SAÚL ALFONSO HERRERA HENRÍQUEZ

Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*

La corrupción, generalmente es definida como “toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta”; razón por la que se habla del nivel de corrupción o transparencia de un Estado legítimo.

Transparencia por Colombia, nos dice que consiste en el […] abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones […]. También nos refiere, que puede ser tipificada como pequeña corrupción (conjunto de actos en que se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado”); y, gran corrupción o “corrupción a gran escala” (actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común). El Banco Mundial, que es el “uso indebido de servicios públicos para beneficio personal”.

Es en todas sus formas y se muestra especialmente en la política, con actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. Las formas de corrupción varían, siendo comunes el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; sobornos, tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo, cooptación, nepotismo, impunidad y despotismo. La corrupción facilita a menudo otros tipos de hechos criminales: narcotráfico, lavado de dinero, prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes.

La corrupción, es lamentable decirlo, pareciera estructural y sistémica entre nosotros. Toda ella en la más de sus formas y maneras, son llagas que carcomen vorazmente las bases de la institucionalidad democrática y de la sociedad en su conjunto, lo que hace que requiera para debelarla, así sea en parte, lo que sería gran ganancia, cambiar y transformar de raíz la forma como está organizado el país, lo que a todas luces se muestra como una empresa asaz difícil. Contra ella, más que deber es obligación participar activamente en su combate para entender y comprender en mejor forma cómo funciona de manera involucionada nuestra democracia, permeada por la descarada compra de votos y con unos órganos de control inoperantes frente al fenómeno que fungen como invitados de piedra. Nuestro sistema penal tipifica 16 delitos contra el sufragio universal, entre ellos el constreñimiento al sufragante, que consiste en amenazar o presionar a un ciudadano para obtener apoyo o votación por determinado candidato y es recurrente en las oficinas públicas.

Los listados que exigen a servidores públicos y prestadores de servicios, contentivos de posibles u probables votantes para mantener el cargo o contrato es algo normal, que bien podríamos calificar como perversa esclavitud política. Otro aspecto es la compraventa de líderes que funciona llevándoles mercados, regalos, parchando vías, adelantando brigadas de salud y realizando cursitos de poca monta, valiéndose impunemente de las necesidades de la gente que aprovechan para su beneficio, a efecto de hacerse a sus votos y de hecho a sus derechos. En elecciones el derroche a mares del dinero está a la orden del día, inexistente es la reglamentación en cuanto instalar propaganda en el espacio público y la ocupación del mismo por parte de voceadores, pregoneros, testigos electorales y personal de campaña. De la misma manera funciona más que nunca el “sobre” para los integrantes de los medios de difusión, a fin que consoliden opinión pública, desacrediten o silencien a quienes se les opongan, lo que es de diaria ocurrencia.

Deberían imponer en consecuencia estas prácticas aberrantes una reforma política cierta, que nos sacuda de quienes por estas vías han secuestrado al Estado; generando una fuerte degradación política; de ahí que cambiar, transformarnos y regenerarnos políticamente, sea una necesidad que demanda a gritos la sociedad colombiana, a ver si por fin cesa entre nosotros la corrupción y la politiquería que amenazan a pasos agigantados con terminar por carcomerse completamente el cuerpo sano que aún le queda a nuestra amada República.


*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. saulherrera.h@gmail.com

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