POR: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ
Según el sombrío panorama que se vive hoy en Colombia, no hay muchos motivos a primera vista para el optimismo, pues estamos pasando momentos de desencanto de sus habitantes y viviendo en un mundo desencajado en lo político, en lo social y en lo económico.
El oscuro panorama del país en lo político, las consecuencias graves derivadas por la pandemia del coronavirus COVID – 19, y la relación de hechos violentos en los últimos lustros, acercan a Colombia a la triste realidad vivida desde sus inicios republicanos en su organización política y administrativa, que la han sumido en una pugnacidad sucesiva por incidentes menores o graves como los atentados, genocidios, asesinato de hombres públicos, enfrentamientos frecuentes entre las fuerzas del orden y grupos subversivos, violencia política, y una alianza narcopolítica con impacto real en la economía.
Hablar de la violencia en Colombia es entender que esta refiere a una larga escuela de acontecimientos, considerando la relatividad de los procesos de paz hechos de los últimos años.
En la Genesis de la Colombia del siglo XXI, con un proceso y acuerdo de paz firmado hace escasamente cinco años, que muy poco ha servido para atenuar la violencia y desplazamientos forzados, el país continúa desgarrado y sufriendo los embates de los grupos emergentes surgidos de las disidencias de los paramilitares, de las guerrillas de las Farc, los estragos de los crecientes cultivos de coca y el narcotráfico, y de la creciente delincuencia común en las ciudades y las zonas rurales.
Importar saber que los puntuales hechos referidos se remontan más allá de la primera mitad del siglo XIX, y a la colonización del país, cuando la violencia generó flujos de migración de personas “desplazadas” en busca de regiones menos peligrosas, con el agravante que la gente que vive en áreas rurales violentas ha tenido la tendencia de trasladarse, ya sea a otras ciudades o a las regiones de frontera que han tenido la tendencia a volverse violentas, debido a que sus habitantes en gran medida están expuestos a las actividades ilegales.
Lastrados por una pobreza creciente de cerca de la mitad de su población a consecuencia de la pandemia del COVI – 19, en el entendido que hoy el 40% de la población activa está por debajo de la línea de pobreza absoluta, según los indicadores del gobierno nacional, que reconoce que más del 60% de las personas se ocupan en economía de subsistencia o mal llamada economía informal, que acentuada por un paro nacional que ha incentivado la movilización de los colombianos, sobre todo los jóvenes y desempleados; contrasta con la realidad de un gobierno que a tientas busca desesperadamente encontrar salidas a la grave problemática social y económica que padece el país, que aupado además por dos o tres grupos económicos oligopólicos en las grandes ciudades, ahogan desde la industria hasta los medios de comunicación, sin más interés que el de la acumulación de granes riquezas y capitales, “democratizados” muchas veces por el influjo de grandes carteles.
Bajo esta perspectiva no es difícil hacer un asomo sobre las disparidades regionales surgidas y persistentes en Colombia, considerando que el desarrollo histórico, en efecto, ha estado signado por la violencia que le azota desde sus inicios, soportado en buena medida por las muchas diferencias sociales, políticas y económicos existentes, que impiden un desarrollo armónico y constante para toda la nación.
Esta situación ha influido y sique incidiendo considerablemente en el desarrollo entre las diferentes regiones y departamentos de Colombia, considerando que aquellos situados al interior del país o en regiones estratégicas como Cundinamarca (incluida Bogotá), Antioquia, Valle del Cauca y Santander), que han contado y tienen desde sus inicio una base comercial e industrial definida y bien desarrollada, especialmente en sus ciudades capitales, terminaron disfrutando de mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo para sus habitantes.
Estos departamentos considerados ricos, disfrutan de ventajas comparativas que les siguen dando soporte legal que les permite obtener significativas inversiones del estado y una educación de mejor calidad, que termina generando mayores oportunidades para sus habitantes; marcando diferencia con los otros departamentos mal llamados pobres, que, por sus condiciones de baja generación de ingresos y productividad, limitan su crecimiento y desarrollo, haciéndoles más lentos y rezagados.
Esta realidad es corroborada por el DANE que reporta que aproximadamente el 53,2% del PIB (producto interno bruto) colombiano es producido por tres departamentos: Antioquia (14,6%), Bogotá (27.1%) y el Valle del Cauca (11,4), en contraste, 10 departamentos en donde la inversión estatal y la baja presencia de empresas e industrias públicas y privadas, escasamente contribuyen al producto interno con el 12,5% del total de la producción nacional; haciéndose muy limitado y evidente el desarrollo regional; comportamiento que sugiere y justifica las diferencias marcadas y considerables en la actividad económica y política de muchas regiones de Colombia.
Las inversiones públicas en infraestructura como vías, transporte, electricidad, agua y telecomunicaciones con capacidad, que juegan un importante papel en la generación de empleo y productividad, se han convertido en un impedimento para las empresas y negocios que quieren ubicarse en sus capitales y municipios, que cuentan con bajos o casi nulos estímulos a la movilidad sectorial para su promoción y generación de puestos de trabajo.
Todo lo anterior contribuye a la baja distribución del empleo a lo largo de las regiones pobres, en efecto, esto suele ser una de las fuentes de convergencia negativa entre las regiones, considerando que no hay instrumentos de políticas públicas para la ubicación de negocios, ya sea en la forma de subvenciones a la ubicación regional o en la forma de exenciones tributarias o fiscales para promover e impulsar el desarrollo sectorial.
Las disparidades económicas que son muy evidentes en Colombia desde siempre, terminan causando problemas severos, en cuanto impiden el logro de objetivos de política económica a nivel nacional, tales como las de suministrar oportunidades de trabajo adecuadas o distribuir los ingresos y la riqueza más equitativamente; adicionalmente, tales disparidades terminan teniendo consecuencias políticas y sociales.
La realidad socioeconómica en los llamados departamentos pobres, entiéndase desde el punto de vista económico o de su PIB, mas no geográficamente como la Guajira, Cauca, Choco, Magdalena, Caquetá, San Andrés y Providencia y los denominados pequeños o de los antiguos territorios nacionales, se mantendrán durante mucho tiempo iguales de rezagados, marginados y aislados, si el Estado colombiano, que no el gobierno de turno, no lideran la formulación y aprobación de políticas públicas claras que permitan promover la competencia sistémica, el desarrollo sostenible, movilizar el potencial de desarrollo endógeno de estas regiones, estimular la cohesión económica y social y promover la mejora en la educación en todos sus niveles.
En todo el mundo estudios internacionales han demostrado que, en efecto, la calidad de la educación y no solo la cantidad, es un factor importante para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento económico entre los habitantes y las diferentes regiones de un país. Pues solo en la medida que la población de una región se eduque y capacite tiene posibilidades reales de impulsar su crecimiento y mejorar su desarrollo.
