Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*
Nos colman y copan situaciones graves de inseguridad, de lo que hay reclamos por doquier, Demanda la ciudadanía la presencia efectiva de las autoridades todas, de la Fuerza Pública, así como una justa, pronta, veraz y oportuna justicia, muchas veces y a todos los niveles entregada a conveniencias y oscuros intereses. La inseguridad en la más de sus formas, modalidades y procedimientos se pasea y hasta cabalga oronda por todos los rincones, altitudes y latitudes patrias, desde donde se registran nefastos resultados, llámense robos, atracos, homicidios y demás otros delitos de los que haríamos un listado interminable.
La seguridad, ese valor tanto fundante como fundamental, esencia misma de civilidad, orden y progreso, debe ser prioridad, adecuarse y ajustarse al máximo para alcanzar un todo común, soportado en una política criminal que agrupe, involucre y obligue a todas las instancias de gobierno locales, departamentales, regionales y nacionales instauradas para el efecto y las que de distinta manera puedan colaborar en este objetivo y noble propósito, lo cual acompañarse debe de planes, proyectos, programas, prospectivas y estrategias que faciliten recuperar todos los espacios afectados unos más que otros por la triple emergencia sanitaria, económica y social que aún se siente con sus secuelas, desorganizados los más y con escaso control por parte de las administraciones públicas, requerido lo cual de un todo general y nacional de seguridad ciudadana.
Requiere tan crucial asunto, articular y comprometer en situación de importancia, pero además de urgencia suma, a todas y cada una de las autoridades responsables de la justicia, mandos policiales, fiscalía y jueces, como directos responsables en vía a una pronta y efectiva justicia, producto de un generales y eficaces acuerdos, so pena de que lo desarrollado por cada una de dichas instancias no produzcan como deberían y tenían que ser en positivo los resultados por todos esperados,
Colaboración incondicional en esto deben brindar las autoridades locales que no conocen la operatividad de la policía y en veces desautorizan los procedimientos legales, lo que de muchas maneras perjudica y da al traste con lo que se busca, creando incertidumbre en la ciudadanía y comunidad toda, lo que es aprovechado por la delincuencia tanto común como organizada de distinto origen, naturaleza y propósitos, así como a los adversarios de los gobiernos, quienes desatan todos sus esfuerzos para exacerbar las situaciones y circunstancias que fueren para general malestar y desencuentros entre las distintas autoridades, lo que impone encontrar puntos de convergencia y acercamientos que posibiliten y permitan el triunfo de los intereses generales sobre los particulares, camino a debelar con creces la inseguridad en todo el territorio patrio.
Luis Gilberto Ramírez Calle. General (r) Ponal. Administrador. Consultor Asesor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo.
