Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Se denuncia y se ha evidenciado desde hace ya bastante tiempo, el vínculo de servidores públicos y autoridades en general con organizaciones criminales y desde luego que al margen de la ley. No es secreto para nadie qué entre nosotros, el crimen organizado ya no sólo disputa territorios, sino candidaturas y gobiernos enteros. Perfeccionan mecanismos de penetración e infiltración, mientras los filtros partidistas para aspirar a un cargo de elección popular no existen como debieran, no le cierran la puerta y siguen siendo, en la mayoría de los casos, burocráticos, laxos y decorativos, lo que no ayuda de ninguna manera a acorazar y mucho menos a blindar la democracia.
Se ha convertido lo cual, a lo largo de los días, en un problema de grandes dimensiones, constituyendo una amenaza directa a la seguridad nacional y a una verdadera viabilidad democrática del país. Penetración e infiltración no se limita a los altos niveles de gobierno, ya que también alcanza a la Fuerza Pública, fiscalías, procuradurías y áreas de seguridad pública en todo el territorio patrio, determinando que la captura criminal de la democracia ocurra desde lo local a lo nacional, pasando por lo departamental y lo regional y traducirse las candidaturas municipales en portones de entrada para la delincuencia por la combinación de controles débiles, vacíos institucionales y fiscalización insuficiente.
El dinero ilícito financia recorridos, brigadas, propaganda, publicidad, logística, operadores y estructuras territoriales, entre otras actividades; respaldo que desde luego y de una u otra manera se “cobra” desde los gobiernos. Claro es que para los grupos criminales, la ecuación es simple: financiar o imponer un candidato cuesta poco frente a lo que se obtiene a cambio; de ahpi que sin un cambio profundo de reglas y cultura política, los partidos seguirán siendo el canal privilegiado para la penetración e infiltración criminal, puesto que no basta que las autoridades electorales revisen requisitos formales o fiscalicen campañas y la primera línea de defensa no está dentro de los propios partidos en sus métodos de selección, investigación y validación de perfiles.
El análisis, diagnóstico y veredicto es claro, ya que algunas dirigencias han permitido, han tolerado, y en muchos casos promovido perfiles incompatibles con una vida democrática, de ahí que la responsabilidad partidista no puede reducirse a decir el consabido “no sabíamos”, toda vez que en contextos de riesgo como lo que lo electoral implica, no investigar debe tener consecuencias, más por cuanto la denominada arquitectura actual de elegibilidad es insuficiente. Los requisitos constitucionales se concentran en edad, ciudadanía, residencia, separación de ciertos cargos o no pertenecer al estado eclesiástico o militar en activo, que si bien son condiciones elementales necesarias, con igualmente incapaces para detectar vínculos criminales, financiamiento ilícito, inconsistencias patrimoniales o relaciones de riesgo.
Los reglamentos internos de los partidos, se opina, tampoco cierran la brecha. Fórmulas como buena reputación o no haber sido sancionado internamente son demasiado débiles si no van acompañadas de verificación externa, revisión patrimonial, coordinación con fiscalías, inteligencia financiera y autoridades de seguridad. Mientras el crimen se profesionaliza, muchas comisiones de candidaturas siguen operando con discrecionalidad, cuotas internas y cálculos electorales de corto plazo.
Organizaciones civiles y periodismo de investigación de las más distintas corrientes han documentado hasta la saciedad redes de corrupción, desvío de recursos, empresas fantasma y vínculos ciertos entre uncionarios, empresarios y operadores políticos. Sin embargo, la exposición pública rara vez se traduce en sanciones o depuración de candidaturas. Cantidad de nombres señalados reaparecen en tarjetones sin que existan mecanismos institucionales que conviertan esas alertas en revisiones obligatorias.
No se trata qué una investigación periodística sustituya a una sentencia judicial, sino que funcione como detonante formal de revisión. Los hallazgos ciudadanos, mediáticos y académicos deben alimentar sistemas de alerta temprana para que partidos y autoridades evalúen perfiles de riesgo antes de que lleguen a la campaña. Endurecer los filtros de candidaturas no es un lujo moralista: es una medida de defensa democrática. Como país debemos dejar de tratar los requisitos de elegibilidad como una rutina de carácter administrativo y empezar a entenderlos como un sistema de blindaje frente a la captura criminal del Estado.
Lo anterior exige líneas de acción tales como filtros de investigación previos al registro, con cruces de información patrimonial, fiscal, financiera, penal y de inteligencia; mapas de riesgo electoral que identifiquen municipios, regiones, partidos o candidaturas expuestas a presión criminal; responsabilidad jurídica y financiera para los partidos que postulen dolosamente, o por negligencia grave, a personas vinculadas con grupos delictivos; y apertura de procesos internos mediante publicación de trayectorias, declaraciones patrimoniales, conflictos de interés y mecanismos ciudadanos de observación.
Adicionalmente es de tenerse en cuenta que ninguna reforma será suficiente, ni siquiera de lejos, si los grupos, movimientos y partidos políticos siguen entendiendo la selección de sus candidaturas como reparto de cuotas, pago de favores o simple cálculo de rentabilidad electoral, falencia que aprovechan las organizaciones al margen de la ley para imponer sus candidatos, para el financiamiento informal, fortalecer los liderazgos territoriales, burlas los escrutinios y tener a su favor dirigencias dispuestas a mirar hacia otro lado y garantizan votos al candidato que imponen.
Nuestra democracia necesita partidos con unidades internas de integridad, comisiones de selección profesionalizadas, criterios verificables y autonomía real para bloquear perfiles de riesgo, formar cuadros con convicción democrática, no sólo operadores capaces de movilizar estructuras, en la certeza que la capacidad electoral no puede seguir por encima de la probidad pública y es reto que deben entenderse y asumirse por parte de las organizaciones partidistas.
Otro aspecto a tener en cuenta es que las organizaciones al margen de la ley de distintas naturaleza, origen y propósitos ha entendido y aprendido a ciencia y conciencia a usar, a utilizar cabalmente las reglas de la democracia para minarlas desde dentro; de ahí que si Estado, órganos electorales y organizaciones partidistas no elevan como debería y tendría que ser el estándar de integridad de sus candidaturas, las elecciones seguirán siendo el ámbito donde no sólo se deciden gobiernos, sino también qué grupos criminales seguirán capturando más territorios a lo largo y ancho de la geografía nacional, lo que no puede permitirse.
Blindarlo todo es hoy por hoy y siempre, una tarea central para la seguridad y la democracia colombianas, debiéndose endurecer filtros, hacerlos vinculantes y convertir a los partidos en verdaderas barreras contra el crimen organizado; y, no como apenas una opción, sino como una condición mínima para que el voto ciudadano sea verdaderamente un instrumento de representación, y no una vía institucional para que los tales sigan capturando al Estado.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público. Analista. Conferenciante. Columnista
