Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
La corrupción, ese abuso de poder para beneficio propio que clasificamos a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca, bien podemos definirla respectivamente como: los actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común; abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos; y, manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio; es flagelo oprobioso que genera riesgo, nos hace fallidos, inviables, nos marca frente al mundo, de ahí el reto de combatirla e ir tras una nueva realidad política, donde un sistema de gobernanza estratégica construya y sostenga la legitimidad y sostenibilidad de nuestros territorios.
Una gobernanza estratégica requiere de armonizar normas, regulación, sistematización, innovación y desempeño cultural. Integrar y adaptar un único sistema de cumplimiento y rendición de cuentas en la cadena de valor; establecer estándares únicos, donde norma y regulación se ejecuten sincronizadas en igualdad de condiciones, como una prioridad estratégica común; y para evitar que tal marco regulatorio se quede en el papel. Sistematizar la gestión del riesgo de corrupción permitiría llevar la regulación a la ejecución con mayor agilidad, precisión y tomar decisiones de manera imparcial, transparente y eficazmente, como debiera y tendría que ser.
Es optimizar la capacidad humana para gestionar los riesgos de integridad, potenciar la innovación colaborativa con independencia, conocimiento y metodología, articulación y una alianza estrategia con la academia con su aporte multidisciplinario, ágil, creativo y audaz a través de tanques de pensamiento, donde aparenten experiencias de corrupción para generar soluciones disruptivas y escalables, aprender, desaprender y volver a aprender en un ciclo virtuoso que sensibilice a las nuevas generaciones sobre la dinámica de la corrupción, su capacidad expansiva y su impacto negativo en el bienestar social colectivo.
Debe surgir así mismo, una exigencia ética como condición esencial para la gobernanza, con sólidos códigos de conducta que determinen un estándar cultural para gestionar proactivamente los riesgos de integridad; ya que control, denuncia y vigilancia son responsabilidades transversales en todos los niveles organizacionales, por lo que descentralizar su gestión elimina la opacidad que caracteriza a la corrupción y crea las condiciones justas que garantiza una gobernanza diligente; de ahí que se requiera de un liderazgo competente para hacer frente a este desafío de estrategia técnica y moral aplicada que genere un cambio sostenible. Firmeza, disciplina y transparencia para rendir cuentas y construir confianza se exige hoy con sentido de urgencia para garantizar un superior e integral progreso. *Abogado. Especializado en Gestión Pública.
E.Mail.: saulherrera.h@gmail.com
