Por: Rafael Robles Solano*

Para abordar este delicado tema, he tenido que sospesar cuidadosamente los pros y contras de su contenido, por cuanto la tenencia de las tierras en Colombia, especialmente las rurales, están impregnadas de muchísima sangre derramada por nuestros campesinos y desde luego, atravesadas por el largo conflicto armado que durante generaciones a desangrado al país, con una violencia que aún nos azota. Al respecto, destaco conceptos del investigador Alejandro Reyes, del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA – C.N.M.H., quien recalca en su “INFORME DE TIERRAS”, que el principal impacto del conflicto armado sobre la tenencia de la tierra: “es la sustitución del control estatal por los grupos armados irregulares”, quienes desplazaron al menos a la mitad del campesinado de las regiones bajo su dominio, en muchos casos para entregarles esas tierras a terceros, y además, subordinaron los derechos de propiedad a la tributación.

Son múltiples los factores de confrontación y desplazamientos los que han desencadenado que la propiedad rural haya sido el punto o eje central de tantas polémicas y enfrentamientos desde lo institucional, hasta los estrictamente parroquiales y personales, pero siempre a la sombra de los intereses de quienes ejercen el control mediante sus influencias hegemónicas de poder económico y político.

Con motivo del actual debate institucional por parte de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, por su sigla A.N.T., qué mediante unas acciones de tutela, pretende que las funciones de titulación de predios, quede en su poder, para sustraerla de la potestad de los jueces, se convierte en un asunto que requiere de mucha prudencia y ponderación, por las enormes implicaciones sociales que conlleva, pues se corre el riesgo, de que se convierta en combustible para darle más espacios a las acciones violentas de los que promueven con masacres atroces y recurrentes, el desplazamiento de lugareños y raizales e impiden la normal clarificación, recuperación y titulación de bienes baldíos rurales. De ahí qué con ocasión de estas actuaciones judiciales, desde diferentes frentes, le están pidiendo a la Honorable Corte Constitucional, que se abstenga de conceder lo pretendido por parte de A.N.T., y que se conserve en manos de los jueces de la República la titulación de tierras en el país. Solicitudes fundadas con argumentos sólidos, pese a que los críticos, aducen que: “El tema rural en Colombia, es uno de los más atrasados del mundo.”

Me permito traer a colación y citar al abogado José Alfredo Bernal Rivera, quien, a propósito de esta situación, radicó una súplica ante la Secretaria General del alto Tribunal, solicitando tener en cuenta que:  “no se puede desconocer que la Rama Judicial, pese a sus problemas y corrupción en algunos casos, ha jugado un papel clave a la hora de asignar, proferir y admitir sentencias en temas agrarios, por lo que se debe fortalecer esa labor antes que quitársela. La Rama Judicial y los jueces pueden trabajar conjuntamente con la Agencia Nacional de Tierras en alternativas para conjurar el atraso en el tema de la entrega de predios, que ya están desde hace décadas en manos de campesinos.”  Señalando además que: “la Corte no puede borrar de un tajo las actuaciones de quienes, en muchas oportunidades, han sido los únicos que se han enfrentado a los terratenientes en muchas zonas del país”.

Planteamientos que personalmente comparto, dadas las circunstancias actuales, en las que es inocultable la enorme injerencia de fuertes y grandes grupos económicos, la influencia funesta de los narcotraficantes, como de emporios agro industriales dedicados a cultivos y ganadería extensiva, que para nada promueve la equidad en la distribución de la tierra, de entrega de subsidios, y de una verdadera reforma agraria rural e integral, como consolidación del Estado Social de Derechos. lideresocial@hotmail.com *Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL

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