Por: Juvenal Infante
Las armas de la República, cuando están sometidas a la ley y puestas al servicio de la gente, pueden ser también armas de la paz.
Para nada me gusta escribir sobre bombardeos ni operaciones militares con pérdida de vidas de cualquier bando. Quienes me conocen saben de mi talante humanista y pacifista. He creído siempre en la paz. Tal vez por eso considero necesario referirme con franqueza a lo que ocurre ahora mismo en Colombia.
Durante seis décadas hemos padecido la violencia. Hubo una época en que las guerrillas pretendían justificarse en ideologías y revoluciones importadas de la Guerra Fría. Ese mundo equivocado e inútil quedó atrás. Sirvió demasiadas veces para sembrar resentimientos, odio de clases y la idea de que alcanzar metas y prosperar con el esfuerzo propio era una culpa.
Las organizaciones armadas que hoy conservan nombres guerrilleros viven del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Y cometen una atrocidad: arrancan menores de sus hogares y los ponen al servicio de la guerra. Llamarlo “reclutamiento forzado” se queda corto. El Convenio 182 de la OIT incluye el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores para conflictos armados entre las peores formas de trabajo infantil, junto con la esclavitud y prácticas análogas. Hablar de esclavitud contemporánea tiene fundamento jurídico.
La esclavitud padecida por millones de africanos los privó de libertad y los convirtió en fuerza de trabajo. En estos menores aparece una perversidad propia de la guerra: se los entrena y arma, se les enseña a matar y se los coloca en situación de morir. Siguen siendo víctimas, convertidas por sus captores en instrumentos de guerra.
Colombia no está sola en esta tragedia. Naciones Unidas documenta reclutamiento de menores en Sudán, República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Siria y Colombia. Human Rights Watch, con datos de la Defensoría del Pueblo, calcula al menos 1.500 menores reclutados desde 2021.
El presidente Abelardo De la Espriella fue claro aun antes de asumir. Dio un plazo perentorio de un mes para que determinados cabecillas se sometieran a la justicia. La advertencia fue desoída. Ahora el Estado debe ejercer autoridad para proteger a los colombianos que no queremos más violencia criminal disfrazada de doctrina política y justicia social.
Esa autoridad exige prudencia. La Fuerza Pública está sometida a la Constitución y al Derecho Internacional Humanitario. Un bombardeo no se decide a ciegas: lo preceden inteligencia y análisis jurídico. Aun con esos controles, no siempre puede establecerse con certeza la edad de cada persona en un campamento armado.
Algunos menores han sido armados y participan activamente en las hostilidades. La responsabilidad primera recae sobre quienes los llevaron allí y los pusieron en situación de matar o morir.
Es importante que las Fuerzas Militares y la Policía hayan recuperado coordinación y respaldo político. A quienes arriesgan la vida en el monte les debemos gratitud. La paz también necesita quien la defienda.
La comunidad internacional debe entender mejor nuestra realidad. Bienvenidas las denuncias de Naciones Unidas, Human Rights Watch y Unicef. Necesitamos que esa condena sea más visible.
Los derechos humanos no admiten indignaciones selectivas. La vida del menor reclutado merece protección. Pero también la del soldado, del policía y de tantos civiles atacados por esas organizaciones criminales.
La muerte no se celebra. Un Estado que protege a sus ciudadanos merece respaldo. Las armas de la República, cuando están sometidas a la ley y puestas al servicio de la gente, pueden ser también armas de la paz. *Economista. Analista Internacional
