Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*

Se registra en los tratados y se nos ha dicho siempre que la teoría de las fuentes en el Derecho Penal está regida por la vigencia del principio de legalidad: sólo la ley, en este caso la penal, puede ser, en nuestro Derecho, fuente formal o directa de ese derecho, siendo por tanto esta ley la norma única que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, cumpliendo una función de garantía de los ciudadanos, ya que el monopolio de la ley con sus requisitos materiales y formales satisface las exigencias constitucionales de seguridad jurídica y de certeza propias del Estado de Derecho.

La Ley penal implica un juicio de valor sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena, siendo su función castigar determinadas conductas, implicando indirectamente la prohibición de las mismas o estableciendo en lo mediato una norma de conducta. Las normas que describen delitos o faltas y establecen penas se dirigen a todos los ciudadanos que integran la sociedad y también a los órganos judiciales encargados de su aplicación, y son los únicos destinatarios de las normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad.

Igual se supone que esta ley se estableció para sancionar las conductas que le hacen daño a la sociedad, pero lo que está sucediendo en nuestra ciudad y departamento con algunos personajes, así como en el ámbito nacional, donde muchas veces surgen excesos, pone a pensar a más de uno respecto que la manera en que se está aplicando en algunos casos hacer perder credibilidad en la justicia, se estimula la impunidad o deja puerta abierta para que se pueda siga inmerso en actos punibles sin que nada pase, como se demuestra de manera aberrante con las una y más situaciones de que muchos son objeto, demostrándonos lo cual que la ley penal no se está cumpliendo, que en veces se excede, que es reina de burlas, pero que en definitiva es incapaz de hacer cumplir sus preceptos bien y cabalmente.

Ante esta realidad, no nos explicamos el papel de nuestras autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias, cuestionadas abierta y grandemente por la opinión pública, al dejar mucho que desear. Es todo lo cual una gran burla a la ley, un entramado absurdo que termina siendo incentivo para la criminalidad, en lugar de instrumento con el que se castigan las conductas antisociales, demostrándose una vez más la incapacidad estremecedora de las autoridades. Nos indica ello una crisis de la Justicia, necesitada de una reforma que la reivindique, pues deja al ciudadano desprotegido por razones que pueden y deben resolverse en derecho para evitar que la ley siga siendo burlada o excedida, pues su razón de ser no es proteger actos delincuenciales o aplicarse políticamente, lo que en ambos casos deja a la sociedad jurídicamente insegura.

Casos son muchos que sería prolijo enumerar, en los que vemos togados comprometidos cada vez más en actos delictivos, arbitrariedades y tozudeces por doquier, caprichos, politización. La corrupción del sistema es virus extendido. Vergonzante morosidad. Alta impunidad que funge como patente de corso para la reincidencia. Una justicia lenta, injusta y sin solución a la vista que invita e incentiva al abuso del derecho en las más de sus formas, lo que hace expresar que además de ineficiente, sea cara y cultive, como alguien dijera, choque de trenes, burocracia, clientelismo y puertas giratorias. Magistrados y jueces en su mayoría, de cuestionables calidades y condiciones. Ya no son estelas luminosas que sentaban catedra en la academia y desde sus textos. Merecedores eran de respeto y admiración. De probidad excelsa, ilustres, guías, personajes que invitaban a la emulación. Hoy son unos más y sus decisiones, dan pena ajena.

Reina la inseguridad jurídica, se traspasan las funciones legislativas, actúan políticamente, van por la calle del medio sin Dios ni control y demostrando como, gracias a sus “buenos oficios”, por qué ha fracasado la veintena de intentos para reformar la administración de justicia, lo que se constituye, dados sus uno y más atropellos, una necesidad inaplazable. Colombia no merece por injusto, el sistema de justicia que tiene, propio de bárbaras naciones. rubenceballos56@gmail.com *Jurista