pasado año, agosto 28 de 2024, la Corte Constitucional aprobó por unanimidad alcance de este Tratado, legitimando el inicio las rutas de implementación de los sistemas de información sobre conflictividad socioambiental; la preparación de actos administrativos para la participación ciudadana en las decisiones ambientales; las políticas del manejo de información ambiental; las estrategias de acompañamiento a los defensores ambientales; la concertación de vías para la defensa de los DDHH y los programas de fortalecimiento de veedurías ciudadanas. Sin embargo, a la fecha de referirme a la generalizada crisis ambiental que sufren actualmente la mayor parte de nuestros recursos naturales.

El Acuerdo de Escazú, es sin embargo, un instrumento sobre el cual los medios de comunicación nacional se han referido de manera superficial, evidenciando no sólo que se desconoce la importancia y alcance de este Tratado, sino también, porque están lamentablemente haciendo parte del implacable bloqueo mediático e institucional que vienen ejerciendo e imponiendo los grupos políticos de oposición en contra del Gobierno actual, sacrificando de paso la implementación de las urgentes medidas tendientes a garantizar la protección y defensa cierta de nuestros recursos naturales. 

*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com