Por: Melanio Zúñiga Hernández.
El concepto técnico de la desigualdad económica refiere a que esta es la situación en la que existe una diferencia relacionada con la renta, la riqueza o bienestar económico entre los diferentes integrantes de la población de una zona geográfica.
La desigualdad económica difiere diametralmente con la desigualdad social, en tanto esta es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen.
Frecuentemente suele confundirse la desigualdad social con pobreza, cuando estas pueden o no coexistir. Por ejemplo, una sociedad muy desigual puede ser muy rica, una sociedad muy rica puede ser desigual, o al revés, una sociedad con altos índices de igualdad puede ser muy pobre; por consiguiente, cuando se habla de desigualdad económica, estamos haciendo referencia a una diferencia.
Durante toda la historia de la humanidad ha existido la desigualdad social, y la lucha por alcanzar una igualdad social entre los ciudadanos del mundo ha ido variando a lo largo del tiempo en función de los cambios que han experimentado las sociedades, que según como se hayan organizado las estructuras dominantes en diferentes épocas (económicas, sociales. políticas y culturales) en la sociedad, así será el grado de exclusión que padezca buena parte de la población.
Ningún sistema socioeconómico es completamente igualitario, de hecho, los privilegios y las jerarquías sociales han existido incluso desde las primeras formas de organización social que surgieron en la antigüedad.
La lucha contra la desigualdad social ha transcurrido paralelamente a la aparición del hombre y de los derechos fundamentales como la Declaración de los Derechos del Hombre en el año 1789, y la aprobación de la Carta de los Derechos Humanos en 1948; por tanto, podría decirse que son acontecimientos mundiales que se entienden esenciales en este sentido.
La desigualdad social no solo se manifiesta en aspectos como el poder adquisitivo, que es sin duda la causa principal de la exclusión y la falta de oportunidades en muchos lugares del mundo, sino también en otros elementos que la pueden motivar como la cultura, la etnia, la raza, la religión, el origen y la nacionalidad, las costumbres y la ideología. Es por ello por lo que en casi todos los casos la desigualdad social conlleva, además de una situación de marginación y aislamiento, el señalamiento de esos grupos sociales que se han visto afectados directamente por esta circunstancia como los responsables de ese fenómeno.
En el mundo moderno existen y concurren un conjunto de aspectos considerados relevantes y a los que citan distintos organismos internacionales de investigación como las principales causas que influyen en la desigualdad económica y social, entre las que se pueden mencionar: la globalización, salarios muy bajos de un sector de la población, marcos laborales que desprotegen a los trabajadores, cambios tecnológicos, catástrofes naturales y guerras, legislación y marcos legales desiguales, desigualdad de genero y brechas salariales, ausencia de derechos fundamentales o su violación, inexistencia de distribución de riquezas, políticas fiscales que favorecen a las personas de mayores ingresos generando inequidad económica, falta de acceso a servicios básicos como la educación, saneamiento básico y justicia, finalmente la corrupción que termina provocando un aumento de la desigualdad y como consecuencia, dar como resultado más corrupción.
Para los grandes economistas del mundo la desigualdad social se entiende como un problema estructural, es decir, está enquistada en los sistemas políticos y económicos que determinan el rumbo de nuestras sociedades, y quizá de ahí provenga la dificultad para combatirlos definitivamente, permitiendo que sus causas muten y varían según las características de cada lugar, región, país o continente.
Creer que la exclusión económica conceptualmente es nueva, o peor aún que no existe, es desconocer el funcionamiento de la economía y sus actores privilegiados históricamente, es ignorar o encubrir los males que nos han conducido al subdesarrollo y que lamentablemente terminan generando fenómenos como el ocurrido con el paro nacional y las marchas que se originaron a principios del año pasado, donde sectores sociales, los jóvenes, indígenas y afros, dieron el grito de dolor frente a tanta injusticia y marginalidad en Colombia, reclamando del gobierno y el país una mirada hacía estos grupos de población marginados.
Como consecuencia de esta problemática de exclusión en su dimensión económica y social, que se acentúa y resalta en la sociedad colombiana, marcada por graves disfuncionalidades críticas como la existencia de una población que más del 50% es pobre, con casi 8 millones bajo la línea de indigencia y aguantando hambre, es decir, una población que no dispone de un ingreso de un dólar diario para garantizar sus condiciones vitales mínimas de alimentación y nutrición.
Aparte de la indigencia, pobreza y marginación que implica una condición tan desaventajada, hoy el 60% de la población económicamente activa del país se desempeña en la economía informal, la cual busca desarrollar algunas de sus capacidades y habilidades en condiciones de extrema precariedad para garantizar unos ingresos que les permita subsistir junto a sus familias; con el agravante que dentro de esta población pobre la mayor proporción es de jóvenes menores de 18 años y mujeres cabeza de familia.
Hoy la concentración de la riqueza y la propiedad de activos productivos no sólo se ha ensanchado, sino que ha venido a ser permeada por capitales de naturaleza ilegal. Se estima que el 1,1% de los propietarios de la tierra en el país tienen más del 55% del territorio cultivable y explotable; con el agravante que, en las zonas ampliamente ricas del agro, cerca de un 30 a 35% de ese territorio sería de propiedad de capitales de dudosa procedencia, ligados al narcotráfico.
Colombia es la segunda sociedad con mayor desigualdad en el ingreso en Latinoamérica después de Brasil, en un continente quizá con la mayor desigualdad en el mundo, pues el 20% de los hogares más ricos concentra el 56% de los ingresos, y el quintil con mayores ingresos devenga 28,3 veces más que el quintil más pobre.
En el campo de la democracia como ordenamiento social son muy pocos los avances registrados en los últimos treinta años, no obstante las sanas intenciones de la constitución de 1991, que planteaba avanzar en la democratización económica y política, sin contraponerse necesariamente a un régimen de mercado con una estricta regulación por parte del Estado, para la corrección de fallas sustantivas y del abuso de poder mono u oligopólico con responsabilidades estatales indelegables en propósitos de inclusión social y política.
*Melanio Zúñiga Hernández. Abogado y Contador Público especializado en gerencia financiera, amplia experiencia en banca y en revisoría fiscal.
